(EFE).- Amnistía Internacional (AI) exigió este jueves al Gobierno de Venezuela el cese de los «ataques» contra defensores de derechos humanos en el país, cuya labor, considera la organización, debe ser protegida.
«Exigimos al Gobierno de Nicolás Maduro que cesen los ataques a personas defensoras de derechos humanos y sociedad civil en Venezuela. Quienes defienden y acompañan a las víctimas de violaciones de derechos humanos deben ser protegidas, no castigadas», señaló AI en su cuenta de Twitter.
📣Exigimos al gobierno de @NicolasMaduro que cesen los ataques a personas defensoras de #DDHH y sociedad civil en #Venezuela.
🚨Quienes defienden y acompañan a las víctimas de violaciones de derechos humanos deben ser protegidas, no castigadas.
— Amnistía Internacional Américas (@AmnistiaOnline) August 25, 2022
Los «ataques y amenazas» contra activistas y defensores de derechos humanos, consideró la organización, «es un elemento de la política de represión que implementan las autoridades bajo el mando de Nicolás Maduro», una realidad «que se viene agravando en los últimos años».
Prohíben salida del país al abogado Alonso Medina Roa
Funcionarios de migración del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, impidieron la salida del país al abogado Alonso Medina el miércoles, según denunció la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia.
Medina, según su defensa, estuvo retenido por dos horas y posteriormente fue llevado a la sede de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), ubicada en el aeropuerto, por tener «supuestamente una alerta que le prohibía salir del país».
La abogada Ana Leonor Acosta explicó que esta alerta responde a una presunta investigación por parte de la División contra el Terrorismo del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc).
Medina Roa acudió a una sede del Cicpc en Caracas para verificar su caso y horas más tarde abandonó el lugar sin que hasta ahora se conozcan detalles de lo que pudo enterarse en el lugar.
El abogado fue defensor, entre otros adversarios del Gobierno, del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, quien fue asesinado estando bajo custodia de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), un hecho por el que fueron condenados dos militares por tortura y homicidio.
