(EFE).- El Gobierno español aprobó este jueves una reforma de las pensiones en la línea que reclamaba la Comisión Europea, con el respaldo de los principales sindicatos y el rechazo de la patronal.
La reforma aprobada en una reunión extraordinaria del Ejecutivo de coalición de izquierda está avalada por Bruselas, que la demandaba para poder continuar con el desembolso a España de fondos europeos de recuperación.
“Culmina la modernización de nuestro sistema de pensiones y blindamos el poder adquisitivo de todos los pensionistas presentes y futuros», defendió el ministro español de Seguridad Social, José Luis Escrivá, en rueda de prensa en Madrid.
La reforma incluye medidas para aumentar los ingresos del sistema de pensiones, después de que la Comisión advirtiera sobre su sostenibilidad y reprochara al Ejecutivo español que no cumpliera con la previsión de haberla presentado antes de acabar 2022.
Para ello, prevé una subida progresiva de la base máxima de cotización de 4.495,50 euros mensuales en 2023, de forma que entre 2024 y 2050 subirá cada año lo mismo que el índice de precios de consumo más 1,2 puntos porcentuales.
Otra medida es un mecanismo de equidad intergeneracional con un aumento en las cotizaciones sociales desde este año, para pasar progresivamente del 0,6 % al 1,2 %.
El ministro aseguró que, de este modo, el fondo de reserva para garantizar las pensiones llegará a unos 120.000 millones de euros a principios de la década de 2040, para garantizar la viabilidad del sistema en un país en el que se irán sumando pensionistas a medida que se jubile la conocida como generación del “baby boom”, cuando en España nacieron unos catorce millones de niños entre 1958 y 1977.
La edad de jubilación en el país es a los 65 años, pero está previsto que aumente hasta los 67 en 2027, aunque puede variar dependiendo de los años cotizados.
Ese fondo había ido mermando en los últimos años en España, que gasta casi el 12 por ciento de su producto interior bruto en pensiones, cerca de 12.000 millones de euros mensuales, para algo más de nueve millones de beneficiarios, según datos oficiales, en un país de algo más de 47 millones de habitantes y con una baja tasa de natalidad, de 1,2 hijos por mujer en edad fértil, en tendencia descendente además.
La patronal rechaza una reforma que considera que carga la recaudación sobre empresarios y trabajadores, al igual que la oposición de derechas, que reprocha al Gobierno no haberla consensuado con miras al futuro, pues al final de año están previstas elecciones generales en España.
El Ejecutivo que preside el socialista Pedro Sánchez confía en contar con apoyos suficientes en su tramitación parlamentaria, para que pueda incluso recibir mejoras en el objetivo de garantizar el sistema durante las próximas décadas.
