(EFE).- Nueva Jersey es el hogar de unos 475.000 inmigrantes indocumentados que pagan impuestos y deportarlos, como plantea la agresiva política migratoria del presidente Donald Trump, causaría daños sociales y humanitarios y riesgos económicos para este estado, según un informe dado a conocer hoy.
De acuerdo con el estudio ‘Los impactos económicos y fiscales de la deportación masiva: ¿Qué está en riesgo en Nueva Jersey?’ en dicho estado viven aproximadamente 2,3 millones de inmigrantes, de los que unos 993.000 son no ciudadanos, incluidos unos 475.000 indocumentados, que en 2022 pagaron un estimado de 1.300 millones de dólares en impuestos locales y estatales.
Expulsar del país a estos últimos plantea enormes desafíos logísticos. Incluso si solo una de cada diez personas indocumentadas fuera deportada o detenida, se perderían 133 millones de dólares en ingresos fiscales estatales y locales cada año, con lo que se podría pagar 295.000 comidas escolares gratis en las escuelas públicos de Nueva Jersey, detalla el informe.
Asegura además que Nueva Jersey podría enfrentar pérdidas significativas a medida que la Administración Trump revoca el estatus temporal para los inmigrantes y altera drásticamente las políticas de asilo.
«Estos cambios amenazan con desestabilizar a las comunidades, reducir la fuerza laboral y debilitar sectores clave de la economía del estado», señala el documento.
También destaca que la pérdida de un gran número de trabajadores significaría un aumento en el costo de vida para los habitantes del estado, que pagarán más por restaurantes, cuidado infantil, asistentes de salud a domicilio, construcción, entre otros.
Uno de los sectores más afectados serían los restaurantes, que dependen de esta mano de obra. En Nueva Jersey, el 48 % de los cocineros son inmigrantes mientras que la construcción emplea a unos 112.000 personas sin estatus legal, un 36 % de la fuerza laboral en esta industria.
De acuerdo con el informe, en la agricultura son más de la mitad los trabajadores indocumentados o temporales. Una reducción de entre un 5 al 10 % conllevaría escasez de alimentos, precios más altos y costes laborales insostenibles para los agricultores.
Entre las conclusiones del documento se indica que lograr que los indocumentados obtengan estatus legal, aumentaría los ingresos fiscales estatales y locales de Nueva Jersey en 332,5 millones de dólares y recomienda mejorar los programas de visas (para trabajar) porque tal y como están expone a los trabajadores vulnerables a la explotación y puede tener impactos adversos sobre otros.
