Daniel Gómez (ALN).- “Para un sector altamente apalancado y financieramente expuesto como la industria petrolera venezolana, la evidencia sugiere que las sanciones financieras pueden actuar y actuaron como un ataque quirúrgico económico capaz de replicar los efectos de un embargo comercial en toda regla”, dice el economista venezolano Francisco Rodríguez en su más reciente informe.
“Las sanciones financieras por sí mismas pueden tener grandes efectos económicos”.
Eso afirma el economista venezolano Francisco Rodríguez en su investigación más reciente, Sanciones y producción petrolera: evidencia de la Faja Petrolífera del Orinoco. El estudio analiza una base de datos de producción mensual en 33 bloques de la Faja Petrolífera del Orinoco, considerada la acumulación más grande del mundo de petróleo pesado y extrapesado, con reservas que alcanzan hasta los 1,36 millones de barriles.
Con esta data, Rodríguez estima que la producción de la Faja sería “entre tres y cinco veces su nivel actual” en ausencia de sanciones. Por su parte, los ingresos de exportación pudieron ser “entre dos y tres veces” superiores a lo que fueron en 2020.
Aunque las sanciones impuestas por el gobierno de Donald Trump al sector petrolero de Venezuela no fueron un embargo económico al uso, los efectos han sido similares.
“Para un sector altamente apalancado y financieramente expuesto como la industria petrolera venezolana, la evidencia sugiere que las sanciones financieras pueden actuar y actuaron como un ataque quirúrgico económico capaz de replicar los efectos de un embargo comercial en toda regla”, apunta Francisco Rodríguez en el informe.
Aquí hay que tener en cuenta que el petróleo representaba más del 90% de los ingresos de exportación del país hace cinco años. Su peso en la economía era tan grande que provocó un efecto dominó que desemboca en la crisis actual: “Menores ingresos de exportación petrolera han llevado a mayor escasez de divisas, obligando a que el gobierno recorte fuertemente las importaciones y causando una de las contracciones económicas más grandes de la historia contemporánea”.
Sanciones unilaterales “con grandes efectos” sobre la economía
Si bien es cierto que las sanciones multilaterales son las que más peso tienen sobre la economía de un país, en el caso de Venezuela las medidas de EEUU han sido suficientes para provocar un gran impacto.
Dice Rodríguez que su estudio “proporciona un ejemplo de sanciones económicas unilaterales con grandes efectos sobre la producción”.
Una posible explicación, apunta, es la importancia de los mercados crediticios de Nueva York en las finanzas internacionales. Y es que las sanciones financieras de la Casa Blanca “pueden actuar efectivamente como restricciones globales al acceso a la financiamiento, replicando los efectos de las sanciones multilaterales”.
“Además, la voluntad de Estados Unidos de utilizar agresivamente las amenazas de sanciones secundarias disuadió a muchos actores no estadounidenses de interactuar con Venezuela”, añade.
Pérdidas de producción desiguales
El estudio también encuentra evidencia de que las sanciones financieras y petroleras “provocaron grandes pérdidas en la producción de petróleo entre las empresas que tenían acuerdos de financiamiento especiales que permitían el acceso al crédito en comparación con las que no lo tenían”.
Rodríguez empleó un panel de producción mensual de petróleo a nivel de empresa entre 2008 y 2020. Así detalló cómo las sanciones financieras “provocaron pérdidas en la producción de petróleo entre las empresas que tenían acceso al crédito internacional antes de las sanciones”.
La data que maneja Francisco Rodríguez en la Cuenca del Orinoco distingue la nacionalidad y participación de los socios extranjeros. De esta forma evaluaron cómo afectan las sanciones a las petroleras de una y otra nacionalidad.
A partir de 2019, el gobierno de Trump restringió los negocios con Nicolás Maduro a las empresas estadounidenses o con operación en EEUU. Ahí fue cuando se comenzó a hablar de las famosas sanciones secundarias que provocaron que el gigante estatal chino CNPC abandonara Venezuela en agosto de ese año.
La que no abandonó Venezuela en un primer momento fue la rusa Rosneft y le salió caro. En el primer trimestre de 2020, fue sancionada por Washington, suspendiendo el comercio con Venezuela y vendiendo sus activos en el país a otra firma rusa sin vínculos con EEUU, para de alguna forma evitar las sanciones secundarias.
La anécdota Chevron
Mientras la china CNPC y la rusa Rosneft se marchaban de Venezuela, empresas europeas como la española Repsol y la italiana Eni eran amenazadas por funcionarios de EEUU si aumentaban la producción en Venezuela.
Todo esto contrasta con lo ocurrido con el gigante estadounidense Chevron, al que Washington concedía licencias por periodos de tres a seis meses para seguir operando en Venezuela.
En este sentido, el informe apunta: “El hecho de que Chevron continúe produciendo petróleo a pesar de la prohibición explícita contra las firmas estadounidenses implica que debe tener una licencia específica que le permita hacerlo. Dado que las licencias específicas no son públicas, la modificación de la licencia general puede haber servido al objetivo de relaciones públicas de generar la impresión de que se estaban endureciendo las restricciones al régimen de Maduro, posiblemente con el propósito de sumar puntos políticos con la diáspora venezolana antes de las elecciones de noviembre de 2020 en Estados Unidos”.
Y agrega: “En cualquier caso, la evidencia anecdótica sugiere que la estadounidense Chevron puede haber estado más aislada de las sanciones que otras empresas como resultado de las acciones de las autoridades estadounidenses para protegerla”.
El hecho es que Petropiar, la empresa mixta de Chevron y la estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, en la Cuenca del Orinoco, permanece operativa, produciendo 115.000 barriles por día, según datos de octubre de 2020.
Las sanciones aceleraron el desplome de la producción
Con esta data también argumenta que “las sanciones impidieron la adopción de decisiones de política que podrían haber estabilizado la producción en los niveles previos a las sanciones”.
Este es un tema polémico, porque hay quienes piensan que el gobierno de Nicolás Maduro hubiera entrado en bancarrota independientemente de las sanciones, siendo el desplome de la producción inevitable.
Para entonces, Maduro ya había perdido el acceso a los mercados de capitales y el hundimiento de PDVSA había sido únicamente consecuencia de su mala gestión y de la militarización de la junta directiva.
Esto es algo que Francisco Rodríguez ya cuestionó en un estudio de 2019. Entonces sostuvo que, si bien los incumplimientos de PDVSA eran inevitables con o sin sanciones, “es improbable” que este hubiera “sido tan traumático como el que realmente ocurrió”.
Además, que el gobierno hubiera perdido el acceso a los mercados internacionales de bonos, no significa que toda la industria venezolana haya perdido el acceso al crédito.
El caso es que, en 2017, Estados Unidos impuso restricciones estrictas a las transacciones financieras y comerciales que involucraban al gobierno de Maduro.
El 24 de agosto de ese año, el entonces presidente, Donald Trump, emitió una orden ejecutiva para prohibir la compra de nueva deuda emitida por el gobierno de Maduro, por PDVSA, o cualquier deuda emitida previamente por el gobierno de Venezuela o entidades bajo su control.
Esto provocó que la caída de la producción de Venezuela, que comenzó a bajar en 2016, “se acelerara marcadamente después de las primeras sanciones en agosto de 2017”, dice Francisco Rodríguez en su reciente investigación.
Cuando parecía que la cosa no podía ir peor para PDVSA y la caída comenzaba a ralentizarse, llega enero de 2019 con la imposición de sanciones primarias al sector petrolero.
A partir de ahí se produce un nuevo desplome que consiguen estabilizar a lo largo de ese año, pero, en febrero de 2020, con la imposición de sanciones secundarias, la producción vuelve a caer a los niveles que se observan en la actualidad, unos 500.000 barriles diarios, “una quinta parte de la producción anterior a 2015”.
