Caleb Zuleta (ALN).- “Estamos ante una poderosa especie de licuadora gigante donde se mezclan los diversos intereses de diferentes organizaciones criminales vinculadas fuertemente a la corrupción y al tráfico de drogas”, señala Carlos Tablante, exministro de Estado y expresidente de la Comisión Antidrogas de Venezuela entre 1996 y 1998. Opina que es positiva la decisión del gobierno de EEUU de desplegar naves en el Caribe para enfrentar el tráfico de drogas internacional, con claras referencias a Venezuela, pero, aclara, “la amenaza de una invasión a Venezuela en los términos en que se realizó la de Panamá para la captura de Manuel Noriega, es un escenario indeseable y sería lamentable”. En Panamá hubo 4.000 muertos.
Carlos Tablante fue exministro de Estado y presidente de la Comisión Antidrogas en el segundo gobierno de Rafael Caldera. Carlos Tablante es co-autor de los libros Estado Delincuente y El Gran Saqueo. Si se quiere, es una de las personas con mayor calificación para hablar sobre el tema de tráfico de drogas y Estado criminal. Lo entrevistamos aquí en el diario ALnavío. Opina que “las gravísimas acusaciones hechas por el Departamento de Justicia de EEUU y por el propio fiscal general de ese país contra Maduro, Cabello, El Aissami y Maikel Moreno, entre otros, deben investigarse y aclararse en el ámbito jurisdiccional con la garantía del debido proceso y la presunción de inocencia de manera que los denunciados puedan defenderse”.
–¿Qué opinión le merece el despliegue militar en el Caribe anunciado por EEUU para combatir la acción de los carteles de drogas?
-Un acto de cooperación multilateral y de cooperación policial y militar como el anunciado por EEUU para controlar el transporte ilícito de sustancias ilegales en barcos, submarinos y aviones, reduciendo el espacio donde las organizaciones criminales han operado hasta ahora con bastante impunidad debería ser algo positivo, al reducir la cantidad de drogas que se envían hacia EEUU y Europa. Sin embargo, la amenaza de una invasión a Venezuela en los términos en que se realizó la de Panamá para la captura de Manuel Noriega, es un escenario indeseable y sería lamentable. Quiero recordar que en los pocos días que duró esa operación militar murieron casi 4.000 personas. Sin embargo, debemos reconocer que en estos momentos Venezuela está azotada por la hambruna, la hiperinflación, el colapso de los servicios, la falta de gasolina, la violencia y ahora la pandemia. Por supuesto, la prioridad debe ser liberar a la nación del secuestro impuesto por el Estado delincuente controlado por Maduro y restablecer el respeto a los derechos humanos, la plena vigencia de la Constitución y las leyes. El objetivo principal de todos los esfuerzos, con el respaldo de la comunidad internacional, debe ser lograr un acuerdo para la transición hacia la democracia con la realización de elecciones libres, sin presos políticos ni exiliados, pero sobre todo para atender de manera urgente la crisis humanitaria compleja que padecen los venezolanos.
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-Esta operación se anuncia a pocos días de Estados Unidos haber acusado a Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Tareck El Aissami y otros altos cargos del régimen de Venezuela de tráfico internacional de drogas.
-Las gravísimas acusaciones hechas por el Departamento de Justicia de EEUU y por el propio fiscal general de ese país contra Maduro, Cabello, El Aissami y Maikel Moreno, entre otros, deben investigarse y aclararse en el ámbito jurisdiccional con la garantía del debido proceso y la presunción de inocencia de manera que los denunciados puedan defenderse. Por supuesto, esto implica que los señalados, hoy más que nunca, debido a la gran crisis que sufre Venezuela por la emergencia humanitaria, agravada ahora aún más por la emergencia sanitaria, deberían facilitar el proceso apartándose del poder, en especial Nicolás Maduro, y acordando con la Asamblea Nacional, como ha propuesto el presidente Juan Guaidó, la conformación de un gobierno de emergencia nacional que permita la entrada urgente de la ayuda humanitaria y el inicio de la transición hacia la democracia, propuesta respaldada por EEUU y por más de 60 países, que tiene como objeto la realización de elecciones libres para la Presidencia de la República y la Asamblea Nacional, cumpliendo con los estándares democráticos para finales de 2020. Esta salida es mucho más compleja y difícil pero es el camino necesario para poder lograr una transición lo menos traumática posible.
– Más allá de las obvias implicaciones políticas de este evento, ¿cómo califica la acción del gobierno de EEUU desde el punto de vista estricto de la lucha contra el tráfico internacional de drogas?
-Las palabras claves para enfrentar el tráfico internacional de drogas son cooperación y coordinación entre los distintos países, asumiendo una relación de soberanía flexible para facilitar el intercambio y análisis de información e inteligencia y así evitar que las organizaciones criminales, que son estructuras trasnacionales que no respetan fronteras y no tienen patria ni soberanía sino que actúan en función de sus objetivos de acumulación de riqueza, atraviesen nuestras sociedades causando daños irreparables a la salud de los pueblos y generando un ambiente de corrupción e impunidad imponiendo el poder de la violencia y del dinero, avanzando en el control de los países, sustituyendo a las instituciones por entramados de corrupción y crimen.
–¿Es Venezuela un narco-Estado?
-Considero simplista la caracterización de Venezuela como un narco-Estado. Es mucho más grave que eso. Se trata de una mezcla de Estado fallido, que es aquel que no satisface las necesidades mínimas existenciales de la población, y de Estado forajido, que es aquel que se coloca al margen de las leyes, convenciones y tratados internacionales, es decir, se trata más bien de una cleptocracia donde la corrupción política facilita la impunidad y se convierte en la llave que abre las puertas al narcotráfico y a otras actividades criminales como el secuestro, la extorsión y el financiamiento del terrorismo (ELN, FARC y Hezbolá), entre otras. Estamos ante una poderosa especie de licuadora gigante donde se mezclan los diversos intereses de diferentes organizaciones criminales vinculadas fuertemente a la corrupción y al tráfico de drogas. Cualquier observador mínimamente informado puede señalar que es contradictorio calificar a Venezuela como un narco-Estado, y no hacerlo así con Colombia, Perú o México, los principales productores de drogas del continente. La diferencia en estos casos, es que se trata de naciones que tienen políticas antidrogas y forman parte de un sistema de cooperación internacional. Mantienen una acción permanente y sistemática para prevenir, enfrentar y controlar estas actividades, mientras que otros Estados -como ahora Venezuela- miran hacia otro lado, no tienen políticas de Estado reales y permiten que las redes de delincuencia organizada que se conforman y se deshacen de acuerdo a los objetivos del momento se muevan siguiendo sus intereses económicos, expandiendo cada vez más su poder en el territorio. En el caso de Venezuela, hasta la propia ONU, en el último informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), concluyó que las organizaciones delictivas de traficantes de drogas han penetrado las altas esferas del poder a través de un entramado al que se denomina como el cartel de los soles, denominación con la que se quiere identificar como cabecillas de estas redes de criminales a una minoría de generales o altos oficiales de los distintos componentes de la Fuerza Armada Nacional.
–¿Cómo llegó Venezuela a esta situación?
-El principal objetivo de estas organizaciones criminales fue convertir a Venezuela en una gran autopista para el tráfico de las drogas que se producen en Colombia, Perú y otros países de la región. Los cargamentos de drogas pasan por puertos, aeropuertos y vías terrestres. Venezuela, efectivamente, se convirtió en un gran puente hacia EEUU y Europa. Para ello, la delincuencia organizada trasnacional necesita una estructura que, como he dicho, funciona como redes y tiene vínculos con la estructura de poder. En un país sometido por una dictadura que lo controla todo, es imposible que la élite gobernante ignore una situación como ésta. Además, como ha quedado evidenciado en varios casos, el soborno es una actividad común. El caso de Walid Makled es un claro ejemplo. Este narcotraficante controlaba el puerto marítimo de Puerto Cabello e inclusive recibía úrea -químico indispensable para procesar la cocaína- de la propia Petróleos de Venezuela, PDVSA. Al ser capturado en Colombia declaró tener “en nómina” a altos funcionarios del régimen, militares y de cuerpos de seguridad e inclusive jueces y magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, como por ejemplo, el exmagistrado Eladio Aponte Aponte, actualmente colaborando con las autoridades estadounidenses. No se pudo conocer más de este importante capo de las drogas, hoy preso en el Sebin en Caracas, porque el juicio se realizó en Venezuela dentro de un absoluto secretismo. ¿Dónde está esa información? ¿Qué se hizo con ella? Existen fuertes rumores de que la organización de Makled sigue operando en Venezuela bajo su control desde la cárcel del Sebin. A esto hay que sumar la acción, en los últimos años, de los grupos armados colombianos que se dedicaban al cobro de vacunas y a la extorsión y luego se convirtieron en protectores de cultivos y laboratorios de la cocaína. Esos grupos, sobre todo los disidentes de las FARC y el ELN, producto de la presión del Estado colombiano contra el tráfico de drogas, encontraron en Venezuela una zona de alivio para las actividades de algunos de sus integrantes. Como hemos dicho, en Venezuela no hay una política de Estado para enfrentar el tráfico de drogas. Tampoco hay planes de prevención en escuelas ni comunidades. Cuando estuvimos al frente de la Comisión Nacional AntiDrogas promovimos una campaña pública de prevención en alianza con los municipios y los estados. Había programas de tratamiento, en alianza con empresarios y la sociedad civil, como la Fundación José Félix Ribas y los Hogares Crea. Desgraciadamente, nada de eso existe ahora. Se ha criminalizado a los enfermos. Si se revisa las cárceles de Venezuela, el 80% de los detenidos o presos son consumidores que deberían ser tratados como enfermos y participar en programas de rehabilitación. Por el contrario, el régimen los ha convertido en delincuentes, acusándolos de posesión de drogas. El 90% de los expedientes por drogas son por posesión y menos del 10% por tráfico.
-¿El ejemplo de Walid Makled confirma las ventajas de las que gozan los traficantes?
-Prácticamente no hay detenidos por tráfico de drogas en Venezuela. Los grandes capos gozan de total impunidad. Los jueces son amenazados al estilo de Pablo Escobar: plata o plomo, mientras los consumidores son convertidos en carne de cañón. Como ya es del dominio público, las cárceles están controladas por los pranes, aquellos delincuentes ya condenados y de alta peligrosidad, que han asumido el control del sistema penitenciario venezolano, ejerciendo una influencia nefasta en las principales ciudades y barrios del país, a través de decenas de grupos criminales armados que mantienen secuestrada a la sociedad venezolana con un desbordamiento de la violencia -más de 60 muertos por cada 100.000 habitantes- que triplica a la de Brasil o México. La mayor parte de los homicidios están relacionados con el tráfico de drogas, muchos de los cuales se realizan bajo los efectos de las mismas o para obtener dinero para adquirirlas o por ajuste de cuentas entre las bandas de traficantes.
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-¿Cómo enfrentar este complicado panorama?
-Obviamente, lo primero es recuperar la democracia y restablecer la Constitución y las leyes. Poder escoger gobernantes que actúen de manera transparente y prevengan y persigan efectivamente a la corrupción. Sin ello, Venezuela no podrá controlar esta situación. Y luego, quitarle el oxígeno a las organizaciones criminales. Siempre he sostenido que el dinero es como la sangre que le da vida a ese cuerpo criminal que es el tráfico internacional de drogas. Hay que perseguir al dinero de origen ilícito que ha contaminado a la sociedad. Un claro ejemplo de ello es el caso de la institución financiera Banca Privada de Andorra (BPA), donde los mismos ejecutivos de cuentas que gestionaban los capitales de la mafia rusa y china y de boliburgueses venezolanos como Diego Salazar, el primo de Rafael Ramírez, expresidente de PDVSA; también le manejaba el dinero al director de la Unidad Antidrogas del CICPC, comisario Norman Danilo Puerta, lo cual pone en evidencia cómo se mezcla el dinero de la corrupción y el tráfico de drogas. Si queremos minimizar los efectos nefastos del tráfico de drogas, debemos fomentar la cooperación y el intercambio de información. Nos enfrentamos a un enemigo formidable que mueve más de 500.000 millones dólares al año. Es fundamental identificar el origen de los capitales, los bienes y las estructuras de blanqueo de testaferros, operadores financieros, contadores y abogados porque sin financiamiento no es posible mantener el funcionamiento del entramado criminal de la delincuencia organizada.
-Pero a Estados Unidos también le cabe parte de la responsabilidad en este escenario.
-Como he dicho, la lucha contra el tráfico internacional de drogas debe hacerse en base a la cooperación, superando la errada visión del conflicto binario entre países víctimas y supuestos victimarios. Deben erradicarse los cultivos, hay que desmantelar los laboratorios, atacando la producción, la distribución y el tráfico. Sin embargo, todo ello debe ir acompañado de la reducción de la demanda, del consumo. Hoy en EEUU el 60% de las muertes por sobredosis ocurren por opiáceos que se venden legalmente como fármacos. EEUU también tiene una responsabilidad en la reducción de la demanda, así como en el control del lavado de dinero proveniente del tráfico de drogas en su sistema financiero.
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