(EFE).- El Gobierno de Venezuela presentó este miércoles la Ley de Presupuesto para 2023 por un monto de 11.565 millones de dólares, 14 % menos que el planteado para 2022, cuyo cálculo se ha visto afectado por la depreciación de la moneda local -el bolívar- frente al dólar estadounidense en los últimos meses.
La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, explicó en la Asamblea Nacional (AN/Parlamento), de contundente mayoría oficialista, que se requerirán 170.703.382.051 bolívares para el ejercicio fiscal del próximo año, lo que equivale a 11.565.300.274,45 dólares, según la cotización oficial ofrecida hoy por el Banco Central (BCV).
El proyecto de ley, que será discutido por los diputados hasta mañana, fue introducido por el Ejecutivo a mediados de octubre, cuando un dólar costaba 8,30 bolívares, mientras que este miércoles la divisa estadounidense se cotiza a 14,76 bolívares, lo que muestra una devaluación de un 43,76 % en la moneda local en dos meses.
Rodríguez no explicó si el Ejecutivo espera que el presupuesto que se apruebe en el Parlamento refleje en dólares el monto planteado en octubre (poco más de 20.000 millones) o, por el contrario, que se adapte a la variación cambiaria registrada hasta hoy, lo que supone casi 9.000 millones de dólares menos para las arcas del Estado en 2023.
A finales de 2021 -cuando Venezuela mostraba los primeros signos de recuperación económica, luego de seis años de recesión-, la AN aprobó un presupuesto para 2022 de 13.457 millones de dólares, por lo que el monto proyectado para el próximo año representa un 14 % menos, justo después de que el país acumuló cuatro trimestres de crecimiento en el PIB.
La vicepresidenta indicó que, pese a las sanciones económicas internacionales contra el Gobierno, el país ha ido recuperando sus ingresos en divisas, al pasar de 743 millones de dólares en 2020 a cerca de 4.000 millones este año, si bien ese monto equivale al 10 % de lo que percibían antes del bloqueo, en 2012.
Detalló que el 77 % del presupuesto será destinado a la inversión social, una política sostenida por la llamada revolución bolivariana desde hace más de una década, que busca financiar programas sociales de asistencia a las poblaciones más vulnerables.
