(EFE).- La Fiscalía peruana solicitó este jueves en una audiencia que se dicten 36 meses de prisión preventiva para Yenifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo, investigada por un caso de presunta corrupción en la adjudicación de obras públicas en la región Cajamarca, donde nació el mandatario.
La Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior Nacional resolvió que la «detención se mantiene por mandato legal» contra Paredes, denunciada por los delitos de organización criminal, colusión agravada y lavado de activos, tras el vencimiento de un primer periodo de 10 días de prisión preliminar.
La misma medida fue dictada contra el alcalde del municipio de Anguía, José Medina Guerrero, investigado en el mismo caso.
Los magistrados debían resolver la apelación contra la detención preliminar, pero indicaron que ya no procedía resolver esa medida porque la Fiscalía presentó ese segundo pedido de prisión preventiva por 36 meses.
La sala indicó, en su cuenta de Twitter, que carece de objeto pronunciarse sobre el recurso de apelación a la detención preliminar contra Paredes y Medina por haberse presentado «la figura de sustracción de la materia», una figura que se produce cuando desparecen los supuestos fácticos o jurídicos que sustentan una acción jurisdiccional o administrativa, lo que impide al juez pronunciarse sobre el mérito de lo solicitado.
En ese sentido, ordenó que se remita el expediente al juzgado de origen, el Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.
El caso de Yenifer Paredes
El fiscal adjunto James Reátegui presentó en esta audiencia el pedido de prisión preventiva por 36 meses contra Paredes, Medina y los hermanos Hugo y Anggi Espino, representantes de la empresa JJM Espino Ingeniería & Construcción S.A.C., que en 2021 ganó una licitación con el Estado por más de 3,8 millones de soles (casi un millón de dólares).
Paredes, que fue criada como hija por el mandatario y su esposa Lilia Paredes, cumplía una detención preliminar que vence el sábado, a raíz de la denuncia en su contra por supuestamente ofrecer una obra de saneamiento en Cajamarca.
La investigación fiscal se abrió después de que un reportaje periodístico difundió un video en el que la joven dialogaba con pobladores de una comunidad del distrito de Chota, en Cajamarca, para informarles que necesitaba censarlos para construir una obra de saneamiento, pese a no ocupar ningún cargo en el Ejecutivo.
Durante la audiencia, Paredes declaró a la sala que ha estado «mal de salud» por la covid-19 y recordó que, desde un inicio, ha estado colaborando con la justicia, al acudir a la fiscalía y al Congreso para esclarecer los señalamientos en su contra.
«Estoy presta a colaborar, pero se ha vencido el plazo (de la detención», expresó, tras lo cual la sala también dispuso que sea revisada por un médico.
A su vez, el alcalde de Anguía, la localidad presuntamente beneficiada en forma irregular, dijo allanarse a las investigaciones para «esclarecer las imputaciones» hechas contra su persona.
El fiscal Reátegui dijo que, en el caso de Medina, «el peligro de fuga está totalmente acreditado» y detalló que algunos de los indicios del presunto delito de colusión agravada son las visitas que hizo al Palacio de Gobierno con un proveedor del Estado y la partida de 34 millones de soles (unos 8 millones de dólares) otorgada por el Ministerio de Vivienda.
Además, mencionó que Medina tiene un departamento alquilado en Lima y una cuenta de ahorros en una caja municipal con supuestos fondos irregulares.
Según la tesis fiscal, Castillo es supuestamente el «jefe» de este grupo, que tiene como cabecilla, siempre según dicha tesis, al actual ministro de Transportes y extitular de Vivienda, Geiner Alvarado.
Los «coordinadores», siempre según esa versión, son presuntamente la primera dama Lilia Paredes y el entorno familiar del presidente, mientras que Espino y la cuñada de Castillo son considerados «testaferros».
