(EFE).- El Gobierno de El Salvador mantiene sin comunicación con sus familias y abogados a más de 200 venezolanos deportados de Estados Unidos, acusados de pertenecer a la banda trasnacional Tren de Aragua, y encarcelados en el país centroamericano en una cárcel de máxima seguridad, según un informe de una ONG divulgado este miércoles.
«Debe destacarse también la situación de incomunicación en que se encuentran las personas trasladadas a El Salvador. Las familias reportan que no han recibido notificación alguna sobre el estado de sus familiares ni han podido comunicarse con ellos desde la deportación», concluye la organización humanitaria Cristosal en el análisis.
Esta conclusión se desprende de un análisis preliminar sobre 94 casos que ha conocido la organización no gubernamental mediante un formulario llenado por familiares de los deportados, 93 de ellos venezolanos y un salvadoreño.
Cristosal agrega que «a esto hay que sumar que ni el Gobierno de Estados Unidos ni el de El Salvador han publicado o proporcionado un listado completo de las personas afectadas por esta medida ni su situación actual».
«En ninguno de los casos reportados los familiares o abogados han podido comunicarse con los detenidos después de la deportación a El Salvador, ni han recibido información de parte de las autoridades salvadoreñas», subraya el documento.
De los casos recibidos por Cristosal, según se señala, el 47 % posee un «estatus de asilo o tenía un proceso abierto por solicitud de asilo, mientras que un 9 % había realizado la solicitud de asilo por medio de la aplicación CBP One».
«En un 11 % de los casos se indica que la persona poseía Estatus de Protección Temporal (TPS), y solo el 17 % de los casos reporta que la persona estaba en situación migratoria irregular», apunta la organización.
De acuerdo con Cristosal, un 46 % de las personas fue «engañada previo a la deportación», dado que no fueron informadas que serían trasladadas a El Salvador.
«Es necesario destacar que solo en el 30 % de los casos reportados se da cuenta de que la persona haya finalizado un proceso y tuviera una orden judicial de deportación vigente», subraya el análisis.
Los datos de los casos reportados a Cristosal indican que «una amplia mayoría de las personas deportadas al sistema penitenciario salvadoreño son venezolanos sin antecedentes penales conocidos, perfilados principalmente por ICE».
«Una regularidad consistente es que la mayoría de las personas deportadas presentaba tatuajes, y según sus familiares esta es la única causa para identificarlos como miembros de estructuras criminales», destaca el informe.
El 16 de marzo pasado, el Gobierno de Estados Unidos deportó a 261 personas a El Salvador, 238 de ellos venezolanos, y la madruga del día 31 de ese mismo mes a otras 17 personas. Todas estas personas están encarceladas en la cárcel de máxima seguridad insignia del Gobierno de Bukele, el Centro de Confinamiento para el Terrorismo (Cecot).
