(EFE).- La Red por los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes en Venezuela (Redhna) exigió este viernes al Estado que aplique la ley tras la revelación de la Iglesia católica de que sacerdotes y otros miembros han cometido abusos sexuales contra menores de edad y «personas vulnerables».
«El Estado venezolano tiene una responsabilidad ineludible de aplicar la ley sin atenuantes contra quienes han cometido abusos», señaló la organización en un comunicado.
Asimismo, rechazó que se propongan mecanismos que disminuyan penas para dejar en libertad a sacerdotes condenados por abusos sexuales contra menores, porque en ese caso, el Estado dejaría en «desprotección a los niños, niñas y adolescentes sobrevivientes de esos abusos».
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Redhna dijo que esta es una oportunidad para la Iglesia católica, para que manifieste públicamente y de «manera categórica» su rechazo a este tipo de situaciones que afectan la «dignidad del ser humano, violan leyes nacionales, tratados internacionales, específicamente la Convención sobre los Derechos del Niño, y vulneran los principios morales sobre los que se sustenta la doctrina cristiana».
«Garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes significa declarar en voz alta y contundente que se rechaza y no se permitirá que se les explote, abuse o se les vulnere de ninguna manera. Implica, además, que el compromiso asumido con la investigación independiente de las denuncias que se reciban debe ser completo», subrayó.
La CEV lo «lamenta»
La Conferencia Episcopal de Venezuela (CEV) reveló el miércoles que sacerdotes y otros miembros de la Iglesia católica han cometido abusos sexuales contra menores de edad y «personas vulnerables», cuyo número de casos la institución ha decidido mantener «en confidencialidad».
«Los abusos sexuales, sin excepción, constituyen un delito y grave pecado contra la vida y la dignidad de la persona, particularmente cuando afecta a los más débiles. Lamentablemente, también miembros de la Iglesia han cometido estos abusos, provocando profundas heridas en la vida de las víctimas», dijo la CEV en un comunicado.
En el texto, leído durante una conferencia de prensa por el primer vicepresidente de la institución, monseñor Mario Moronta, se reconoce que la «Iglesia en Venezuela (…) ha recibido en las diócesis las denuncias que se le han presentado», sin especificar en qué periodo de tiempo conocieron estos casos o los lugares en que ocurrieron.
El religioso aseguró que la CEV «ha pedido perdón y ha acompañado, del modo más integral y pastoral, a las víctimas».
No obstante, consideró que la «responsabilidad de cada caso no es de la Conferencia Episcopal sino de cada obispo».