Ysrrael Camero (ALN).- La pandemia del Covid-19 no sólo ha cambiado las prioridades de los más diversos gobiernos, conduciendo a los ciudadanos a un confinamiento inédito en todo el mundo, sino que obliga a alterar sustancialmente la toma de decisiones de los líderes políticos venezolanos, se encuentren al servicio del régimen autoritario chavista o del gobierno interino de Juan Guaidó.
En situaciones límite, toca optar por la vida, y una pandemia global frente a la cual la sociedad venezolana no tiene herramientas efectivas de respuesta es, claramente, una situación límite.
Hemos visto acciones y pronunciamientos, en actores internacionales, en actores políticos venezolanos y en actores de la sociedad civil que se han venido moviendo en la dirección de priorizar, de manera perentoria, una imperativa respuesta al nuevo maremoto que llega a la empobrecida sociedad venezolana. Es decidir a favor de la gente, del más vulnerable y desasistido.
Un maremoto de estas dimensiones tiene que alterar la dinámica de la confrontación política frente al caso venezolano. Condicionar políticamente una respuesta robusta a una crisis humanitaria que se profundiza hora a hora no puede ser una opción. Acá vemos con claridad la distancia que existe entre los tiempos de la sociedad y los tiempos de la política.
En varios artículos anteriores del diario ALnavío se ha venido exponiendo la profundidad y extensión de la emergencia humanitaria compleja que sufren los venezolanos desde hace varios años. También se ha señalado lo vulnerable que es la sociedad venezolana hoy, desde un punto de vista estructural, para enfrentar físicamente un virus de las características del Covid-19.
Pero se hace necesario traer a colación algunas cifras que muestran que Venezuela tiene la peor situación sanitaria del continente americano. Con apenas 12.000 camas, el sistema de salud venezolano no puede atender el número de enfermos derivado de esta epidemia, lo que se hace más evidente al señalar que apenas se cuenta con 17 unidades de cuidado intensivo y tres respiradores. Todo esto para una población que supera los 25 millones de personas.
Siguiendo los resultados de la Encuesta Nacional Impacto Covid-19, realizada por la Comisión de Expertos de la Salud para hacer frente a la pandemia, nombrados por la Asamblea Nacional, la mayor parte de los hospitales no cuenta con servicio regular de agua potable, mucho menos con algo tan básico como jabón, ni hablar de los insumos. Para el 8 de abril no se cuenta con tapabocas en cerca de la mitad de los establecimientos que prestan servicios de salud (45%), ni guantes en siete de cada 10, ni jabón en ocho de cada 10 establecimientos.
La emergencia humanitaria compleja, y la crisis de un Estado que no tiene capacidad para brindar servicios básicos, generan una condición masiva de vulnerabilidad que puede potenciar la tragedia del coronavirus en Venezuela. El confinamiento social, que ha sido la respuesta dominante, y efectiva, de la mayor parte de los países, es una opción demasiado costosa para los hogares venezolanos, más del 91% de los venezolanos no tiene ahorros suficientes para detener su actividad laborar y aislarse.
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El contraste entre las cifras que muestra el régimen de Nicolás Maduro y los números de países similares de la región, como Colombia y Perú, no reflejan sino la incapacidad del Estado venezolano para realizar una medición fidedigna del estado de salud de sus ciudadanos. Es un signo que desnuda su debilidad, no su fortaleza. Para el 8 de abril reconocen la existencia de 167 casos de coronavirus, 27 en el Distrito Federal y 61 en el estado Miranda, con dos casos fatales.
Un maremoto de estas dimensiones tiene que alterar la dinámica de la confrontación política frente al caso venezolano. Condicionar políticamente una respuesta robusta a una crisis humanitaria que se profundiza hora a hora no puede ser una opción. Acá vemos con claridad la distancia que existe entre los tiempos de la sociedad y los tiempos de la política.
Efectivamente, la destrucción de las capacidades de respuesta, sanitaria e inmunológica, de la sociedad venezolana tiene a unos responsables concretos en la elite chavista que hoy usurpa el control de los restos del aparato estatal venezolano. Desde un punto de vista sistémico, es lógico que, sin un cambio en el poder, en la manera en que este funciona, y en la manera en que se distribuye, es decir sin un cambio político, no se podrá fortalecer la capacidad de los venezolanos para desarrollarse plenamente. Pero la respuesta a la pandemia no puede esperar a la realización de este cambio político.
Resultados de la encuesta sobre el impacto de Covid-19 en Venezuela.
09/04/2020 pic.twitter.com/sVMi5Kedqj
— Centro de Comunicación Nacional (@Presidencia_VE) April 10, 2020
El principal responsable y los otros actores
Todo actor que tenga la capacidad de facilitar a los venezolanos el acceso a una atención sanitaria en medio de esta calamidad pública debe hacerlo. El principal responsable es aquel que tiene el control efectivo de los aparatos del Estado, es Nicolás Maduro y sus equipos. Pero la acción de otros actores, facilitando el acceso a los recursos necesarios para atender la emergencia, es un imperativo que ha de trascender la confrontación política actual.
Justamente porque la salud de la población, la vida de los ciudadanos, es el imperativo político superior. Esto cambia el funcionamiento de la política, pero no lo elimina, y la respuesta tiene consecuencias políticas ineludibles, de las cuales habrá que hacerse cargo, pero el primer paso ha de ser una tregua. La necesaria tregua política requiere de un acuerdo de mínimos entre los actores reales, internos y externos, que ponga en primer lugar la atención a la emergencia.
Esta tregua sería un paso para la construcción de canales de cooperación, dentro y fuera del país, centrados en el tema humanitario, que presionen sobre políticas previas que hoy lucen difíciles de mantener imperturbables.
Aunque las sanciones internacionales, desde sus inicios, se han centrado en personas concretas, y excluyen explícitamente el acceso a los recursos necesarios para alimentos y medicinas, el sobrecumplimiento de las mismas ha podido ser un factor que dificulta una respuesta efectiva a la crisis. El llamado de Michelle Bachelet, que ha sido crítica con la violación sistemática de los Derechos Humanos del régimen de Maduro, a una revisión de las sanciones internacionales apunta en esa dirección.
El trabajo que han realizado dirigentes como el diputado Miguel Pizarro, como comisionado para la Organización de las Naciones Unidas y agente especial para la Ayuda Humanitaria de la AN, y el doctor Julio Castro, para evitar la politización de la ayuda humanitaria es un factor imprescindible que seguramente será acompañado por otros.
Las gestiones realizadas tienen impacto efectivo, como lo muestra la llegada, desde la Oficina de las Naciones Unidas de Asuntos Humanitarios (OCHA), de 90 toneladas de suministros sanitarios, incluyendo 28.000 equipos de protección personal para los trabajadores sanitarios, concentradores de oxígeno, etc. Es loable, aunque resulta todavía insuficiente.
Desde la sociedad civil también emergen llamados de alerta que interpelan a los actores políticos. La campaña de Acuerdos por la gente que impulsa una gran cantidad de organizaciones sociales, así como líderes sociales y de opinión de los más diversos orígenes, incluye 14 recomendaciones de acción a los actores políticos ubicados a ambos lados de la confrontación actual. Estas recomendaciones empiezan justamente por la obligación de enmarcar cualquier respuesta dentro del absoluto respeto a los Derechos Humanos.
La respuesta común a la pandemia, que requiere de esta tregua política, y de la creación de mecanismos de coordinación, con la colaboración de organismos multilaterales, finalmente, podría ayudar a todos los venezolanos a volver a encontrarnos en la empresa de construir una vida común.
En el mejor de los casos, esto nos debe llevar a acercarnos a la construcción de un conjunto, progresivo y realista, de acuerdos políticos entre partes. Es acá donde las declaraciones de Luis Vicente León, y lo dicho en una entrevista por el diputado José Guerra, así como los esfuerzos de otros dirigentes, son un camino para recuperar la sindéresis y la vocación de convivencia. Es la decisión de apostar por la vida. De eso se trata.
