(EFE).- Los expolicías venezolanos Erasmo Bolívar, Luis Molina y Héctor Rovaín, acusados de ocho de los 19 asesinatos registrados en abril de 2002, durante el golpe de Estado al presidente Hugo Chávez, fueron trasladados este viernes de una cárcel militar en Caracas a una prisión común, a 437 kilómetros de la capital.
Según informó a Efe la abogada de los exfuncionarios Theresly Malave, los ciudadanos, condenados a 30 años de prisión, tienen 18 años privados de libertad y esperaban fórmulas alternativas del cumplimento de la pena por buena conducta y trabajo durante la condena.
La abogada se enteró del traslado, según explicó, de manera extraoficial, pese a que hace dos meses, el caso fue entregado a un defensor público para que se revisara la pena cumplida hasta el momento y se evaluaran otras medidas alternativas de cumplimiento.
«Tienen esa pena redimida, pero aún así, si no les quieren valer lo que llaman redención judicial de la pena por trabajo y estudio (…) tienen 18 años y suman 9 años más por trabajo», detalló la letrada.
«CONDENADOS POR DELITOS COMUNES»
Añadió que, en el supuesto de que «no les quieren hacer valer el trabajo, igual tienen más de la mitad de la pena cumplida» y, según el Código Penal, «existen formas de cumplimiento de pena distintas».
Malavé recordó que los imputados fueron «condenados por delitos comunes, porque cuando se produjeron los hechos el 11 de abril no estaba vigente el Estatuto de Roma. No fueron juzgados por delitos de lesa humanidad».
La exdiputada opositora Delsa Solórzano se pronunció en torno a este hecho y aseguró que el traslado de los expolicías los sitúa «lejos de sus familias y arriesgando sus vidas», por lo que instó a organismos internacionales de derechos humanos a ejercer acciones.
«Urge acción de ONU, ONU en Venezuela, UN Human Rights y la misión de Michelle Bachelet que se encuentra en Venezuela. Continuar esperando que el régimen violador de DDHH atienda las alertas, sin acción inmediata pone en peligro la vida de los privados de libertad», dijo.
MEDIDAS HUMANITARIAS A VARIOS
A varios de los funcionarios venezolanos de la extinta Policía Metropolitana detenidos por el golpe de Estado en 2002 les fueron otorgadas medidas humanitarias por complicaciones con su salud, como fue el caso de los excomisarios Lázaro Forero y Henry Vivas.
A otros, como Iván Simonovis las autoridades venezolanas le otorgaron la medida de arresto domiciliario en 2014, pero en mayo de 2019 huyó de Venezuela.
En febrero de 2021 Arube Pérez, otro de los condenados por este caso, salió en libertad tras el cumplimiento completo de la pena impuesta de 17 años y 10 meses.
