(EFE).- El Gobierno español se reafirmó este lunes en aplicar un decreto de ahorro energético desde el miércoles próximo, a pesar de las críticas de las regiones gobernadas por los conservadores, encabezadas por Madrid, que anunció un recurso en el Tribunal Constitucional.
El Ejecutivo, presidido por el socialista Pedro Sánchez, aprobó hace una semana ese plan de ahorro de climatización e iluminación, de cumplimiento obligatorio en edificios públicos, establecimientos comerciales, cines, estaciones de autobús y de tren y aeropuertos.
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El objetivo es cumplir el compromiso de España con la Unión Europea (UE) de bajar el consumo de gas un 7 % en plena crisis energética debida a las fuertes tensiones geopolíticas con Rusia por la invasión y la guerra de Ucrania.
En términos generales, la temperatura interior en verano no podrá ser inferior a los 27 grados ni superar los 19 en invierno, y los escaparates de los comercios deberán estar apagados a las 22.00 horas de cada día, así como de los espacios públicos cuando no estén en uso.
El decreto, que deberá convalidar posteriormente el Congreso, originó polémica en sectores empresariales como hostelería y comercio, pues consideran que ese límite de temperatura en verano dificulta el trabajo de los empleados y que la clientela acuda a los establecimientos.
España vive este año un verano especialmente tórrido, con varias semanas consecutivas del entorno de los 40 grados diurnos en gran parte del país.
La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, aseguró recientemente que las medidas están pensadas para que se apliquen con flexibilidad en espacios laborales cuando corresponda, y de acuerdo con leyes específicas para diferentes sectores de producción.
LAS REGIONES CONSERVADORAS QUIEREN LA RETIRADA DEL PLAN
El plan también suscitó el rechazo del conservador Partido Popular (PP), el principal de la oposición, que acusó al Gobierno de no debatier y consensuar las medidas de ahorro con los afectados y las administraciones regionales.
Las regiones que gobierna el PP pidieron este lunes la retirada del decreto, pero la ministra Ribera replicó que el Gobierno no tiene intención de retirarlo o aplazarlo debido al compromiso español con la UE.
Ribera y la ministra de Industria, Reyes Maroto, se vieron hoy con los responsables de Energía de todas las regiones para tratar el asunto, sin que nadie dijera en esa reunión telemática que no vaya a cumplir el plan, declaró la ministra de Transición Ecológica a la prensa.
Indicó que las medidas son «inmediatas», van en la línea de lo recomendado por la UE para asegurar el suministro energético este invierno y el Gobierno es «respetuoso» con las competencias de decisión y gestión que corresponden a las regiones españolas.
La oposición al decreto más conocida es la de la Comunidad de Madrid, que reprocha al Ejecutivo su «cerrazón» y presentará un recurso de inconstitucionalidad en defensa de sus competencias. «Madrid no se apaga», llegó a advertir la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, cuando conoció el contenido del decreto.
Pedro Sánchez, por su lado, reclamó al PP «unidad, responsabilidad y solidaridad», y acusó a los conservadores de realizar «siempre» una oposición «destructiva, que bloquea y que es negacionista» en los grandes temas nacionales.
