Daniel Gómez (ALN).- EEUU bloquea los bienes y el acceso al sistema financiero a la vicepresidenta y primera dama de Nicaragua, Rosario Murillo, y a su secretario personal, Néstor Moncada. La sanción llegó poco después de que el presidente, Donald Trump, emitiera una Orden Ejecutiva en la que declaró al régimen de Nicaragua como “una amenaza” para Estados Unidos.
Por “desmantelar sistemáticamente las instituciones democráticas”. Por “la corrupción generalizada”. Por “destruir la economía”. Por “las violentas protestas”. Por “la muerte de cientos de inocentes”. Por todo esto, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este martes a Rosario Murillo, vicepresidenta y primera dama de Nicaragua, y a Néstor Moncada, secretario personal de Ortega y Murillo y exagente de Seguridad del Estado en los 90.
Así es como EEUU echa el cerco al núcleo de poder de la tiranía de Daniel Ortega. Les bloquea el acceso al sistema financiero estadounidense, así como sus bienes en el país para que “no obtengan ganancias del pueblo nicaragüense”.
No son las primeras sanciones que EEUU lanza contra el régimen nicaragüense. En junio revocaron la visa de ingreso al país a 21 funcionarios, y con anterioridad penaron a cuatro funcionarios a través de la Ley Global Magnitsky, la cual condena las violaciones a los derechos humanos y la corrupción.
La amenaza del régimen de Ortega
Dice la Asociación Nicaragüense de los Derechos Humanos que el régimen de Ortega es responsable de la muerte de 538 nicaragüenses. Por números así el presidente de EEUU, Donald Trump, asegura que el régimen de Nicaragua supone una “amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos”.
Y es que Trump habló antes de que se produjeran las sanciones. Emitió una Orden Ejecutiva en la que declara “una emergencia nacional para hacer frente a la amenaza que representa la situación en Nicaragua”.
Trump pidió sanciones para los funcionarios nicaragüenses “responsables o cómplices” de quienes “abusan contra los derechos humanos”
Precisa que esta amenaza deriva de las protestas que estallaron el 18 de abril. Manifestaciones pacíficas en contra del régimen que acabaron con represión y muerte. Esto provocó “el sistemático desmantelamiento y socavamiento de las instituciones democráticas y el imperio de la ley, el uso de la violencia indiscriminada y las tácticas represivas contra los civiles, así como la corrupción que lleva a la desestabilización de la economía”.
En la Orden Ejecutiva, pidió sanciones para los funcionarios nicaragüenses “responsables o cómplices, directa o indirectamente”, de quienes “abusan contra los derechos humanos”. De las acciones que “socavan” la democracia. De las acciones que “amenazan la paz, la seguridad o la estabilidad”. Y de “cualquier transacción que sea sospechosa de corrupción”.
También hay sanciones a entidades, personas y funcionarios nicaragüenses que sean partícipes de estas actividades ilícitas.
