Redacción (ALN).-El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, respondió a las observaciones presentadas por Venezuela ante la Sala de Cuestiones Preliminares sobre el caso de violación a Derechos Humanos.
“La totalidad de las investigaciones y procedimientos nacionales presentados por el Gobierno de Venezuela no reflejan suficientemente la investigación prevista por la Corte porque no ha habido ninguna investigación de crímenes de lesa humanidad. Las investigaciones se centran exclusivamente en oficiales de bajo rango y aparentemente perpetradores físicos, y los crímenes se enmarcaron en términos de ‘casos aislados’ sin ninguna investigación sobre patrones más amplios de conducta o política subyacente“, señala el fiscal en un documento de 22 páginas, al reafirmar su solicitud para que se continúe con la investigación.
Khan recalcó que su despacho ha concluido que existe una base razonable para creer que “al menos desde abril de 2017 en adelante, miles de opositores percibidos o reales del Gobierno de Venezuela fueron presuntamente perseguidos por motivos políticos, arrestados y detenidos sin base legal adecuada; cientos fueron presuntamente torturados; y más de 100 fueron presuntamente objeto de formas de violencia sexual incluida la violación”.
Apuntó que la Fiscalía de la CPI también encontró que había una base razonable para creer que la comisión múltiple de estos actos constituía “un ataque contra una población civil en cumplimiento o en apoyo de una política de Estado” y que “este ataque fue, como mínimo, sistemático y dirigido a opositores reales o percibidos del Gobierno de Venezuela” mediante una política “alentada o aprobada por el Gobierno de Venezuela, y llevada a cabo principalmente por miembros de grupos estatales específicos, fuerzas de seguridad, con la posible asistencia de grupos o individuos progubernamentales”.
El Gobierno de Venezuela denunció en febrero «diversas irregularidades y violaciones del debido proceso cometidas» por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), que ponen «en duda la debida imparcialidad y objetividad» de esta instancia, que comenzó en 2021 una investigación formal al país por presuntos crímenes de lesa humanidad, negados por el Ejecutivo.
