Ysrrael Camero (ALN).- Terminar con la deriva independentista en Cataluña es uno de los más importantes objetivos políticos del gobierno de España. Tras convertir a Esquerra Republicana de Catalunya en socio preferente, e iniciar la mesa de negociación, el último movimiento fue postular al ministro de Sanidad, Salvador Illa, como cabeza de lista del Partido de los Socialistas de Cataluña. El efecto en las encuestas ha sido inmediato, moviendo el tablero político autonómico.
La deriva independentista catalana, el denominado procés, no sólo ha trastornado el funcionamiento de la política en dicha Autonomía, sino que ha tenido impacto sobre todo el sistema político español. De igual manera, en la medida que la escalada del catalanismo hacia posturas independentistas se convertía en el gran eje diferenciador dentro de la misma sociedad catalana la economía se resintió.
La decisión de avanzar hacia un proceso independentista destruyó a Convergencia i Unió (CiU), coalición catalanista, conservadora y moderada, que dominó el panorama catalán desde la Transición Democrática, vinculada a la figura de Jordi Pujol. Los restos del universo convergente se encuentran hoy dispersos entre varias organizaciones políticas, enfrentadas entre sí.
En el mismo sentido, la radicalización independentista produjo un deslizamiento en las izquierdas catalanas. El Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC), vinculado al PSOE pero con su propia tradición y liderazgo, sufrió el sorpasso de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que acentuó su agenda soberanista en una sociedad crecientemente polarizada, capitalizando mucho ciudadano de izquierdas que antes votaba socialista.
El sistema se fragmentó tanto que una pequeña organización asamblearia y radical, la Candidatura de Unidad Popular (CUP), llegó a determinar el destino de la presidencia del gobierno catalán, como ocurrió con la caída de Artur Mas.
También arrastró a la política española. Vinculado tanto a la emergencia nacional de Ciudadanos (Cs), que pasó de ser un partido autonómico catalán a una organización de alcance nacional, como a la irrupción de Vox, drenando desde la derecha a una parte importante del tradicional electorado del Partido Popular (PP), el tema catalán ha contribuido a la fragmentación del Parlamento español.
Hasta 2018, los intentos de desactivar la deriva independentista del catalanismo desde el gobierno central no hicieron sino enervarlo más, en una escalada polarizadora que incrementó la distancia entre las élites instaladas en Madrid y en Barcelona.
Oponer al discurso identitario catalanista un discurso identitario españolista ayudó mucho a Vox, pero poco a acercar a los ciudadanos catalanes a un proyecto de vida en común dentro de España.
La aplicación del artículo 155 de la Constitución, y los juicios contra los responsables del “referéndum”, no redujeron significativamente el apoyo que alrededor de la mitad de los ciudadanos catalanes mostraban al independentismo. Aunque el proyecto de declarar una República catalana independiente se evidenciaba fallido, la fractura entre los catalanes persistía.
La maniobra de Pedro Sánchez para desactivar el procés
La coalición entre el PSOE de Pedro Sánchez y Unidas Podemos, con Pablo Iglesias a la cabeza, implicó una nueva perspectiva para hacer frente, detener y revertir el deslizamiento independentista catalán.
Salir de la trampa identitaria, y asumir un clivaje de diferenciación más ideológico, permitió incorporar el apoyo recurrente de ERC al gobierno de coalición, a cambio de instalar una mesa de negociación con los catalanes. Esto también implicaba ir separando a los republicanos de sus socios conservadores.
Los procesos judiciales han seguido su curso. A la condena contra los responsables del referéndum se incorporó la inhabilitación de Quim Torra, presidente del gobierno catalán, lo que derivó en la convocatoria a elecciones para el 14 de febrero.
Las encuestas catalanas, que hemos referido en un artículo previo, mostraban que ERC desplazaba a los restos del universo convergente dentro del independentismo, pero faltaba dar un golpe de efecto que incrementara la capacidad de maniobra de los socialistas catalanes.
El efecto Illa sobre la política catalana
Esta última maniobra ha sido el retorno de Salvador Illa, actual ministro se Sanidad, como cabeza de lista del PSC para las elecciones autonómicas de febrero, desplazando a Miquel Iceta. Decisión votada, de manera unánime, por la Ejecutiva del partido catalán el pasado 29 de diciembre.
No es una propuesta temeraria, sino calculada. Salvador Illa, quien es dirigente de los socialistas catalanes desde 1995, se convirtió en secretario de Organización del partido desde 2016. Anteriormente había sido alcalde de la Roca del Vallés, entre 1995 y 2005, trabajando posteriormente en la Generalitat de Cataluña y en el Ayuntamiento de Barcelona.
Fue uno de los más relevantes dirigentes del PSC que participaron en la manifestación anti-independentista del 8 de octubre de 2017, “Prou! Recuperem el seny”, que organizó la Sociedad Civil Catalana.
Como actor clave en varias negociaciones políticas, incluyendo la realizada con Junts per Catalunya, para que el PSC gobernara la Diputación de Barcelona en 2019, contribuyó a construir alianzas. También intervino en el acuerdo entre el PSC y los Comunes, que aseguró la permanencia de Ada Colau en la alcaldía de Barcelona en junio de ese mismo año. Fue parte del equipo que negoció la abstención de ERC, en enero de 2020, para permitir la investidura de Pedro Sánchez.
El efecto de su selección como cabeza de lista del PSC, aunque no fue una sorpresa, dado que se esperaba desde octubre, tuvo un impacto político inmediato en Cataluña. Una encuesta del Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública (Gesop), realizada para El Periódico de Cataluña, mostró un importante incremento del apoyo al PSC, que podría alcanzar 24,1% de los apoyos, y duplicar su representación en el Parlamento catalán, llegando hasta 35 diputados. En otra encuesta, realizada por GAD3, se le otorga sólo 20,5% de apoyo al PSC, obteniendo con ello entre 29 y 30 escaños, quedando en tercer lugar, detrás de ERC y de Junts.
Este crecimiento es un elemento necesario para seguir normalizando Cataluña. Este denominado “efecto Illa” incrementa mucho la capacidad del PSC, y del PSOE desde Madrid, para negociar con ERC y los Comunes la continuidad en la desescalada de las tensiones con Cataluña.
Aunque tanto republicanos como socialistas se han mostrado absolutamente negados a la posibilidad de un nuevo gobierno tripartito de las izquierdas catalanas, su posibilidad matemática y el desplazamiento de la disputa política fuera del terreno identitario, podrían llegar a hacerlo posible, o al menos implicarían un cambio importante en las relaciones entre la Moncloa y el Govern catalán.
Ha sido tan importante el impacto generado por la postulación de Salvador Illa sobre el mapa de la política catalana, que sectores vinculados a Junts per Catalunya han presionado para la postergación de las elecciones, usando como excusa la tercera ola del covid. Las placas continúan moviéndose.
