Pedro Benítez (ALN).- Por estos días, la situación social y económica en Bolivia es explosiva. La escasez de dólares y combustibles ha generado una tremenda crisis que ha alterado todos los aspectos de la vida cotidiana de los habitantes de ese país.
Con el paso de las semanas, los problemas de abastecimiento de gasolina y diésel se han agravado y, con ello, el consiguiente caos vehicular en calles y avenidas de todas las ciudades. Servicios como el transporte público y el aseo urbano se encuentran seriamente afectados, mientras se agudiza la escasez de varios productos alimenticios y se disparan los precios de la carne de res, pollo, aceite comestible y arroz.
El presidente Luis Arce ha emitido medidas para ahorrar combustible, ha impuesto controles de precios y ordenado acciones de fiscalización más firmes contra “acaparadores y especuladores”. Pero, como cabe esperar, nada de esto ha aliviado la dramática situación. Por el contrario, ha complicado todavía más las cosas.
Las reservas internacionales se encuentran en mínimos históricos, y eso ha limitado drásticamente la capacidad del país para importar bienes esenciales. Esta situación, más la negativa del gobierno a devaluar el tipo de cambio oficial, les ha impuesto a los bolivianos restricciones para adquirir dólares en bancos, con límites mensuales bajos y requisitos estrictos, lo que, a su vez, ha impulsado un mercado paralelo con tasas significativamente más altas. Esa escasez de divisas ha encarecido los productos importados, como alimentos y medicinas, impactando todavía más en la inflación. En el mercado paralelo, el dólar se cotiza al doble del tipo oficial.
Cualquier coincidencia con historias parecidas no es casualidad.
Es en ese contexto, con el gobierno de Arce dominado por la impotencia y el desconcierto, y siempre buscando la manera de socavar el piso político de su antiguo subordinado y ahora rival, el expresidente Evo Morales posteó el pasado 24 de mayo en su cuenta en la red social X una declaración inesperada, tratándose de él:
La monumental impresión de dinero que está generando el Banco Central de Bolivia es la causa principal para la elevada inflación y la pérdida de reservas internacionales que vive actualmente el país y afecte a los hogares bolivianos. El Banco Central, por instrucciones del… pic.twitter.com/WK3EcmjxmR
— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) May 24, 2025
Toda una declaración de principios. Ortodoxia económica pura. Una afirmación que bien pudo haber repetido el presidente liberal-libertario de Argentina, Javier Milei, quien ha popularizado como un credo aquello de que “la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario”.
Efectivamente, el déficit fiscal del Estado boliviano es persistente y, como no hay margen de más endeudamiento externo, para financiarlo las autoridades han recurrido a la emisión monetaria. Lo que, por cierto, ha exacerbado la presión sobre las reservas de divisas.
Por supuesto, se trata de un dardo envenenado que Evo le lanza a Arce, de quien se suponía, al ser elegido a finales de 2020, que al menos gestionaría eficazmente la economía boliviana. En contraste, el expresidente y dirigente cocalero puede presumir que durante sus 14 años de gobierno (2006–2019), el país del altiplano tuvo una de las tasas de inflación más bajas del mundo.
Pero como pocos tienen el talento de decir solo lo suficiente y muchos caen en la tentación de hablar de más, en ese mismo mensaje que citamos, Morales, luego de aportar datos oficiales acerca de la correlación entre la emisión monetaria, el crecimiento constante de los precios y la devaluación de la moneda nacional, agregó: “Luis Arce nunca aplicó nuestro modelo económico; por el contrario, lo terminó destruyendo al estilo de la derecha neoliberal”.
Una deshonestidad intelectual manifiesta, aunque muy corriente en la política. Porque lo cierto del caso es que Arce está recogiendo los frutos que él (como ministro de Economía) y Evo (como presidente) sembraron. Obviamente, el actual mandatario tiene una responsabilidad ineludible en la actual crisis, puesto que no ha corregido las causas que la han provocado.
Entre los años 2015 y 2021, Bolivia mantuvo una inflación relativamente baja y estable, con tasas anuales por debajo del 4 %. Este control se atribuyó a políticas fiscales prudentes y a diferentes subsidios que ayudaron a contener los precios. Pero, a partir de 2022, se observó un aumento gradual en la inflación. La disminución de ingresos por exportaciones y los problemas en la producción de hidrocarburos comenzaron a ejercer presión.
El año pasado, la tasa de inflación se aceleró, llegando al 7,26 %. Este incremento se debió a la escasez de divisas, problemas en la cadena de suministro y aumentos en los precios de alimentos y combustibles. En marzo de este 2025, el Banco Central reportó que la inflación interanual había alcanzado el 14,6 %, la más alta en más de tres décadas. Solo la inflación acumulada en el primer trimestre fue del 5 %, superando las tasas anuales de varios años anteriores.
Por otro lado, la deuda pública ha escalado a más de 43 mil millones de dólares, y las reservas internacionales se sitúan en torno a los 1.900 millones, limitando la capacidad del Estado para responder a la crisis. Pero el gobierno de Arce se niega a aceptar que el país esté en quiebra, atribuyendo los problemas a una “falta transitoria de liquidez”.
Según el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la deuda pública total (interna y externa) de Bolivia representaba el 45,1 % del Producto Interno Bruto (PIB) a septiembre de 2024, situándose por debajo de los umbrales internacionales de sostenibilidad. Además, el gobierno asegura que la deuda externa se redujo del 33 % del PIB en 2020 al 26,8 % en septiembre de 2024.
Pero el Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó que la deuda pública boliviana en realidad alcanzó el 84 % del PIB en 2023, debido al elevado gasto público y a un endeudamiento descontrolado.
Asimismo, un análisis de BMI (Business Monitor International) formula serias advertencias sobre la insostenibilidad fiscal y económica del país.
Año Deuda Pública (% del PIB)
2020 77,9 %
2021 81,4 %
2022 80,1 %
2023 88,4 %
2024 93,9 % (proyección)
2025 97,8 % (proyección)
De modo que las proyecciones económicas para este 2025 son desalentadoras. El FMI estima una inflación del 15,8 % y un crecimiento del PIB de apenas 1,1 %. En una situación crítica, el país requiere medidas urgentes y consensuadas para evitar un colapso mayor.
La auténtica causa de fondo de esta situación se encuentra en la dramática caída de las exportaciones: la producción de gas natural, principal fuente de divisas del país, se ha reducido a la mitad en la última década.
La falta de inversión en el sector ha llevado a Bolivia a importar el 86 % del diésel y el 54 % de la gasolina que consume. Para complicar más las cosas, el gobierno mantiene precios de combustibles artificialmente bajos, lo que ha incentivado el contrabando y generado pérdidas económicas significativas.
Bolivia ha sido históricamente un exportador importante de gas natural, sobre todo a Brasil y Argentina, lo que representaba una fuente crítica de ingresos y divisas. Sin embargo, de producir unos 61 millones de metros cúbicos diarios (MMmcd) de gas en 2014, la producción bajó a alrededor de 35 MMmcd en 2024.
Esta caída se debe a la falta de inversión en exploración y desarrollo de nuevos campos, en parte porque el modelo estatal dominante (posnacionalización de 2006) desincentivó a las empresas privadas.
En 2023 y 2024, los ingresos por exportaciones de hidrocarburos han disminuido en más del 40 % respecto a 2018.
Además, los contratos con Argentina y Brasil han sido renegociados en términos menos favorables, en parte porque esos países han desarrollado sus propias fuentes alternativas de energía.
Como el Estado boliviano depende de los ingresos del gas para financiar el presupuesto público, esa caída ha disparado el déficit fiscal (más del 8 % del PIB en 2024).
Asimismo, la crisis del gas ha provocado una serie de efectos interconectados, como dificultades para importar combustibles, que ahora deben comprarse a mayor costo.
Hay pocas dudas de que la nacionalización de los hidrocarburos impulsada por el gobierno de Evo Morales en 2006 ha tenido un impacto significativo en la evolución del sector, y muchos analistas coinciden en que ha sido un factor estructural importante en el deterioro actual.
Cuando el Estado, a través de YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos), tomó el control mayoritario (al menos 51 %) de las operaciones de las empresas extranjeras, impuso nuevas condiciones contractuales más restrictivas para las compañías privadas. Ello le permitió un aumento en la participación estatal de las ganancias del gas (hasta el 82 % en algunos casos). Fue el inicio de los años dorados. Esa decisión vino acompañada del incremento de los ingresos públicos, gracias al auge del precio internacional del gas y el petróleo.
Con eso se financiaron programas sociales, infraestructura y redistribución del ingreso, y Bolivia experimentó una década de crecimiento sostenido (2006–2014), con una reducción notable de la pobreza y la desigualdad.
Pero, en el mediano y largo plazo, se empezaron a manifestar las consecuencias estructurales negativas de ese modelo. El desincentivo a la inversión privada hizo que las empresas extranjeras (Repsol, Total, Petrobras, entre otras) redujeran sus inversiones por la pérdida de control y la baja rentabilidad bajo el nuevo esquema. Como Bolivia no atrajo nuevas inversiones importantes en el sector durante esos años, la exploración se estancó.
El Estado recibió ingresos récord de YPFB, pero no logró canalizarlos de manera eficiente hacia exploración y desarrollo. La empresa estatal sufrió problemas de corrupción, ineficiencia y politización, y, como resultado, los principales campos entraron en declive natural y no se descubrieron nuevos yacimientos relevantes.
Así, Bolivia pasó de ser un exportador seguro a tener dificultades para cumplir. De modo que la nacionalización, al desincentivar la inversión privada sin reemplazarla con una gestión estatal eficiente, marcó el rumbo de un modelo que, sin ajustes ni reinversión a tiempo, desembocó en la actual debacle del sector de los hidrocarburos bolivianos.
Todo se ha combinado con el enfrentamiento político entre Evo Morales y Luis Arce. Esta pugna ha generado divisiones internas en el partido gobernante, el Movimiento al Socialismo (MAS), y ha contribuido a la inestabilidad política y económica del país, condicionando la gestión del actual gobierno. Esa división entre “evistas” y “arcistas” ha paralizado la Asamblea Legislativa, dificultando la aprobación de leyes y créditos necesarios para la gestión gubernamental.
Si Arce estuviera aplicando políticas económicas ortodoxas, Evo lo estaría criticando también.
Esas tensiones se han manifestado en protestas y bloqueos de carreteras organizados por seguidores de Morales, en respuesta a su inhabilitación para las elecciones de 2025 y a procesos judiciales en su contra. Estos bloqueos han afectado la economía, causando escasez de alimentos y combustibles, y han generado pérdidas estimadas en 1.700 millones de dólares.
La Defensoría del Pueblo reportó 201 conflictos y 43 bloqueos en el primer trimestre de 2025, el doble que en el mismo periodo del año anterior. La mayoría de estos conflictos tienen causas económicas, como la escasez de combustible, la falta de divisas y el alza de precios, siendo las regiones más afectadas La Paz, Santa Cruz y Potosí.
Además, en mayo se registraron manifestaciones violentas lideradas por sectores cocaleros afines a Evo Morales, quienes amenazaron con interrumpir las elecciones si no se habilita su candidatura.
La confrontación también ha deteriorado las instituciones del Estado. Por ejemplo, en noviembre de 2024, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, aliado de Morales, promulgó una ley para cesar a los magistrados del poder judicial, en un intento de frenar decisiones que afectaban a Morales.
Esta es la crisis por partida doble en la que está sumergida la Hija Predilecta del Libertador. Evo Morales y Luis Arce se las arreglaron para destruir casi cuatro décadas de estabilidad económica, y poco les ha faltado para hacer lo mismo con la institucionalidad democrática.
