(EFE).- El Congreso español modificó este jueves la polémica ley de libertad sexual para elevar las penas de prisión por agresión sexual cuando la víctima sufra violencia o intimidación, apenas siete meses después de que la norma entrara en vigor y con el Gobierno de izquierdas fracturado.
Hasta ahora, la aplicación de esta ley ha ocasionado la reducción de cientos de condenas por la revisión de casos que habían sido juzgados según la legislación anterior.
La reforma fue aprobada hoy con los votos del oficialista Partido Socialista, que necesitó el apoyo de la oposición conservadora (Partido Popular) porque carece de mayoría parlamentaria, con 233 a favor y 59 en contra.
El resultado confirmó la brecha dentro del Gobierno, una coalición integrada por los socialistas y la formación de izquierdas Unidas Podemos (UP), impulsora de la ley de libertad sexual, pero que votó en contra de la modificación aprobada por la cámara de diputados.
Con esta reforma se crea un subtipo agravado dentro del delito de agresión sexual para que las penas sean más elevadas si hay violencia o intimidación.
El cambio legislativo, que también tendrá que debatir y votar el Senado, solo podrá aplicarse a los delincuentes sexuales que sean juzgados desde que la reforma entre en vigor.
LA CUESTIÓN DEL «CONSENTIMIENTO» EN LAS RELACIONES
Unidas Podemos, la fuerza minoritaria del Ejecutivo, cree que la reforma pone en riesgo la figura del «consentimiento» en las relaciones sexuales para determinar si hay delito, algo que negaron los socialistas por ser una reforma «técnica».
Así, la ministra de Igualdad, la izquierdista Irene Montero (UP), considera que se trata de un «retroceso» de la lucha feminista por su propia esencia y por aprobarse con ayuda de la derecha.
La reforma, según Montero, «basa la credibilidad de la víctimas en las heridas que tienen sobre el cuerpo» y convierte a las mujeres que no pueden probar la violencia en «víctimas de segunda».
La portavoz de los conservadores en el Congreso, Concepción Gamarra, acusó al presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, de ser el «culpable» de que la ley haya posibilitado las revisiones de penas a la baja.
Sánchez, que no asistió al debate de hoy ni votó, aunque es diputado, pidió perdón a las víctimas hace unos días por los efectos «indeseados» de la norma.
La ley de libertad sexual fue impulsada por el propio Ministerio de Igualdad; elimina la distinción entre abuso y agresión sexual (todo se considera agresión); el consentimiento expreso en las relaciones pasa a ser la clave para juzgar los delitos, de manera que es conocida popularmente como la ley del «sólo sí es sí».
Toda relación sexual sin consentimiento libre y claro se considera agresión, aunque no hubiera violencia o intimidación.
En noviembre pasado, saltó la polémica cuando algunos jueces empezaron a rebajar condenas en revisiones de sentencias anteriores a la ley de libertad sexual, basados en el Código Penal. «Tendrán efecto retroactivo -dice su artículo 2- aquellas leyes penales que favorezcan al reo».
Aunque la ley de libertad sexual incorpora nuevas circunstancias para agravar los castigos, también reduce las penas mínimas de algunos casos, como la violación.
Hasta ahora, se rebajaron las penas de cerca de un millar de condenas, con más de cien excarcelaciones, según datos del Poder Judicial. Son el 32 % de las revisadas.
