(EFE).- La nueva Ley de Memoria Democrática de España entró en vigor este viernes con el objetivo del Gobierno español de «cerrar las heridas» abiertas en el país durante la Guerra Civil (1936-1939) y la dictadura franquista (1939-1976).
El propósito del Ejecutivo español con esta nueva norma, que sustituye a la Ley de Memoria Histórica, aprobada en 2007 durante el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, lo remarcó hoy el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, con un mensaje en las redes sociales.
En un vídeo publicado en Twitter, con el famoso cuadro el «Guernica» de Picasso de fondo, Bolaños señala que la nueva ley reivindica «la libertad frente a la represión, la democracia frente a la dictadura y el reconocimiento frente al olvido».
La ley se centra en las personas, detalla; en aquellas «que siguen buscando los restos de sus seres queridos en fosas comunes, en las personas que se atrevieron a pensar distinto, a amar distinto, o a luchar por la libertad; en las personas que nacieron en el exilio y que ahora podrán acceder a la nacionalidad española».
También, prosigue Bolaños, en esas «personas jóvenes que no vivieron afortunadamente la dictadura ni la represión pero que quieren conocer la historia de nuestro país y no repetir nunca los errores del pasado».
«Somos lo que recordamos, por eso la memoria es nuestra identidad. Por eso la memoria es democracia», concluye.
La prevalencia del Derecho Internacional Humanitario sobre la ley nacional que estableció una amnistía tras la dictadura y la investigación de posibles vulneraciones de derechos humanos al inicio de la democracia son algunas de las novedades de la nueva Ley de Memoria Democrática.
La nueva ley establece de forma expresa que la búsqueda de unos 114.000 desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura corresponderá al Estado, que elaborará un mapa para su localización y creará un banco de ADN de víctimas para la identificación de restos.
La ley declara ilegal tanto el régimen como los tribunales franquistas, así como la nulidad de todas sus condenas, lo que dará derecho a obtener «una declaración de reconocimiento y reparación personal» a las víctimas desde el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978.
La consideración de víctima incluye a exiliados, personas LGTBI, niños adoptados sin consentimiento de sus progenitores y las lenguas y cultura vasca, catalana y gallega, entre otros casos.
La nueva norma abre además de nuevo el plazo para que puedan solicitar la nacionalidad española los «nacidos fuera del país de padres o madres, abuelas o abuelos exiliados por razones políticas, ideológicas o de creencia».
Esa posibilidad la daba ya la Ley de Memoria Histórica, que establecía un plazo de solicitud que concluyó en 2011.
Ambas leyes otorgan esa posibilidad como «medida reparadora» para las personas que sufrieron el exilio durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.
Durante el periodo establecido por la anterior norma se concedió la nacionalidad española a 213.787 personas y se presentaron un total de 378.862 solicitudes, según datos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
Los países de Iberoamérica acapararon el 95 % de las solicitudes, en especial Cuba, Argentina, México y Venezuela.
