(EFE).- El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, solicitó este lunes libertad plena para el sindicalista de la empresa estatal Ferrominera del Orinoco Rodney Álvarez, quien está detenido desde hace diez años, acusado de asesinar a otro trabajador durante una asamblea.
«Consignada hoy ante el tribunal de la causa: solicitud de libertad en favor de Rodney Álvarez por parte del Ministerio Público», indicó el fiscal en su cuenta de Twitter donde compartió una imagen de la misiva.
De acuerdo con la carta del fiscal, la audiencia preliminar de Álvarez se celebró el 25 de abril de 2013, donde se decidió el pase a juicio, por la presunta comisión del delito de homicidio calificado, perpetrado por motivos fútiles e innobles, previsto en el artículo 406, numeral 1 del Código Penal.
«Ahora bien, en atención al principio de buena fe que debe cubrir el proceder de las partes en el litigio, establecido en el artículo 105 de la Ley Orgánica de Reforma del Código Orgánico Procesal Penal (…) le solicito muy respetuosamente, estime la posibilidad de acordar una revisión de la medida de privación judicial preventiva de libertad», añadió.
Por esto, pidió que se acuerde una medida de «libertad plena sin restricciones», ya que Álvarez ha demostrado «la intención de colaborar con el proceso, manteniendo una conducta ejemplar, así como ha cumplido -desde su detención hasta ahora- el 83 % de la pena mínima, siendo que de haber admitido hechos, ya hubiese cumplido con la misma».
La última audiencia del juicio contra el sindicalista fue, según la ONG Provea, el 8 de junio de 2021 donde se le condenó a 15 años de prisión, «de los cuales ya ha cumplido diez».
En julio pasado, la denominada Coalición Sindical de Venezuela explicó a Efe que el sindicalista lleva diez años preso acusado de asesinar a otro trabajador, aunque el imputado niega haber cometido ese delito.
Su caso se volvió una bandera para los sindicalistas, al asegurar que su compañero no cometió el delito y que las personas que asistieron a una asamblea de trabajadores son testigos de ello.
La coalición sindical, además, se ha quejado de que Álvarez lleva diez años preso en un proceso que fue «dilatorio», porque recientemente fue condenado a 15 años de cárcel y las autoridades se negaban a contabilizar todo el tiempo que lleva en prisión como parte de la pena.
