(EFE).- La ministra chilena de la Mujer, Antonia Orellana, anunció que el Gobierno enviará un proyecto de ley para legalizar el aborto sin causales y cambiar así la ley que entró en vigor hace cinco años, que según diferentes expertos consultados por Efe apenas ha logrado avances.
En declaraciones a la televisión CNN Chile, Orellana reveló que ya se han iniciado «las conversaciones con grupos de organizaciones de mujeres, de las ginecólogas, de los colegios profesionales y también con los movimientos feministas, para discutir respecto a un compromiso que tenemos como Gobierno que es el avance de los derechos sexuales y reproductivos».
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La meta es definir «cuál es el modelo legislativo que se podría adoptar en nuestro país y qué es lo que estratégicamente conviene hacer más, porque al menos digamos respecto de la oposición está claro, con muy notorias excepciones», afirmó.
«Cuál es la posición que tienen respecto de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, hay un campo que no conocemos bien que es el Partido de la Gente, y por supuesto están los votos oficialistas para la reforma por el aborto», agregó.
La ministra criticó, asimismo, el proyecto promovido por dos diputados del conservador Partido Republicano Cristóbal Urruticoechea y Harry Jürgensen, que con el apoyo de la Iglesia y grupos de ultraderecha, pretende prohibir el aborto en Chile.
«Quiero ser bien clara: no ha lugar propuestas como la que han planteado dos diputados republicanos. O sea no sólo queremos avanzar, no vamos a permitir que se retroceda. Y lo que ellos plantean es bien grave», recalcó.
E insistió en que no va a permitir que ninguna mujer en Chile pueda entrar en prisión por ejercer el derecho a interrumpir el embarazo.
«Me voy a abstraer de la cuestión de las formas, que luego las podremos discutir, pero lo que plantean es precisamente penalizar por 10 años, eso es más que la pena que hay hoy», subrayó Orellana.
«Porque efectivamente hoy en Chile no hay mujeres presas por abortar, porque como la pena es baja, se termina con otras salidas judiciales. Pero con otra pena de 10 años sí habrían mujeres en la cárcel. Entonces quieren profundizar en la penalización», apostilló.
La actual ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE), en vigor desde 2017, permite abortar en caso de riesgo para la madre, inviabilidad fetal y violación.
