Leticia Núñez (ALN).- La orden de Colombia de liquidar la filial de Gas Natural cuatro meses después de ser intervenida es el último conflicto protagonizado por una firma española en la región. Argentina, Bolivia o Venezuela también pusieron contra las cuerdas a Repsol, Santander y Telefónica. Noviembre de 2016. El Gobierno de Colombia intervino Electricaribe, la filial de la compañía española Gas Natural Fenosa (GNF) en el país. La empresa que preside el catalán Isidro Fainé, a la que acusaron de falta de inversiones y mantenimiento de las infraestructuras, había dejado de pagar a los suministradores de energía porque a su vez Electricaribe acumulaba facturas por 1.259 millones de euros (aproximadamente 1.340 millones de dólares) de clientes morosos. El embrollo de deudas terminó con la intervención. Este martes, cuatro meses después de aquel episodio, el Gobierno colombiano ha ido un paso más allá al ordenar la liquidación de Electricaribe por “no estar en condiciones de prestar servicio”. La devolución con condiciones a GNF o el traspaso a otro grupo empresarial eran el resto de opciones que estaban sobre la mesa.
Ahora, el país latinoamericano convocará una subasta pública para buscar nuevos operadores interesados. La Superintendencia de Servicios Públicos de Colombia, que ha rechazado el pago de una indemnización a la compañía eléctrica española, pretende pagar la deuda de 755 millones de euros (802 millones de dólares) que arrastra Electricaribe con lo que recaude en el proceso de venta.
El caso de Gas Natural Fenosa oscurece el panorama de las empresas españolas en América Latina y más concretamente en Colombia, donde el apetito inversor se ha disparado ante las oportunidades que podría generar el acuerdo de paz con las FARC. Es, además, el último ejemplo de una firma española con problemas en América Latina. Pese a que éstas aprendieron hace más de 25 años a navegar solas al otro lado del Atlántico, con cierta frecuencia hay quienes sufren aguas turbulentas.
En 2009, el Senado de Argentina dio luz verde a la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral
Le pasó a YPF en Argentina. Este es, quizá, el caso más sonado. El 16 de abril de 2012, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner declaró “de utilidad pública sujeta a expropiación” el 51% de las acciones del negocio argentino de la por aquel entonces Repsol-YPF. De ese porcentaje, el 51% pasó a manos del Gobierno nacional y el resto al control de las 10 provincias productoras de hidrocarburos. Dos años después, la petrolera española recibió una indemnización de 5.000 millones de dólares (4.700 millones de euros). Argentina le pagó con bonos públicos.
Tampoco soplan vientos de seguridad para Telefónica en Argentina. Y es que el gobierno de Mauricio Macri autorizó la semana pasada a la firma de telefonía Nextel, del Grupo Clarín, a empezar a ofrecer servicios 4G. De esta forma, pasará a competir con Movistar, Personal y Claro. Aunque Nextel ya poseía frecuencias en esas bandas gracias a la adquisición de otras compañías en el pasado, no ha tenido que participar en subastas de espectro, con altos precios, como hicieron sus competidores cuando se inició la puesta en marcha del 4G en 2014. No obstante, Nextel deberá realizar un pago compensatorio para equilibrar los montos desembolsados por Movistar, Personal y Claro, y asumir idénticas obligaciones de inversión para garantizar la cobertura.
“Mala administración”
Argentina tampoco se lo puso fácil a Aerolíneas Argentinas y Austral. A finales de 2009, el Senado dio luz verde a la expropiación de las firmas pertenecientes a Marsans. ¿El argumento? “La mala administración” por parte del grupo español tras meses de huelgas y vuelos anulados. En junio de 2010, Gerardo Díaz Ferrán traspasó la compañía tras suspender pagos en España. El gobierno de Fernández de Kirchner no hizo ningún desembolso para quedarse con la empresa, pero sí asumió un pasivo de 900 millones de euros (957 millones de dólares).
Kirchner nacionalizó en 2012 el 51% de las acciones del negocio argentino de Repsol-YPF / Foto: Repsol
Asimismo, en marzo de 2006, el gobierno liderado por Néstor Kirchner rescindió el contrato que tenía Buenos Aires con Aguas Argentinas, entre cuyos accionistas se encontraba Aguas de Barcelona (Agbar), controlada por La Caixa con un 25% de participación. El Ejecutivo alegó que existía un peligro potencial para la población por la detección de elevadas concentraciones de sustancias perjudiciales. Cinco años después se fijó una indemnización de 375 millones de euros (398 millones de dólares) a Suez Environment, la propietaria de Agbar.
Tensión en Bolivia
Más allá de Argentina, la inversión española también ha sufrido severos golpes en Bolivia. Solo dos semanas después de la expropiación de YPF, el presidente boliviano, Evo Morales, ordenó por decreto la nacionalización de la empresa Transportadora de Electricidad (TDE), filial de Red Eléctrica de España, que controla el 74% de las líneas de transmisión de electricidad del país. En 2014, según recoge el periódico El País, la compañía española comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que el acuerdo de compensación por la nacionalización tuvo un impacto favorable en el beneficio de 52 millones de euros (55 millones de dólares), esto es, el importe íntegro de la indemnización pactada, de 65,3 millones de dólares (61 millones de euros).
Anteriormente, en mayo de 2006, Morales firmó un decreto supremo que nacionalizó y dio al Estado el “control absoluto” de los hidrocarburos, incluidos los de la española Repsol. Todas las empresas extranjeras debían desde aquel momento entregar su producción a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.
Pero no solo eso. Unos meses antes, la Aduana Nacional de Bolivia demandó a Repsol YPF por un presunto delito de contrabando de petróleo valorado en más de nueve millones de dólares (7,5 millones de euros). Incluso, un fiscal boliviano lanzó una orden de busca y captura contra el presidente de Repsol en el país andino, Julio Gavito, que posteriormente fue revocada. El asunto se resolvió con una reunión entre Morales y el presidente de Repsol, Antonio Brufau, que reafirmó el compromiso de la petrolera con este país, pese a la tensión causada.
Además de Argentina y Bolivia, a Repsol también se le atragantó Ecuador. El Gobierno ecuatoriano anunció en 2008 la ruptura de relaciones laborales con la firma española, a la que acusó de haber dado marcha atrás en asuntos previamente acordados dentro de la negociación para cambiar la modalidad de sus contratos de participación en la producción a prestación de servicios. Pese a las dificultades que ha vivido años atrás en algunos países de América Latina, la compañía que preside Antonio Brufau presentó en febrero las mejores cuentas anuales de los últimos cuatro años: ganó 1.736 millones de euros (1.845 millones de dólares), 3.100 más que en 2015.
“El capital no se siente cómodo en mercados inestables”
Para mal trago, el que tuvo que pasar Banco Santander en Venezuela. La entidad que entonces presidía Emilio Botín perdió su negocio venezolano a finales de mayo a cambio de 1.050 millones de dólares (aproximadamente 980 millones de euros). Aunque la compensación que obtuvo el banco español fue inferior a la que pedía, registró una plusvalía de 325 millones de dólares (305 millones de euros) tras haber invertido un total de 430 millones en dos bancos comprados en 1997 y 2000.
Evo Morales ordenó por decreto la nacionalización de la empresa Transportadora de Electricidad, filial de Red Eléctrica de España
La del Banco de Venezuela fue de las primeras expropiaciones que decretó Hugo Chávez, espoleado por el boom de los ingresos petroleros, para levantar el denominado “socialismo del siglo XXI”, que hoy parece naufragar. Santander, como ya publicó ALnavío, negoció y cobró por sus activos. Sin embargo, otros inversores españoles no corrieron la misma suerte ante la ola estatizadora que emprendió Chávez. Un ejemplo: la canaria Agroisleña, que en 2010 y tras más de 50 años de actividades en el sector agrícola, pasó a manos estatales.
Hoy el dilema de muchas firmas españolas presentes en Venezuela es sobrevivir o tirar la toalla. Ya van tres años consecutivos de contracción del PIB, hiperinflación, falta de divisas e imposibilidad de repatriar dividendos. “El capital no se siente cómodo trabajando en mercados inestables”, sentenció el ejecutivo de una destacada compañía española en Venezuela, en declaraciones al diario ALnavío.
Aunque de otra índole, tampoco Enagás escapa a determinados problemas en América Latina. A comienzos de febrero, Perú canceló el contrato para construir el Gasoducto del Sur tras verse salpicado por el caso Odebrecht. La inversión, de 7.000 millones de dólares (6.585 millones de euros), ha sido la mayor en infraestructura en la historia del país. La paralización dejó a 15.000 personas sin empleo. A pesar de salir del Gasoducto, la empresa española asegura que sus relaciones con el Gobierno peruano gozan de buena salud y confía en recuperar los 260 millones de euros que destinó (275 millones de dólares) en los próximos tres años.
