Redacción (ALN).- Este lunes, el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, informó que está «monitoreando activamente» la crisis política en Venezuela tras los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) que dieron el triunfo al presidente Nicolás Maduro.
En un comunicado, Khan detalló que su oficina recibió «múltiples informes de casos de violencia y otras acusaciones» tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, por ello está «evaluando de forma independiente todos estos informes y otra información disponible dentro del alcance de su mandato y jurisdicción».
De igual modo, la fiscalía está «en contacto con el gobierno de Venezuela al más alto nivel para subrayar la importancia de garantizar que se respeta el estado de Derecho en este momento y hace hincapié en que todas las personas deben ser protegidas de violaciones que puedan constituir crímenes según el Estatuto de Roma».
El Gobierno venezolano es investigado por la CPI tras la represión y violencia desatada luego de los comicios de 2017, hasta ahora con ninguna decisión.
Más de 2000 detenidos
En ese contexto, Amnistía Internacional se sumó este viernes al pedido de la OEA de que el fiscal de la Corte Penal Internacional actúe ante la situación en el país.
“Es hora de la justicia”, dijo Luis Almagro, secretario general de la OEA, adelantando que pedirá a la Corte Penal Internacional que determine responsabilidades y órdenes de captura contra Maduro y otros responsables oficiales por lo que consideró graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
“Exigimos a las autoridades liberar a todas las personas detenidas por motivos políticos de forma inmediata e incondicional”, demandó por su parte Amnistía Internacional. Este viernes, como Almagro, llamó al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, a actuar en Venezuela.
El propio presidente venezolano reportó esta semana más de 2.200 detenidos por las manifestaciones de calle y expresiones públicas contra el resultado electoral oficial, entre denuncias de fraude por parte de la oposición, que dice tener pruebas de su victoria.
Según Maduro, el 80 % de esos detenidos desde el 28 de julio son “terroristas” y “criminales” que promueven odio y violencia para desestabilizar al poder ejecutivo y al país, buscando un “golpe”.
Gobiernos y organizaciones multilaterales, como Colombia, Brasil, México y las Naciones Unidas, han llamado al poder electoral venezolano a publicar el desglose de la votación del julio y someterlo a una auditoría independiente.
El oficialismo ha recurrido a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia para que dilucide el proceso y el dilema de esas actas.
Con información de VOA y agencias
