Redacción (ALN).- América Latina tiene la desgracia de contar con una larga tradición de dictadores y caudillos, que han oprimido y reprimido con crueldad a sus pueblos. Desde que se iniciaron las protestas masivas contra el Gobierno de Venezuela el 1º de abril de 2017, según el último reporte del Foro Penal Venezolano (que alcanza hasta el 31 de julio), en el país han fallecido “133 personas en el contexto de las manifestaciones. De estas, 101 fueron asesinadas en manifestaciones. Al menos 4.000 heridos se han registrado y 5.051 personas han sido arrestadas arbitrariamente”. A raíz de esto, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU ha denunciado “un uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva y detenciones arbitrarias”, así como un “trato cruel, inhumano y degradante por parte de las fuerzas de seguridad a los detenidos” que incluye “torturas”. Por su parte, 12 cancilleres de América Latina y Canadá firmaron en Lima una declaración donde condenan “la violación sistemática de los derechos humanos y las libertades fundamentales, la violencia, la represión y la persecución política” en Venezuela. Nicolás Maduro, por su parte, ha negado ser dictador, aunque admite que a veces le “provoca convertirse”. Sin embargo, la Declaración de Lima ha sido inequívoca en señalar “la ruptura del hilo constitucional”, o lo que es lo mismo, en definir al régimen como una dictadura, algo que ya había hecho la defenestrada fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz.
