(EFE).- El Ministerio Público (MP, Fiscalía) de Venezuela informó este viernes de 200 nuevas excarcelaciones de personas detenidas en el contexto de crisis tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, para un total de 733 liberaciones, concedidas tras la solicitud de revisión de estos casos a la Justicia.
En un comunicado, el fiscal general, Tarek William Saab, indicó que la institución hizo la solicitud de «revisiones de medidas» entre el jueves y hoy, lo que fue posteriormente aprobado por el Poder Judicial.
Aseguró que estas excarcelaciones de «procesados tras los graves hechos de violencia ocurridos en el país» luego de los recientes comicios -en los que el organismo electoral otorgó una cuestionada victoria al presidente Nicolás Maduro-, que «pretendían generar una guerra civil», se llevaron a cabo en «el marco del debido proceso garantizado por la Constitución».
«El Ministerio Público, de manera coordinada e inspirado en el principio de colaboración entre poderes públicos (…), continuará el proceso de revisión exhaustiva de estos casos en las próximas horas, en defensa de la paz, la justicia y los derechos humanos», agregó Saab.
Ver esta publicación en Instagram
Según cifras oficiales, alrededor de 2.400 personas fueron detenidas en el contexto de protestas contra la controvertida reelección de Maduro, que se saldaron con 28 muertes, entre ellas, las de dos militares.
Los presos políticos, según Foro Penal
Hasta el miércoles, la ONG Foro Penal, que lidera la defensa de las personas que considera están detenidas por razones de conciencia, computaba 1.877 «presos políticos», incluyendo seis adolescentes de entre 14 y 17 años de edad.
Las últimas liberaciones se han llevado a cabo en paralelo a nuevas detenciones, como las de cuatro miembros del partido Vente Venezuela, liderado por María Corina Machado; la del exconcejal de Caracas Jesús Armas; la del alcalde de Cabimas, estado Zulia (noroeste), Nabil Maalouf; la del activista Luis Palocz; y la del dirigente campesino Carlos Azuaje.
Además, ONG, familiares y activistas denunciaron las tres muertes en prisión -una en noviembre y dos este mes- de detenidos en el contexto poselectoral, casos que la mayor coalición opositora -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- pide sean documentados por la Corte Penal Internacional (CPI), que investiga la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en el país caribeño.
