Ysrrael Camero (ALN).- En medio del ruido generado por la diatriba política, recargada de contundente excitación, de grandes titulares y de descalificaciones cruzadas, se abren paso los consensos alcanzados con las fuerzas sociales para hacer frente, tanto a la pandemia como a la crisis económica.
El contraste resalta. Tras dos meses de negociaciones entre el gobierno de Pedro Sánchez, los sindicatos y la patronal, se alcanzó un acuerdo tripartito, de último minuto, para prorrogar los Expedientes de Regulación Temporal del Empleo (ERTE) hasta el 31 de enero de 2021, modificando en el pacto su alcance y características.
No fue sencillo. El lunes 28 de septiembre, dos días antes de que se venciera el plazo, se desarrolló una jornada maratónica de nueve horas, sin alcanzar el apoyo de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), lo que hubiera significado que la prórroga de los ERTE contaría sólo con el apoyo de los sindicatos.
Sin embargo, durante la mañana del 29 de septiembre, la CEOE respaldó la extensión. La clave de esta última posición estuvo en la decisión del gobierno de incorporar a la cobertura de los ERTE a uno de los sectores más golpeados por el parón económico: pequeños y medianos comercios de turismo, hostelería y restauración.
Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT), ya habían decidido respaldar la extensión, aunque algunos voceros de los sindicatos alertaron que los ERTE no se están pagando de la manera correcta.
Empresarios y sindicalistas, moderados y pragmáticos
Lo resaltante, más allá del resultado en sí, es la voluntad efectiva para alcanzar acuerdos, aunque tras largas y duras negociaciones, que implican cesiones de las partes. La posición pública de los empresarios de la CEOE ha sido pragmática y constructiva, como se ha reflejado en las declaraciones de Antonio Garamendi, presidente de la patronal, quien considera que estamos frente a “un gobierno legítimo, esto es la democracia y nuestra obligación es defender el punto de vista de los empresarios”.
En una entrevista reciente Garamendi ha reconocido que el gobierno de coalición del PSOE/Unidas Podemos escucha y tiene en cuenta la opinión de los empresarios, y que la sociedad española es mucho más moderada de lo que podría desprenderse del debate político.
Garamendi, quien afirma que conduce a la CEOE por la vía de la moderación y el pragmatismo desde hace casi dos años, evitando promover escenarios catastróficos, percibe a los fondos europeos como una oportunidad, agregando que la CEOE ayudará a las empresas a cumplir los parámetros de la Unión Europea para que puedan acceder a los recursos comunitarios.
A pesar de su disposición al diálogo, alerta que la recuperación económica se está ralentizando y que no es el momento para plantearse una reforma laboral que pudiera desestimular a los inversionistas externos.
Del otro lado de la mesa la posición de los sindicatos, tanto de la UGT como de CCOO, también reconoce que la prórroga de los ERTE constituye una buena noticia para los trabajadores, pero insisten en la necesidad de avanzar en la derogación de la reforma laboral de Mariano Rajoy.
Tanto empresarios como sindicatos promueven que España debería, respecto a la duración de los ERTE, seguir a los alemanes, quienes han prorrogado su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021. Sin embargo, el gobierno parece preferir preservar un margen de flexibilidad para futuras negociaciones, que dependerían de la velocidad de recuperación de la economía.
La UGT va más allá en su acercamiento al modelo alemán, llegando a solicitar su secretario general, Pepe Álvarez, que se le siga también en lo que se refiere a fortalecer la formación de los trabajadores, en la misma línea de lo que han señalado las ministras Nadia Calviño y Yolanda Díaz.
El éxito negociador de Yolanda Díaz
En los últimos nueve meses, el gobierno de coalición PSOE/UP ya ha alcanzado seis acuerdos con los empresarios, lo que se inició con el aumento del salario mínimo, como lo ha reconocido con satisfacción el mismo Antonio Garamendi. Este último acuerdo es un éxito de la ministra del Trabajo, Yolanda Díaz, abogada laboralista, de UP, proveniente de la Esquerda Unida gallega, quien ha demostrado en su cargo un perfil también moderado y prudente.
Para el gobierno el objetivo es salvar la economía, proteger a las empresas y evitar una mayor pérdida de empleos. Ha proyectado este acuerdo como una ampliación del escudo social, política que se ha visto limitada por la incapacidad de la burocracia estatal para hacer efectivo el Ingreso Mínimo Vital para la mayor parte de quienes lo solicitaron.
La ministra Yolanda Díaz lo anunció como un acuerdo de máximos, que protegería tanto a las empresas como a los trabajadores. Establece tres modalidades de ERTE. Uno, para aquellos sectores que han tenido impedimento de la actividad. Otro, vinculado a las limitaciones de las actividades. Y un tercero, dedicado a los sectores especialmente impactados por la pandemia, pequeños negocios de turismo y hostelería, los que generan más empleo, y quienes tienen menor margen de maniobra tras la caída de las ventas y la desaparición de sus clientes.
Una recuperación lenta, mientras se acelera la pandemia
El gobierno está interesado en mostrar éxitos en el área económica, especialmente en lo que se refiere a recuperación de empleo. En los primeros días del mes de mayo más de siete millones de trabajadores estaban inactivos. En el peor momento de la pandemia hasta 40% de la población ocupada estuvo protegida, estando en ERTE hasta 3.400.000 personas. Desde que se inició la pandemia, con un derrumbe de 24%, la cuarta parte del PIB, hubo una pérdida de empleo del 4,2%.
Ha habido recuperación. A finales de septiembre se habían reincorporado casi seis millones de trabajadores que estuvieron afectados por la pandemia. Hoy en día, el número de trabajadores en ERTE se ha reducido a 700.000. Esto puede salvar las navidades para muchas empresas.
A pesar de los datos previos, con la segunda ola de la pandemia la recuperación parece estarse ralentizando peligrosamente, y las restricciones de la movilidad en Madrid pueden hacer más difícil la recuperación de la actividad económica. La economía difícilmente aguantaría un nuevo confinamiento, y allí también se extiende un amplio consenso social.
