Redacción (ALN).- El fiscal general de la República, Tarek William Saab, anunció la noche de este sábado que solicitará a Chile el registro migratorio del teniente Ronald Ojeda, asesinado en ese país luego de ser sacado de su vivienda por encapuchados.
En su cuenta de X, Saab informó que en las próximas horas solicitará a las autoridades chilenas, «en base a la asistencia penal internacional» y por vía diplomática, «el registro migratorio de Ojeda y de los presuntos asesinos señalados por las autoridades» de esa nación.
«Ello basado en las responsabilidades y obligaciones de los Estados con un refugiado tomando en consideración que Chile adscribe a pactos y tratados sobre la materia, por lo que están obligados a responder y explicar por qué si el teniente Ojeda vivía en Chile en condición de refugiado entraba y salía de su territorio para ejecutar acciones conspirativas contra la nación venezolana», explicó Saab.
La postura de Chile
Más temprano, el ministro de Relaciones Exteriores chileno, Alberto Van Klaveren, reiteró este viernes las críticas contra el fiscal nacional venezolano, Tark Willian Saab, y afirmó que «es la persona menos indicada como para dar lecciones de esa naturaleza», luego de que el persecutor apuntara a los servicios de inteligencia chilenos como supuestos responsables del crimen del exmilitar antichavista Ronald Ojeda en febrero pasado en Santiago.
«El fiscal nacional venezolano ha tenido expresiones absolutamente inaceptables, muy incomprensibles y poco fundamentadas respecto del caso», dijo el canciller en una entrevista en un medio local el día después de que el presidente chileno, Gabriel Boric, anunciara el envío de una nota de protesta a Venezuela por las opiniones del fiscal general.
«Se dio el gusto de empezar a darnos lecciones sobre cómo hay que cursar una persecución penal», añadió Van Klaveren.
Varias autoridades del Ejecutivo se refirieron en las últimas horas a las palabras del fiscal e insistieron en que el Ministerio Público chileno está llevando a cabo una investigación «seria y responsable» y que en el país suramericano las instituciones «funcionan».
En la mañana, la ministra de Interior, Carolina Tohá, también advirtió que Chile llevará a los foros internacionales «la molestia con la forma en que se refirió la autoridad venezolana a la investigación».
El asesinato
Ojeda, disidente del Gobierno de Nicolás Maduro y asilado político en Chile, fue secuestrado el pasado 21 de febrero en la capital y sus restos fueron hallados diez días después en una localidad periférica, sepultados debajo de un bloque de cemento.
El fiscal chileno a cargo del caso, Héctor Barros, vinculó en abril el crimen con la banda criminal Tren de Aragua, nacida en una cárcel venezolana y extendida por Chile, Perú, Colombia y Bolivia, y pidió apoyo a las autoridades venezolanas para esclarecer los hechos.
Hasta el momento, solo hay un joven venezolano detenido en Chile, pero hay otros dos sospechosos con órdenes de detención, que las autoridades chilenas creen que están en Venezuela.
El fiscal venezolano aseguró el miércoles que el crimen de Ojeda fue una operación para «enturbiar» las relaciones entre ambos países, en la que participaron cuerpos de inteligencia chilenos y extranjeros «con intereses espurios», al tiempo que rechazó que los dos sospechosos vayan a ser extraditados a Chile en caso de ser detenidos.
Con información de EFE
Síguenos en nuestro canal de Telegram
#Lamento que por el desarrollo de los acontecimientos relacionados al lamentable caso #Ojeda:
las autoridades de la @FiscaliadeChile en base al clásico principio universal de COOPERACIÓN ENTRE PODERES PUBLICOS DE UNA NACIÓN:
1) dicha institución #NO le haya informado al… https://t.co/yx1wwqc87X
— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) June 8, 2024
