(EFE).- El Gobierno español aprobó este jueves los presupuestos del Estado para 2022, que contemplan la mayor inversión pública de la historia española, con un marcado carácter social, y con la juventud, la ciencia y la cultura como focos principales.
En total, las cuentas públicas para el próximo año prevé un gasto de 40.000 millones de euros (46.000 millones de dólares) para inversión, «la mayor partida de la historia», según dijo la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa en la que presentó los presupuestos.
Y el gasto social superará los 240.000 millones, el 59,8 % del total de las cuentas públicas, más de la mitad dedicado a pensiones.
En resumen, seis de cada diez euros van destinados a políticas sociales con el objetivo de conseguir una «recuperación justa» tras la profunda crisis que supuso la pandemia, y hacer al país más competitivo y sostenible, según la ministra.
Respecto a la juventud, los presupuestos contemplan 12.550 millones de euros (14.500 millones de dólares) para este sector de la población, que van desde ayudas a la vivienda, con un bono de 250 euros mensuales para que los jóvenes puedan emanciparse, a un bono de 400 euros a los que cumplan 18 años para que gasten en cultura, un sector muy perjudicado debido a las restricciones impuestas por la pandemia.
Junto a ello, se destinan 2.199 millones de euros (2.543 millones de dólares) para becas, dirigidas a favorecer la igualdad de oportunidades.
Respecto a la ciencia, el proyecto presupuestario aplica 13.298 millones de euros (unos 15.380 millones de dólares) a la investigación, desarrollo y digitalización, que duplica la partida de 2020, lo que supone una «apuesta imprescindible por la ciencia, la innovación, la investigación, que son motores de crecimiento y bienestar», según la ministra de Hacienda.
Montero también destacó los 7.600 millones de euros (unos 8.800 millones de dólares) que los presupuestos dedican a políticas de empleo para reforzar, entre otros puntos, la formación profesional.
También habrá partidas para fomentar la competitividad de las pymes y apoyar a los trabajadores autónomos.
Las cuentas públicas contemplan además otras medidas de carácter social como la subida de las pensiones en función de la inflación, o el incremento del 2 % del salario de los funcionarios públicos.
Asimismo, se establece un tipo mínimo del 15 % para el impuesto de sociedades, que afectaría a unas 1.000 empresas, y con el que el ejecutivo aspira a recaudar 400 millones de euros.
Este presupuesto es fruto de una ardua negociación entre los dos socios del gobierno de coalición español, los socialistas -grupo mayoritario- y el grupo de izquierda Unidas Podemos.
Ahora este proyecto presupuestario debe pasar al Congreso, donde los grupos del Ejecutivo no tienen mayoría, por lo que deben negociar con distintos grupos parlamentarios su aprobación definitiva.
