Pedro Benítez (ALN).- Por lo visto, para muchos actores políticos es lícito que un Estado viole masivamente los Derechos Humanos de su pueblo siempre y cuando sea amigo (financista) de ellos y enemigo de los Estados Unidos. Esta ideología viene a ser suficiente. La polémica en torno a la decisión del Consejo de DDHH de la ONU de prorrogar el mandato de la Misión Internacional de Determinación de Hechos por dos años en Venezuela ha puesto de manifiesto la catadura política de personajes como Juan Carlos Monedero, Hebe de Bonafini y Alicia Castro. Gente que no sólo no cree en la democracia ni en la defensa de los Derechos Humanos, sino que los usan para socavarlos.
Desde las dos orillas del Atlántico, Juan Carlos Monedero, Hebe de Bonafini y Alicia Castro se oponen públicamente a que se sigan investigando las violaciones a los Derechos Humanos en Venezuela.
Su alineamiento fue automático, casi instintivo, en contra del voto de Argentina el martes pasado en el Consejo de DDHH de las Naciones Unidas (ONU) a favor de una resolución que extendió por dos años el mandato de la Misión Internacional de Determinación de Hechos que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos bajo el régimen de Nicolás Maduro.
La decisión del Consejo no fue condenar a Maduro ni a sus colaboradores, ni actuó como tribunal. Se limitó a respaldar la labor de la Misión en medio de la dura campaña internacional que los medios afines o controlados por Maduro, y sus aliados, han llevado en su contra.
Sin embargo, este grupo defiende sin ningún rubor a un régimen cuya naturaleza antidemocrática y brutal es más que evidente para cualquier observador mediamente objetivo.
El informe de la Misión Internacional de Determinación de Hechos viene precedido, como es más que conocido, por otros dos realizados por la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, a quien en la misma resolución se le solicita que siga vigilando la situación de los Derechos Humanos en Venezuela y cuya trayectoria política no se puede asociar con eso que llaman “la derecha”.
La Misión de Determinación de Hechos registró más de 2.000 muertes desde enero de este año por parte de las fuerzas de seguridad al servicio de Maduro. 711 ocurrieron sólo desde el mes de agosto. Cifra escalofriante que se suma a los 18.000 que de 2015 a 2019 han documentado diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos dentro y fuera de Venezuela como Human Rights Watch.
Todos confirman, una y otra vez, el patrón de ejecuciones extrajudiciales, las torturas, las violaciones sexuales, las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzosas y la persecución contra la oposición política y las opiniones críticas.
Cualquier dirigente democrático con un mínimo de integridad personal tomaría, por lo menos, distancia de un régimen con esas características. Pero como sabemos, la política no funciona así y se suele imponer la solidaridad automática.
El doble rasero de la izquierda
No obstante, en ciertos niveles se intenta guardar las formas. Pero ha ocurrido desde hace mucho tiempo que en la izquierda en particular se aplica un doble rasero con la democracia y los derechos humanos. Se condena (con toda razón) a dictadores como Augusto Pinochet o Rafael Videla, pero se defiende (hasta con pasión) a dictadores de signo contrario como los hermanos Fidel y Raúl Castro. Lo que es bueno para unos no lo es para los otros.
Es lo que ocurre con Nicolás Maduro. Un elemental sentido de cálculo político llevaría a los antiguos aliados (simpatizantes) del expresidente Hugo Chávez a tomar distancia de su heredero y sucesor. Pero a algunos les cuesta mucho hacer eso, aunque se ponga en evidencia una ciclópea contradicción política.
Así por ejemplo, Monedero no cesa de recodar la represión que padeció España durante la dictadura de Francisco Franco, y de usar el tema para acusar sistemáticamente a sus oponentes políticos (sin importar su pasado o ideología) con el epíteto de franquistas.
Por su parte, la señora Hebe de Bonafini es mundialmente conocida como la presidenta (nada más y nada menos) de las Madres de Plaza de Mayo, organización dedicada desde la última dictadura militar argentina a denunciar las violaciones a los Derechos Humanos ocurridas durante esa etapa de la historia de ese país. No obstante, eso no la ha limitado para proferir exabruptos, como aquel en el cual expresó su satisfacción personal por el atentado a las Torres Gemelas de Nueva York en septiembre de 2001.
En esta oportunidad ha saltado a atacar al canciller argentino Felipe Solá por el voto de su representación en el Consejo de DDHH de la ONU: “Estoy avergonzada de lo que hicieron ayer, avergonzada del canciller. Es un tipo que no sabe dónde está parado ni qué es lo que está representando”.
No conforme con eso Bonafini agregó: “Le quiero pedir perdón al pueblo de Venezuela, a Maduro y también a Néstor y a Chávez, porque Chávez nos dio una mano cuando nadie nos la daba, nos dio dinero”.
Coincido con @AliciaCastroAR: la @CancilleriaARG no puede votar la Resolución del Grupo de Lima, creado por los EEUU con el propósito explícito de desintegrar nuestro bloque regional e intervenir en Venezuela. Argentina debiera votar con @lopezobrador_ No con Bolsonaro y Piñera https://t.co/aNs2itgnhE
— Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) October 6, 2020
¿Conspiración contra Alberto Fernández?
Pero quien marcó la pauta de visceral reacción fue Alicia Castro, exembajadora de Argentina en Venezuela durante el gobierno de la pareja Kirchner. En una carta pública de renuncia a su postulación como embajadora en Rusia miente, deliberadamente, al afirmar que los tres miembros de la Misión de la ONU fueron designados “por el Grupo de Lima”, atribuyendo a este, y no al Consejo de DDHH, la autoría de la resolución.
El texto de su misiva parece calcado de las reacciones del canciller de Maduro. Pero ahí no queda el asunto, pues aprovecha de atacar al acosado gobierno de Alberto Fernández, desatando una tormenta en pleno desarrollo dentro de las filas kirchneristas.
Alicia Castro (acompañada de Monedero) se queja de la injerencia “imperial” en los asuntos internos de Venezuela, pero lo que parece más bien es una injerencia del régimen que domina a Venezuela en los asuntos internos de Argentina.
Recordemos que desde el año pasado Diosdado Cabello viene cuestionando la lealtad personal de Alberto Fernández hacia Cristina Kirchner.
Lo cierto es que el voto argentino en el Consejo de DDHH ha sorprendido a propios y extraños. Hasta la semana pasada el canciller Solá repetía los mismos cuestionamientos de la gente de Maduro hacia la Misión de la ONU. Y su embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Carlos Raimundi, había calificado de “sesgado” su informe.
Atilio Borón, otro incondicional del chavismo en Argentina, ha resumido el argumento central de los defensores de Maduro: “la ofensiva de EEUU contra el pueblo venezolano”. Ofensiva a la que se estaría sumando Alberto Fernández.
De modo que, por lo visto, es lícito que un Estado viole masivamente los Derechos Humanos de su pueblo siempre y cuando sea enemigo de los Estados Unidos. Esta viene a ser la ideología suficiente.
Lo que revela esta nueva tormenta en torno a Venezuela es que este grupo de incondicionales no cree en la democracia. Si pudieran (y están trabajando en ese propósito) gobernarían sus países como lo hace Maduro en Venezuela. De hecho, la carta de Alicia Castro lo que asoma es la conspiración que contra Alberto Fernández y las instituciones democráticas argentinas está en marcha desde el kirchnerismo. Exactamente la misma agenda (no tan) oculta de Podemos en España, por más insólito que puede parecer.
