(EFE).- El Gobierno de Venezuela rechazó este sábado la «defensa» que, asegura, ha hecho el Departamento de Estado de Estados Unidos a favor de Juan Guaidó y, en cambio, pidió que extraditen al opositor al país caribeño, donde la Justicia lo reclama por la supuesta comisión de varios delitos, entre ellos legitimación de capitales.
En un comunicado, el Ejecutivo de Nicolás Maduro «rechaza categóricamente» las declaraciones de EE.UU. «en defensa del prófugo de la justicia venezolana», ya que «constituyen un intento por obstaculizar el libre desempeño de los poderes públicos nacionales».
#Comunicado Venezuela rechaza las declaraciones realizadas por el Departamento de Estado de los EE.UU. en defensa del prófugo de la justicia venezolana Juan Guaidó, ya que constituyen un intento de obstaculizar el libre desempeño de los Poderes Públicos nacionales. pic.twitter.com/fu29I28NMi
— Yvan Gil (@yvangil) October 7, 2023
Guaidó, expresidente del Parlamento venezolano, «está siendo investigado» en su país «por el manejo premeditado y negligente de activos pertenecientes» a la estatal Petróleos de Venezuela, lo que ha generado «cuantiosas pérdidas», según el Gobierno.
«Entregar al acusado a las autoridades venezolana para que se le siga su proceso judicial, con todas las garantías de la ley, sería la mejor demostración de que EE.UU. está verdaderamente comprometido con la lucha contra la corrupción», prosigue el escrito.
Asimismo, la Administración chavista condenó «cualquier intento (estadounidense) de minimizar la corrupción con justificaciones políticas» y repudió su «intromisión inaceptable en asuntos que son de exclusiva competencia de los venezolanos».
La orden de arresto a Juan Guaidó
La Fiscalía venezolana anunció el jueves la emisión de una orden de arresto contra Guaidó, exiliado en EE.UU. desde abril, a quien también acusa por traición a la patria, usurpación de funciones, provecho o distracción de dinero, valores o bienes públicos y asociación.
Venezuela ha abierto 23 investigaciones a Guaidó por supuestos delitos cometidos en el «gobierno interino» que presidió entre enero de 2019 y finales de 2022, con el reconocimiento de EE.UU. y otros países, pero nunca habló de una orden de arresto en su contra hasta esta semana.
Además de la orden de captura, los tres fiscales designados para el caso harán la solicitud de alerta roja a Interpol contra el antichavista.
