Ysrrael Camero (ALN).- A pesar de que el presidente Pedro Sánchez señaló que existe un solo gobierno, el suyo, y que éste tendría “muchas voces”, pero “una sola palabra”, los conflictos generan cicatrices, y la desconfianza no se ha disipado del todo. La creación sorpresiva de una cuarta Vicepresidencia, también en manos del PSOE, fue un primer indicador de que Sánchez tiende un cordón moderador alrededor de Iglesias.
En medio de un clima político enrarecido y crispado, se ha formado el primer gabinete del nuevo gobierno de coalición en España, dando los primeros pasos de una legislatura que se avizora complicada. Se han generado grandes expectativas en los sectores progresistas, y se han disparado todas las alarmas en los conservadores, pero la política social expansiva de derechos y protectora sólo podrá avanzar si se generan más ingresos fiscales.
La relación entre el PSOE y Unidas Podemos nunca ha sido sencilla. Desde un primer momento, la exigencia de regeneración democrática, que pretendió capitalizar Podemos, se enfocaba en desplazar el lugar que el PSOE tenía en el votante progresista español.
No se pudo “asaltar los cielos”, pero fue posible alcanzar una vicepresidencia y cuatro ministerios coaligándose con Pedro Sánchez, flamante secretario general del PSOE, luego de que éste derrotara a todos los barones socialistas y se hiciera con el control del centenario partido. Pablo Iglesias ha asumido lealmente los costos derivados de ser el segundo.
A pesar de que el presidente Pedro Sánchez señaló que existe un solo gobierno, el suyo, y que éste tendría “muchas voces”, pero “una sola palabra”, los conflictos generan cicatrices, y la desconfianza no se ha disipado del todo. La creación sorpresiva de una cuarta Vicepresidencia, también en manos del PSOE, fue un primer indicador de que Sánchez tiende un cordón de moderación alrededor de Iglesias.
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Los cuatro de Iglesias
La apuesta de Pablo Iglesias dentro de la coalición es protagonizar los esfuerzos en la recuperación de una política social protectora de los más vulnerables y expansiva en materia de derechos. Un éxito en esos temas podría fortalecer a Unidas Podemos como organización para elecciones posteriores, a ver si al cielo se puede llegar por las escaleras.
Cuatro ministerios pasan a ser dirigidos por gente del equipo del vicepresidente Iglesias. Un grupo mayoritariamente joven, proveniente del mundo de los movimientos sociales, de la izquierda o del entorno académico.
La psicóloga Irene Montero, esposa de Iglesias, estará en el Ministerio de Igualdad, al que le dará un fuerte impulso feminista y de género. Alberto Garzón, economista proveniente de Izquierda Unida, y uno de los responsables de la coalición entre esta organización y Podemos, dirigirá el nuevo Ministerio de Consumo, desde donde coordinará las políticas de protección al consumidor, incluyendo la polémica regulación del juego. Las competencias de esta cartera se encontraban integradas anteriormente en el Ministerio de Sanidad, que se queda en manos del PSOE.
En el Ministerio de Universidades ha sido designado el conocido sociólogo Manuel Castells, uno de los mayores especialistas españoles en temas de globalización, el más veterano del gabinete, y considerado un intelectual de renombre. Su nombre fue propuesto por el equipo de Ada Colau, En Comú Podem, desde Barcelona. El impacto efectivo de su acción política se encuentra limitado, porque las políticas educativas, incluso en materia universitaria, son competencia de la Comunidades Autónomas.
Desde el Ministerio del Trabajo, Yolanda Díaz Pérez, abogada proveniente de Izquierda Unida, impulsará la creación de un nuevo marco laboral, dentro del Pacto de Toledo, intentando restablecer los equilibrios entre trabajadores y patronos que considera rotos por la reforma laboral realizada en el gobierno de Mariano Rajoy. A este ministerio se le han desprendido las competencias en materia de Seguridad Social y de migraciones, que también permanecerán en manos del equipo proveniente del PSOE.
El cordón tecno-político socialista
Alrededor de los cuadros políticos de Iglesias se constituye, con las vicepresidentas y los ministros socialistas, un círculo de contención política y técnica que funcionará como moderador, proyectando una imagen sólida frente a la Unión Europea, el empresariado nacional y los mercados globales.
De allí la importancia de recorrer los perfiles del equipo socialista de Pedro Sánchez en el gobierno de coalición. A la cabeza de la Vicepresidencia primera, repite la andaluza Carmen Calvo, doctora en Derecho Constitucional, quien goza de la mayor confianza de Sánchez, y que siendo ministra de Presidencia y Relaciones con las Cortes, asumirá el tema de la Memoria Democrática. Es un cuadro muy cercano al presidente y el vínculo con los temas de la reforma política.
El más alto perfil técnico de la gestión económica lo tiene la economista Nadia Calviño, como vicepresidenta encargada de coordinar los asuntos económicos y la transformación digital. Calviño tiene puertas abiertas en Bruselas, gozando de prestigio dentro de los equipos técnicos de la Unión Europea.
Alrededor de los cuadros políticos de Iglesias se constituye, con las vicepresidentas y los ministros socialistas, un círculo de contención política y técnica que funcionará como moderador, proyectando una imagen sólida frente a la Unión Europea, el empresariado nacional y los mercados globales.
Tras la realización de la COP25 en Madrid, con resultados escasos, el nombramiento de Teresa Ribera como vicepresidenta cuarta, dedicada a la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, brinda un mensaje respecto a las prioridades del nuevo gobierno tanto en materia ambiental como en su política frente a la España vaciada.
María Jesús Montilla no sólo dirigirá el Ministerio de Hacienda sino que se convierte en la vocera del nuevo gobierno. A ella tocará equilibrar las presiones para aumentar el gasto y la disponibilidad de recursos del Ejecutivo.
La incorporación del secretario de Organización del PSC, Salvador Illa, como nuevo ministro de Sanidad, fortalece el vínculo del gobierno de Sánchez con los socialistas catalanes, que será importante para desarrollar una política de desescalamiento del conflicto territorial que se vive con dicha Comunidad Autónoma. El magistrado Juan Carlos Campo, nuevo ministro de Justicia, es otro cuadro socialista sevillano, pareja de Meritxell Batet, presidenta del Congreso de los diputados.
La economista María Reyes Maroto, quien fue diputada socialista en la Asamblea de Madrid, seguirá en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Mientras que José Luis Ábalos, secretario de Organización del PSOE y perteneciente al círculo de mayor confianza de Sánchez, seguirá a la cabeza del Ministerio de Fomento, denominado ahora de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana.
También se ratificó a Margarita Robles en el Ministerio de Defensa, Isabel Celaá en el Ministerio de Educación y Formación Profesional, aunque pierde sus atribuciones de vocera del gobierno, y Luis Planas en Agricultura, Pesca y Alimentación.
Se incorpora a la socialista canaria Carolina Darias como ministra de Política Territorial y Función Pública, otro puesto importante al tener que manejar las relaciones con las Comunidades Autónomas, siendo especialmente delicadas con las instituciones catalanas. De la Asamblea de Madrid proviene el socialista José Manuel Rodríguez Uribes, quien será ministro de Cultura y Deportes.
Los independientes de Sánchez
Los miembros independientes del gabinete acentúan el perfil técnico y profesional del nuevo gobierno, limitando la presión de UP, pero evidenciando también el control personal y directo que tendrá el presidente sobre su gestión, ya que sus nombramientos no tienen atadura partidista directa.
Del Ministerio de Trabajo se han desprendido todas las atribuciones de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, que pasan a conformar las competencias de un nuevo ministerio, dirigido por el independiente José Luis Escrivá, quien presidía la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). La labor de Escrivá será clave para darle viabilidad presupuestaria a cualquier iniciativa de modificación de la seguridad social española, uno de los puntos prioritarios de la agenda progresista.
La incorporación de la jurista Arantxa González Laya como ministra de Asuntos Exteriores, fortalece el perfil técnico y económico del gabinete de Sánchez de cara a la comunidad tecno-económica global. Viene de ser portavoz de la Comisión Europea y jefa de gabinete durante el mandato de Pascal Lamy en la OMC, siendo, desde 2013, directora ejecutiva del Centro de Comercio Internacional, agencia de desarrollo conjunta de la OMC y de las Naciones Unidas.
El magistrado independiente Fernando Grande-Marlaska, conocido por la instrucción de las causas contra ETA, es ratificado como ministro del Interior. Pedro Duque, uno de los altos perfiles técnicos incorporados por Sánchez en 2018, sigue en el Ministerio de Ciencia, pero las competencias en materia universitaria han sido desplazadas al ministerio que se encontrará ahora en manos de Castells. Esta separación entre Ciencia y Universidades no ha dejado de levantar críticas en la comunidad académica y científica.
Detrás del funcionamiento cotidiano del gabinete asume un carácter estratégico el asesor político Iván Redondo, quien ha sido el estructurador de varias jugadas maestras de Sánchez, empezando por la moción de censura que lo catapultó a la Presidencia. Redondo es ratificado como director de Gabinete de la Presidencia, fortalecido en sus poderes, siendo director de la oficina de estudios prospectivos y coordinador de la estrategia de comunicaciones del gobierno.
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Los nudos gordianos a resolver
Este gobierno no avanzará mucho sin encarar y resolver varios nudos gordianos.
Lo primero es la política fiscal, fundamentalmente en lo que se refiere a la reforma del sistema tributario, para hacerlo más progresivo, sin ahuyentar las inversiones. La reforma tributaria será la disputa central para hacer posibles las políticas sociales progresistas que implicarían un mayor gasto. Los empresarios desconfían pero si no hay cambios sustantivos en los ingresos del Estado la política social no pasará de declaraciones.
El segundo centro de disputa que debe encararse es la reforma política, y eso pasa por el Senado, para lo que es imprescindible algún tipo de acuerdo con el Partido Popular, hoy negado e intransigente.
El tercer nudo, vinculado con el anterior, es la relación con los nacionalistas catalanes, que exigen la reforma política en materia territorial, pero que necesitan llegar fuertes a las próximas elecciones autonómicas.
