(EFE).- El presidente argentino, Alberto Fernández, llamó este martes a la Justicia a «investigar sin demoras y dirimir las distintas responsabilidades» por el presunto uso del servicio de inteligencia durante el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) para llevar adelante persecuciones ilegales.
«La Justicia Federal investiga una denuncia que he ordenado hacer a la Agencia Federal de Inteligencia para que se investiguen acciones del anterior Gobierno que promovieron el espionaje ilegal y diversas persecuciones judiciales contra sindicalistas y opositores», indicó Fernández en un hilo de su cuenta de Twitter.
Fernández se refirió a la polémica política que se abrió la semana pasada cuando salieron a la luz unas declaraciones vertidas en 2017 por el entonces ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires y hoy opositor Marcelo Villegas, en las que criticaba la labor de los sindicalistas y aludía a la posibilidad de establecer «una Gestapo» contra ellos.
En un video presentado ante la Justicia por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), con imágenes que pertenecen a un archivo de junio de 2017, puede verse a Villegas reunido con otros funcionarios y empresarios, en la presunta planificación de una estrategia para impulsar causas judiciales contra sindicalistas locales.
Fernández agregó que al inicio de su gestión denunció «la existencia de más de 100 celulares encriptados provistos por la AFI que incluía funcionarios nacionales, pero también personas de la justicia y socios políticos y comerciales de Cambiemos», el partido de coalición con el que Macri llegó a la presidencia en 2015.
El mandatario enumeró que se asignaron esos dispositivos a la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal; al procurador General de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand; al ex presidente de Boca Daniel Angelici; al ex ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Gustavo Ferrari; al empresario Nicolás Caputo, y al ex fiscal General de la Ciudad de Buenos Aires Martín Ocampo, entre otros.
Fernández se preguntó para qué existían esos teléfonos encriptados, entre otros cuestionamientos, y exigió una respuesta.
«El uso del servicio de inteligencia del Estado de derecho para hacer espionaje interno y para promover persecuciones criminales es definitivamente asqueante y consecuentemente inadmisible», dijo Fernández.
«Ante la gravedad de los hechos y la existencia de indicios graves, precisos y concordantes que dan cuenta de un presunto método ilegal de persecución, la Justicia debe investigar sin demoras y dirimir las distintas responsabilidades de autores y cómplices en estos hechos», agregó.
Y señaló que impuso a la intervención de la AFI «el deber de poner el servicio de inteligencia en favor de los intereses nacionales» y que «acabar con esos hábitos ilegales desplegados en la inteligencia macrista revaloriza el Estado de Derecho y la convivencia democrática».
