(EFE).- En Venezuela se registraron 68 violaciones al derecho a la libertad de expresión en los primeros cuatro meses de 2024, un incremento del 22 % con relación al mismo periodo de 2023, cuando la cifra fue de 54 casos, según informó este viernes la ONG Espacio Público.
«Hemos registrado 68 casos que representan un incremento del 22 % con relación al mismo periodo del año anterior, donde en promedio, en estos cuatro meses, registramos 17 casos mensuales», señaló la coordinadora del Observatorio Social de la ONG, Marysabel Rodríguez, en la presentación del informe anual.
Agregó que los tipos de violaciones más frecuentes fueron las intimidaciones (30 %), seguido de la censura (27 %) y en tercer lugar el hostigamiento judicial (14 %), sin precisar a qué hechos corresponde el 29 % restante.
«Esto da cuenta de una frecuencia importante (…) vinculado justamente a un periodo donde hay unas elecciones presidenciales cerca y las limitaciones son mucho mayores en esos contextos», señaló.
Rodríguez resalta que durante el primer cuatrimestre 2024 las violaciones a la libertad de expresión más frecuentes han sido:
Intimidación (30%)
Censura (27%)
Hostigamiento judicial (14%)— Espacio Público (@espaciopublico) May 3, 2024
Rodríguez añadió que entre enero y abril han documentado el cierre de 13 emisoras de radio en los estados Apure, Carabobo, Bolívar, Lara, Portuguesa, Trujillo y Caracas, aunque no detalló si las bajas tienen que ver con la solicitud o renovación de licencias.
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Esta situación, dijo, tiene un «impacto significativo en la posibilidad de acceder a información de interés público de diverso tipo, donde las fuentes principales de mayor interés, sobre todo en situaciones de crisis, son menos abordadas, por ejemplo, en el caso de las fuentes políticas».
Detenciones vinculadas al ejercicio de la libertad de expresión
Sobre detenciones vinculadas al ejercicio de la libertad de expresión, la coordinadora indicó que han registrado 18 casos entre enero y abril.
Rodríguez sostuvo que los más afectados con estas detenciones son ciudadanos que usan sus redes sociales para opinar u ofrecer información de interés en determinados temas asociados a la crisis de servicios públicos.
«De esas 18 detenciones, 9 han estado vinculadas con presuntos delitos de odio (…) o delitos asociados a incitación al odio. Esto también es un dato bastante preocupante, porque en el año 2023 fue un decena de casos que registramos de este tipo y en estos primeros cuatro meses ya tenemos 9 casos», apuntó.
Asimismo, dijo que la mayoría de las limitaciones o restricciones a la libertad de expresión se dan en los espacios digitales, especialmente en los estados Miranda, Portuguesa y Caracas.
