Daniel Gómez (ALN).- Alena Douhan, relatora especial de Naciones Unidas, dijo que las sanciones al gobierno de Nicolás Maduro “han agravado las calamidades a los venezolanos”. Pareciera que esto es una victoria del chavismo. Mientras el oficialismo celebra las palabras de Douhan, la oposición asegura que la relatora se prestó para la propaganda del régimen. Y aunque en su diagnóstico hay inexactitudes, también se incluyen comentarios que dejan a Maduro en evidencia.
Alena Douhan, relatora especial de Naciones Unidas sobre medidas coercitivas unilaterales y derechos humanos, estuvo en Venezuela dos semanas. Habló con miembros del gobierno y de la oposición, con empresarios y organizaciones humanitarias, con activistas de uno y otro lado…
Tras 14 días de consultas, en una rueda de prensa el pasado viernes dijo que las sanciones tienen un “efecto devastador”, que “se multiplica por la extraterritorialidad y el sobrecumplimiento que afectan negativamente a los sectores público y privado, a los ciudadanos venezolanos, a las organizaciones no gubernamentales y a las empresas de terceros países”.
Apuntó que “las exenciones humanitarias son largas, costosas, ineficientes e ineficaces”.
Douhan afirmó incluso que Nicolás Maduro “no puede comprar vacunas porque no tiene derecho a usar su dinero”, aludiendo a los bienes que el equipo de Juan Guaidó protege en Reino Unido, Portugal y Estados Unidos, donde el líder opositor es reconocido como presidente interino. Aquí, por ejemplo, se echó en falta que dijera que buena parte de los problemas de Venezuela para conseguir vacunas se deben a las deudas generadas por el chavismo.
En cualquier caso, la visita de Douhan se sintió como una victoria del chavismo. Sobre todo porque desde la oposición que lidera Guaidó aseguran que la relatora se plegó a la retórica del régimen.
“La relatora especial sobre las medidas coercitivas presentó su informe sobre Venezuela. Lamentamos que un funcionario de Naciones Unidas se preste para la propaganda y narrativa que excusa al régimen de su responsabilidad en la emergencia humanitaria y la violación de derechos humanos”, afirmó Miguel Pizarro, comisionado de Guaidó ante la ONU.
“Lamentamos las imprecisiones de la relatora y la falta de mención a temas como corrupción, ineficiencia, violencia política y uso del hambre como herramienta de control social y político. Esto es prestarse para la propaganda del régimen”, agregó el comisionado.
Pero no es del todo cierto que la relatora obviara lo que dice Pizarro. En el informe preliminar, la relatora critica las malas prácticas de Maduro, denuncia la persecución de las ONGs, condena la falta de transparencia de “la ley antibloqueo”, le pide al gobierno más colaboración con la oficina de la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet -quien es la que documenta las violaciones en Venezuela a nivel general- e insta a no politizar los esquemas de ayuda humanitaria.
Además, en la rueda de prensa lanzó una frase reveladora: “Las sanciones han exacerbado las calamidades preexistentes”. Es decir: las calamidades existían antes que las sanciones.
Los comentarios que dejan en mal lugar a Maduro
La crisis económica comenzó antes que las sanciones. “El declive de la economía comenzó en 2014 con la caída de los precios del petróleo. Entre otros factores queafectan la economía de Venezuela, se han citado la mala gestión, la corrupción y los controles estatales de precios”, dice el informe preliminar, el cual agrega que las sanciones no hacen sino “exacerbar los desafíos antes mencionados”: mala gestión, corrupción y controles de precios. Malas prácticas del gobierno de Maduro que no tienen que ver con las sanciones.
Denuncia la persecución de ONGs humanitarias. Si bien la relatora celebra que el gobierno de Maduro colabore más estrechamente con agencias de la ONU (PNUD, Unicef, ONUSida, OPS), denuncia la persecución que están viviendo instituciones y trabajadores humanitarios en Venezuela. “A pesar de la intensificación del trabajo con actores humanitarios, se han reportado algunos casos de vigilancia y enjuiciamiento del personal de ONGs nacionales involucradas en trabajo humanitario”. Sobre este punto también dijo: “Preocupan los informes de mala gestión en la distribución de ayuda humanitaria, la vigilancia y el enjuiciamiento del personal de las ONGs nacionales que participan en la labor humanitaria y la ausencia de reglamentos provisionales para la labor de las ONGsinternacionales”.
Falta de transparencia en la ley antibloqueo de Maduro. En referencia a las sanciones secundarias de Estados Unidos, Douhan contempla “con preocupación las denuncias de amenazas a empresas privadas y donantes de terceros países, socios y organizaciones humanitarias”, pero también le “preocupa” la “introducción de cláusulas de secreto en la Ley Constitucional Antibloqueo de Venezuela en lo que respecta a la identidad de los socios correspondientes”. Una medida que iría en contra de la transparencia que le pide la ONU a todos sus Estados miembros.
Le recuerda que no puede bloquear el trabajo con Bachelet. El gobierno de Maduro esperaba con los brazos abiertos la visita de esta relatora cuyo trabajo, vale la pena apuntarlo de nuevo, era documentar el impacto de las sanciones internacionales. En cambio, el análisis general de las violaciones de derechos humanos, ese al que Maduro pone tantos reparos, corre a cargo de la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet. Y en este sentido, el informe de Douhan también es un mensaje para Maduro: que implemente los acuerdos con Bachelet. “Si bien reconoce el efecto devastador de las sanciones unilaterales sobre el amplio alcance de los derechos humanos, especialmente el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a la educación y el derecho al desarrollo, la relatora especial llama al gobierno de Venezuela y a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos [ACNUDH] para implementar plenamente el acuerdo de cooperación firmado entre ellos, fortalecer la presencia del ACNUDH sobre la base de monitorear, entre otras cosas, el impacto de las sanciones unilaterales y organizar visitas de los procedimientos especiales pertinentes al país”. Cabe apuntar que ese acuerdo de cooperación firmado entre Maduro y Bachelet también obliga al gobierno venezolano a liberar a “todos los presos políticos”, a celebrar elecciones democráticas, a poner fin a su política “para neutralizar” a la oposición y garantizar la justicia a las víctimas.
Insta a Maduro a no politizar la ayuda humanitaria. No es casualidad que la relatora “inste” a Maduro “a negociar un acuerdo para garantizar la distribución transparente, justa y no discriminatoria de bienes de primera necesidad y ayuda humanitaria bajo el control de instituciones internacionales independientemente de la raza, género, nacionalidad, edad, creencias religiosas u opiniones políticas, teniendo debidamente en cuenta los grupos con necesidades especiales”. Tampoco es casualidad que pida “redactar una legislación clara y no discriminatoria que permita y facilite el trabajo humanitario de las ONGs internacionales y nacionales en Venezuela, y a garantizar la seguridad e integridad personal”. Douhan pone el foco en la no discriminación. Desde el gobierno de Maduro se ha tratado de politizar la ayuda humanitaria. De ahí el carnet de la patria y las bolsas de ayuda CLAP que ha definido Bachelet como “herramientas de control social”, y, recientemente, el anuncio de Maduro de vacunar antes que a nadie a los militantes de Somos Venezuela, quienes conforman el movimiento político que lidera Maduro junto con la vicepresidenta, Delcy Rodríguez.
