(EFE).- El Gobierno de Venezuela aseguró este jueves haber acabado con las estructuras criminales que controlaban centros penitenciarios, luego de desplegar el miércoles un operativo con miles de agentes de seguridad en la cárcel de Tocuyito, la de mayor población reclusa, y en Tocorón, cuna de la banda transnacional «Tren de Aragua», el pasado septiembre.
«Hemos acabado en Venezuela con las estructurales criminales mal denominadas pranatos (estructuras criminales con poder en prisiones). Se acabó, en Venezuela eso se acabó, y cualquier grupo criminal que intente reorganizarse en cualquier parte del territorio será combatido», dijo el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Remigio Ceballos.
Durante un balance de la intervención de Tocuyito, ubicada en el estado Carabobo (norte), el funcionario aseguró que el Gobierno tiene el «control» de las cárceles, gracias a un «plan de reimpulso del sistema penitenciario».
Al menos 1.658 armas -158 de fuego y más de 1.500 blancas- fueron halladas en Tocuyito, además de «más de 12.000 cartuchos y sustancias estupefacientes y psicotrópicas», según el reporte oficial.
El ministro agregó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y los cuerpos policiales mantienen la búsqueda de reos fugados «en otras acciones», para lo que también cuentan con un «apoyo rotundo a nivel internacional», a través de un «intercambio de información» entre «órganos de seguridad ciudadana» de Venezuela y de otros países.
El pasado septiembre, el Gobierno intervino la prisión de Tocorón, con un despliegue de 11.000 agentes de seguridad, tras lo que fue desmantelada «totalmente» la banda «Tren de Aragua», cuyo líder, Héctor Guerrero, alias «Niño Guerrero», todavía no ha sido capturado.
De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), desde 2008, el Estado «ha permitido la instauración de estructuras criminales dentro de las prisiones, en las que la presencia de la figura del ‘pranato’ se ha convertido en una realidad latente».
Estas estructuras, según la ONG, se caracterizan «por el contrabando de armas, drogas, sometimiento a los internos, pernoctas (de sus allegados) dentro de las cárceles, autorización de eventos, fiestas, cajeros automáticos a su conveniencia, piscinas, discotecas, negocios de alimentos, ingreso de vehículos, control del acceso a los servicios de primera necesidad», entre otros.
