(EFE).- La Fiscalía de la Nación de Perú abrió este martes una investigación preliminar a la presidenta Dina Boluarte, tres ministros y dos exministros por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, a raíz de los 47 fallecidos y decenas de heridos en las manifestaciones de las últimas semanas.
El Ministerio Público informó en su cuenta de Twitter que la fiscal de la Nación (general), Patricia Benavides, dispuso iniciar la investigación preliminar contra Boluarte, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; el ministro del Interior, Víctor Rojas, y el ministro de Defensa, Jorge Chávez.
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La Fiscal de la Nación dispuso iniciar investigación preliminar contra la presidenta de la República, Dina Boluarte; presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; ministro del Interior, Víctor Rojas; ministro de Defensa, Jorge Chávez. pic.twitter.com/IPjwWuWbQg— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) January 10, 2023
Asimismo, contra «Pedro Angulo, en su condición de expresidente del Consejo de Ministros; y César Cervantes, en su condición de exministro del Interior».
La investigación preliminar es por los presuntos delitos de «genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, cometidos durante las manifestaciones en los meses de diciembre de 2022 y enero de 2023 en las regiones de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho», precisó el Ministerio Público.
La investigación preliminar es por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, cometidos durante las manifestaciones en los meses de diciembre de 2022 y enero de 2023 en las regiones de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho.
— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) January 10, 2023
Boluarte ya tenía una investigación preliminar
Boluarte ya tenía en curso una primera investigación preliminar por los fallecidos registrados en las manifestaciones de diciembre último, escasos días después de que juró al cargo por sucesión constitucional, tras la destitución de Pedro Castillo por haber dado un fallido golpe de Estado.
El delito de genocidio es castigado con una pena de cárcel no menor de 20 años por cometer una matanza de miembros de un grupo, lesiones graves a los miembros de un grupo o el sometimiento de un grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física de manera total o parcial, entre otras circunstancias.
Otárola acudió este martes al Congreso para el trámite de confirmación parlamentaria de su investidura, y anunció que el Gobierno acordó declarar «duelo nacional laborable» para este miércoles «en respeto a los caídos» en las protestas, que en menos de un mes suman 47 personas fallecidas, el último de ellos, un policía de Puno que todavía no ha sido identificado.
Además, informó que «hemos aprobado en el Consejo de Ministros un decreto supremo que declara la inmovilización social obligatoria (toque de queda) en Puno por el plazo de tres días desde las 20:00 horas hasta las 4:00 de la mañana».
«Esto en salvaguardia de la vida, la integridad y libertad de todos los ciudadanos de Puno», declaró Otárola ante el pleno del Congreso en referencia a la región que fue foco de violentas manifestaciones y enfrentamientos con la Policía este lunes, cuando murieron 17 manifestantes.
