(EFE).- Camas compartidas, estafas, familias enteras viviendo en una habitación y discriminación son algunos de los abusos que convierten en pesadilla la búsqueda de alojamiento de muchos de los latinoamericanos que viven en España.
La escalada sin freno de los precios de alquiler y la escasez de vivienda hacen que los inmigrantes, especialmente los que llevan poco tiempo en España y no disponen de papeles ni contrato de trabajo, tengan que plegarse a las demandas desmedidas de algunos arrendadores.
Ese es el caso de Liliana, una mujer peruana de 29 años que durante su primer año en España compartió cama, durmió en el sofá del comedor de un apartamento donde vivían otras cinco personas y estuvo residiendo en la casa de una mujer mayor que no le daba días libres argumentando que no se podía quedar sola.
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Ahogada por las exigencias de la anciana, dejó el trabajo y, a partir de ahí, su situación se complicó todavía más.
«Nadie me ayudó realmente, más bien algunos se aprovecharon de mí», asegura en una entrevista con EFE.
Camas compartidas y alquiler de sofás
Sin trabajo ni documentación en regla, nadie quería alquilarle una habitación, así que tuvo que aceptar la propuesta de una compatriota que le ofreció una ‘cama caliente’ compartida con dos mujeres más. Una de ellas trabajaba de noche, pero la otra dormía con ella en una cama de matrimonio que ocupaba el espacio de la habitación.
Cuando parecía que las cosas no podían ir peor, la dueña de la vivienda las echó de la habitación para alojar a familiares y a ella le ofreció el sofá, ante el desprecio de los otros habitantes de la casa, que les disgustaba que utilizara el comedor para dormir.
Los problemas de vivienda también afectan a latinoamericanos que llevan más tiempo en España, como Iliana, una salvadoreña de 32 años, que tuvo una llegada plácida porque fue recibida por una amiga y bien tratada por la mujer a la que cuidaba, pero cuando la anciana ingresó en una residencia y tuvo que buscar vivienda, todo se complicó.
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«Tuve decenas de entrevistas con personas que alquilaban habitaciones y, cuando veían que estaba embarazada me dejaban en la calle, sin piedad», recuerda.
«Temían que dejara de pagar y me quedara de okupa», explica, un temor basado en la discriminación, ya que algunos arrendatarios cree que las mujeres latinoamericanas dejan de pagar el alquiler cuando tienen hijos pequeños a su cargo porque legalmente es más difícil desahuciarlas.
Iliana tiene contrato de trabajo indefinido y capacidad económica para pagar el alquiler de una habitación en Barcelona, ciudad donde trabaja y donde encontró una guardería para su hija, pero no encontró nada en la capital catalana.
Finalmente tuvo que aceptar una habitación en un pueblo vecino, y ahora se ve obligada a largos trayectos en transporte público porque sus caseros no le permiten empadronarse en esa localidad, requisito necesario para cambiar a su hija de guardería.
lsy, natural de Honduras, llegó a Cataluña hace ya algunos años. En su actual vivienda, habitada por una pareja, ocupa una habitación de realquiler junto a sus tres hijos y tiene derecho únicamente al uso de la cocina, sin que le sea permitido disfrutar del comedor, ni llevar a nadie al apartamento.
«Además, mi hermana, que cuida de mis hijos el fin de semana mientras yo trabajo, también debe pagar por el uso de la habitación», lamenta.
Dificultades para reagrupar la familia
Stephanie, nacida en Colombia, lleva un año en España y su mayor ilusión es conseguir traer a su hijo que vive en su país, pero, aunque tiene pareja y entre los dos pueden pagar una habitación amplia, no les alcanza para un piso y eso complica la llegada del niño.
La vivienda, junto a la búsqueda de un trabajo digno con un sueldo justo, es una de las principales preocupaciones de los latinoamericanos en España.
