(EFE).- La organización no gubernamental Foro Penal, que lidera la defensa de los considerados «presos políticos» en Venezuela, informó este viernes que «1.903 personas siguen encarceladas por disentir del Gobierno», la mayoría de ellas detenidas luego de las elecciones del 28 de julio, en las que el presidente Nicolás Maduro obtuvo un triunfo cuestionado.
El abogado Gonzalo Himiob, vicepresidente de la ONG, dijo a EFE que la situación de los detenidos «se mantiene igual», luego de 165 excarcelaciones confirmadas por el equipo de defensores este mes, en el marco de un proceso de revisión de casos solicitada por Maduro y llevada a cabo por la Fiscalía y los tribunales.
Del total de encarcelados, explicó, 1.658 son hombres y 245 mujeres, de los cuales 1.741 son civiles y 162 militares de distintos cuerpos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), cuyos líderes han manifestado un respaldo irrestricto al presidente ante la denuncia de fraude en los comicios.
Balance de #PresosPoliticos en Venezuela al 11/25/2024 por 𝗙𝗼𝗿𝗼 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗹:
Hemos registrado y calificado el mayor número de presos con fines políticos conocido en #Venezuela, al menos en el Siglo XXI. Seguimos recibiendo y registrando detenidos.
𝗧𝗼𝘁𝗮𝗹 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗼𝘀… pic.twitter.com/REsxOPd8bN
— Foro Penal (@ForoPenal) November 29, 2024
Presos políticos en Venezuela
Asimismo, según los registros de Foro Penal, 1.861 adultos conforman este universo de «presos políticos», a los que se suman 42 adolescentes de entre 14 y 17 años, lo que devela que 27 menores de edad fueron liberados en las últimas dos semanas.
Desde el 29 de julio, la ONG ha documentado 1.943 arrestos en el contexto de las protestas ciudadanas contra el resultado oficial de las elecciones y en operativos policiales y militares ordenados por el Ejecutivo, que dice estar enfrentando conspiraciones y planes golpistas.
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Entre los detenidos figuran decenas de activistas políticos y algunos dirigentes opositores que ocuparon cargos de elección popular como diputados, gobernadores, concejales o alcaldes.
Foro Penal y los familiares de los detenidos han denunciado que prácticamente todos están acusados por delitos como terrorismo y que sus derechos han sido irrespetados debido, entre otros motivos, a que la Justicia ha impedido que estos prisioneros designen a sus abogados de confianza.