(EFE).- España estrena este martes una reforma en el reglamento de Extranjería que pretende regularizar a unos 900.000 inmigrantes en tres años, aunque organizaciones civiles alertan de que puede impactar en la pérdida de derechos de algunos colectivos.
Se trata de una «ambiciosa reforma», según el Gobierno español, que adapta la normativa europea para responder a la realidad migratoria bajo una perspectiva de defensa de los Derechos Humanos.
Entre otras medidas, modifica la figura de arraigo, reduce el tiempo de permanencia en España necesario para acceder a ella.
Sin embargo, oenegés e instituciones como el Defensor del Pueblo llaman la atención sobre un aspecto de la reforma que establece que el tiempo de residencia en España como solicitante de protección internacional no computará para optar al arraigo, por lo que una persona cuya petición sea denegada caerá en la irregularidad hasta por dos años para conseguir los papeles.
¿Por qué esta reforma?
El reglamento se reforma 13 años después de su aprobación inicial para adaptarse a la realidad migratoria actual y a la normativa europea.
La ministra española de Migraciones, Elma Saiz, defiende que contribuirá a una migración «regular y segura», pues «permite aclarar las vías de llegada y residencia en España» y «garantizar los derechos de las personas migrantes, pero también sus deberes».
Nuevos tipos de arraigo
Una de las novedades son los nuevos tipos de arraigo: social, sociolaboral, socioformativo, de segunda oportunidad y familiar.
La ventaja es que reduce de tres a dos años el tiempo de permanencia en España necesario para acceder al permiso de residencia.
A la vez, favorece la reagrupación familiar al introducir una autorización de residencia para familiares de españoles y ampliar la edad de los hijos beneficiarios de 21 a 26 años.
Síguenos en nuestro canal de Telegram aquí
Evitar la irregularidad
Las todas las autorizaciones iniciales de residencia serán de un año y las renovaciones de cuatro.
Además, quienes vengan a estudiar a España contarán con una autorización de estancia por el tiempo que dura su formación y se les facilitará una vía rápida para poder enlazar con un permiso de trabajo cuando acaben los estudios.
Los riesgos
Entre sus desventajas, establece que el tiempo de residencia en España como solicitante de protección internacional no computa para optar al arraigo.
Un aspecto de la reforma que ha llevado a muchos solicitantes, buena parte de ellos latinoamericanos, a renunciar a sus solicitudes de asilo, pues si son denegadas, caerán en la irregularidad durante al menos dos años.
Venezuela y Colombia representaron en 2024 el 63 % de los solicitantes de asilo en España, con 66.134 y 40.140 solicitudes, respectivamente, según datos oficiales, en los que también destacan Perú, Nicaragua, Honduras y Ecuador.
No obstante, de forma transitoria, durante un año el Gobierno español baja de 2 años a 6 meses el tiempo de residencia exigido para que los solicitantes de asilo rechazados puedan acceder al arraigo.
Las críticas
Muchos potenciales beneficiarios del asilo ya estaban viviendo y trabajando regularmente en España pero han renunciado a su petición y pueden caer en la irregularidad.
Por ello, varias entidades sociales han recurrido el reglamento ante el Tribunal Supremo de España y el Defensor del Pueblo advierte de que perjudica especialmente «a miles de menores».
La Plataforma de Infancia teme que se desestimen automáticamente solicitudes de menores no acompañados si no se resuelven en un mes, cuando hay miles de expedientes atascados.
Además de que se endurece la autorización de residencia a jóvenes extutelados por la Administración, que hasta ahora podían pedirla hasta los 23 años y ahora hasta los 20 y solo de forma excepcional.
Regularización extraordinaria
OLa Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), la Red Acoge y otras organizaciones que trabajan con colectivos migrantes reclaman una regularización extraordinaria, que una iniciativa popular presentó en el Parlamento español pero lleva un año estancada.
Aunque no estaba entre sus prioridades hasta ahora, el partido socialista, que Gobierna en España en coalición con la formación de izquierda Sumar, negocia con varios grupos parlamentarios la tramitación de esta iniciativa, respaldada por más de 600.000 firmas.
