(EFE).- El expresidente peruano Pedro Castillo (2021-2022) se declaró este lunes en huelga de hambre como medida de protesta contra el juicio por presunto intento de golpe de Estado de 2022, cuyas audiencias comenzaron la semana pasada y del que considera que ya se ha anunciado la condena.
En una misiva publicada en su cuenta de la red social X, firmada por Castillo como «presidente en cautiverio», el exmandatario dice que está «recluido injustamente» por actos «que nunca cometió» y denuncia que ahora el tribunal, «con una jueza que ha adelantado opinión», ha forzado el delito de rebelión para acusarlo y condenarlo.
«He decidido acatar, a partir de la fecha, una huelga de hambre, acto que me lleva a tomar por las injusticias que se vienen cometiendo conmigo», escribió Castillo en la carta firmada por él y por el abogado Walter Ayala.
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Llamado a organismos internacionales
En declaraciones a la emisora RPP, Ayala confirmó que se desempeña como abogado del exmandatario y que el expresidente reclama que cambien al tribunal que le procesa, a pesar de que la sala ya rechazó la recusación contra una de sus magistradas.
El abogado que, sin embargo, no lo representa en el juicio, criticó que Castillo sea procesado por rebelión porque el fallido autogolpe no se concretó y no hubo un alzamiento de armas, pues no contó con el apoyo de las Fuerzas Armadas.
Ayala agregó que también quieren llamar la atención de organismos internacionales como las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA), además de la Defensoría del Pueblo, para resguardar los derechos fundamentales del exmandatario.
Fiscalía pide 34 años de cárcel
Durante la audiencia del jueves pasado del juicio contra Castillo, para el que la Fiscalía pide 34 años de cárcel, el expresidente peruano reiteró que está en la cárcel «injustamente» y que no necesita del servicio de la defensa pública porque su único delito es «defender al pueblo».
Castillo dijo a los jueces que el Ministerio Público ha forzado el tipo penal para ser sometido a un juicio por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave afectación de la tranquilidad pública.
