Daniel Gómez (ALN).- Los diputados fieles al gobierno de Daniel Ortega aprobaron este lunes una ley para eliminarle al presidente la competencia de cara a las elecciones de 2021. Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, critica el movimiento, se ofrece al diálogo con Ortega y recuerda que “los ciudadanos nicaragüenses deben poder ejercer sus libertades de expresión y asociación de manera efectiva”.
Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz.
Este es el nombre de la ley que la Asamblea Nacional de Nicaragua acaba de aprobar. Lo hizo de manera exprés. El gobierno de Daniel Ortega envió el proyecto el viernes, y el lunes por la mañana ya había recibido luz verde.
¿Por qué tanta prisa? Porque esta ley impide acudir a las urnas a los considerados “golpistas” o “terroristas”, prácticamente todos los que hacen oposición a Ortega en Nicaragua. De esta manera, el régimen se libra de competencia de cara a los comicios generales de 2021.
Este martes, el alto representante para la Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, compareció para analizar los últimos movimientos en Nicaragua. Dijo que la ley que se acaba de aprobar “es un paso más en la intimidación del pueblo nicaragüense, alejando al país del Estado de derecho”.
Un paso más porque en los últimos meses Ortega ha venido aprobando leyes para limitar la libertad de expresión y prensa, al tiempo que implementa una reforma constitucional para enviar a la cárcel a todo aquel que piensa distinto al gobierno.
“La UE espera que las autoridades nicaragüenses alineen su legislación, garanticen la implementación con las obligaciones internacionales de derechos humanos y promuevan el papel de la sociedad civil para que las organizaciones no gubernamentales y los movimientos de oposición puedan operar libremente. Los ciudadanos nicaragüenses deben poder ejercer sus libertades de expresión y asociación de manera efectiva”, apuntó Borrell, quien pidió avances tangibles en estas tres áreas:
– La “plena aplicación” de los acuerdos del 27 y 29 de marzo de 2019 entre el gobierno y la oposición cívica, que abría un espacio a la negociación de condiciones.
– La “plena cooperación y el retorno” de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Nicaragua.
– Un acuerdo sobre reformas electorales e institucionales entre el gobierno y la oposición “para garantizar elecciones justas y transparentes”.
Antes del reclamo de Josep Borrell, la oposición en Nicaragua y Human Rights Watch condenaron el movimiento de Ortega.
Juan Sebastián Chamorro, jefe de Alianza Cívica, el principal bloque de oposición al sandinismo, dijo en Twitter que Ortega debería ser el primer sancionado por la ley.
“A quien tendrían que aplicar una ley de este tipo es a Daniel Ortega, por todas las violaciones de derechos humanos que ha cometido y el daño que ha provocado”, apuntó.
José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, dijo que la ley “viola abiertamente el derecho humano a la participación política y ayudará a consolidar la dictadura de Ortega-Murillo [Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua]”.
Estados Unidos también respondió a la maniobra de Ortega. El mismo lunes que aprobaron la ley, el Departamento del Tesoro sancionó a tres funcionarios del gobierno de Ortega por “cooptar mecanismos judiciales o financieros para apoyar al régimen de Ortega en la identificación sistemática, intimidación y castigos contra la oposición política”.
Los sancionados fueron el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Marvin Aguilar; el diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez; y el jefe de Policía Fidel Domínguez. Con estos tres ya hay 27 funcionarios nicaragüenses sancionados por EEUU.
