Daniel Gómez (ALN).- Al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, no se le puede negar que despierta admiración entre su gente. La prueba es que en las elecciones legislativas de este 2021 arrasó, haciéndose con el control del Parlamento. Pero su gobierno, más que gestos populares, ha tenido polémicas que cuestionan su porte demócrata.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se define como el más mandatario “más cool” de América Latina. Lo dice por ser milenial, despedir ministros a través de Twitter y conducir Ferraris.
Bukele, quien lleva casi dos años en la presidencia, aún acumula altas dosis de popularidad, pero también un buen número de polémicas. La última fue el golpe al Poder Judicial este fin de semana.
En la primera sesión de la Asamblea Legislativa, apenas ocho horas después de ser instituida, los miembros de su partido, Nuevas Ideas, aprobaron la destitución de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, sustituyéndolos por jueces afines. También sustituyeron al fiscal general, Raúl Melara, una figura con prestigio en El Salvador por su lucha contra la corrupción.
Con esta acción, Bukele se hizo con el control de los tres poderes en el país, pero también con la atenta mirada de la comunidad internacional, en especial la de su socio predilecto, Estados Unidos. Tanto la vicepresidenta, Kamala Harris, como el secretario de Estado, Antony Blinken, han hecho pública su preocupación por los actos en El Salvador.
“Un Poder Judicial independiente es fundamental para una democracia sana y para una economía fuerte”, escribió Harris en Twitter.
En una llamada telefónica, Blinken le pidió a Bukele “reforzar las instituciones democráticas y la separación de poderes”. Un mensaje que va en la línea con la exigencia de la Corte Interamericana de Justicia al gobierno salvadoreño.
La Oficina en Washington para Asuntos de América Latina (WOLA) también tuvo un mensaje para Bukele.
“El presidente y sus aliados están usando su nueva mayoría en la Asamblea para destituir adversarios políticos. Este es un claro ataque a las instituciones democráticas del país y una preocupante concentración de poder”, dijo Geoff Thale, director de WOLA.
Organizaciones del país también han puesto el foco en la deriva autoritaria de Bukele.
“Mediante la cooptación de la justicia pretenden consumar un ya incuestionable proyecto político autoritario en el que todos los poderes responden a una sola persona”, dijo un comunicado de 25 organizaciones de la sociedad civil salvadoreña, entre ellas gremios empresariales.
Pero la de este fin de semana no es la primera acción de Bukele que inquieta al mundo. Estas tres polémicas ya supusieron un aviso de cómo sería su gobierno.
La militarización del Parlamento por orden divina
En febrero de 2020, el presidente de El Salvador actuó por un impulso divino. Fue su primera crisis política en el cargo.
Por aquel entonces, Bukele no controlaba el Parlamento. Y los diputados habían rechazado un plan presidencial que supuestamente mejoraría la integridad y la seguridad del país. Eso no le gustó al mandatario, quien reunió a policías y militares e ingresó en la Asamblea Legislativa aludiendo a “un derecho divino”.
Bukele se sentó en la mesa del presidente de la Asamblea e inició la sesión rezando para luego desafiar a los parlamentarios.
“Sólo se sientan a aprobarse cosas para ellos mismos, pero nunca para el pueblo salvadoreño”, apuntó para luego instarles a aprobar su plan de seguridad. “Si estos sinvergüenzas no aprueban esta semana el Plan de Control Territorial, nos volvemos a convocar aquí el domingo”.
La presión divina de Bukele no prosperó, pero un año después, su partido, Nuevas Ideas, arrasó en las elecciones legislativas y controló la Cámara a través de las urnas.
Los acuerdos de paz de El Salvador son una “farsa”
Otro de los cuestionamientos por los que más se ha señalado a Bukele son los acuerdos de paz que hace 29 años terminaron con una guerra civil en El Salvador. Un conflicto que dejó más de 75.000 muertos y que se resolvió gracias al auspicio de la ONU.
Entre finales de diciembre de 2020 y enero de este año, el presidente inició una embestida contra los acuerdos catalogándolos de farsa.
En este tiempo ha dicho que “la firma de los acuerdos de paz no representó ninguna mejora para la población en sus derechos más básicos”. Que fue “el inicio de una etapa de mayor corrupción y exclusión social y el enriquecimiento de manera fraudulenta de los mismos sectores firmantes de los acuerdos”. Y que está “mancillando los acuerdos porque fueron una farsa, una negociación entre dos cúpulas”.
Precisamente esta última afirmación tuvo lugar en El Mozote, donde en 1981, en el marco de la guerra civil, el Batallón Atlácatl del Ejército de El Salvador mató al menos 552 niños y 434 adultos, entre ellos 12 mujeres embarazadas. Todos eran campesinos que se vieron afectados por una operación que tenía como objetivo arrasar con una guerrilla de izquierda.
Mientras en El Salvador todavía hay asociaciones y ONGs que piden justicia por esa matanza, desde el gobierno han bloqueado las investigaciones de lo ocurrido en El Mozote. De hecho, un juez intentó ingresar en los archivos militares donde se documenta el operativo, pero siempre le negaron el acceso. Y no sólo desde la fuerza armada. También desde la presidencia. Bukele incluso afirmó que el magistrado que estaba detrás del caso “no tenía jurisdicción sobre la Fuerza Armada”.
Irregularidades durante la pandemia
En un informe de Human Rights Watch en el que se aborda el desempeño de El Salvador durante la pandemia en 2020, se reportan varias irregularidades cometidas desde el poder.
El documento informa que:
– “Durante el confinamiento, que se extendió desde el 21 de marzo hasta el 14 de junio, Bukele ordenó a las fuerzas de seguridad que detuvieran a quienes incumplieran con las medidas de confinamiento, y los enviaran a centros de contención, que rápidamente exhibieron condiciones de hacinamiento e insalubridad”.
– En los centros donde recluían a los infectados, “no se implementaron medidas sanitarias básicas tales como aislar a quienes daban positivo en un test de coronavirus del resto de los detenidos”.
– También que ha habido declaraciones del presidente que “han promovido el uso excesivo de la fuerza y la ejecución draconiana de las medidas ordenadas por su gobierno”.
– En abril, Bukele ordenó a policías y militares “endurecer las medidas contra las personas que incumplan la cuarentena”, y agregó que no le importaría si la policía “doblaba la muñeca” de alguien durante un arresto.
Otras denuncias vienen desde la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Esta reportó más de 1.600 denuncias de violaciones de derechos humanos, incluyendo más de 620 abusos relacionados con el derecho a la libertad de circulación.
Esta también dijo que, a pesar de un aumento en el número de homicidios en abril, Bukele anunció que “autorizaba” el uso de la fuerza letal por las fuerzas de seguridad en “defensa propia o para la defensa de la vida de los salvadoreños”.
El mandatario en ningún caso aclaró que el uso de la fuerza letal constituía una medida de último recurso. Además, señaló que “el gobierno se encargaría de la defensa legal de quienes sean injustamente acusados por defender la vida de la gente honrada”.
