Daniel Gómez (ALN).- En Latinoamérica, donde no existe ningún conflicto armado, los periodistas están expuestos a la represión, la violencia e incluso la muerte. Es la región del mundo donde más profesionales de la comunicación han sido asesinados, y donde más víctimas se ha cobrado el coronavirus.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) ha elaborado un informe sobre la seguridad de los periodistas en el mundo, y Latinoamérica sale mal parada.
A finales de septiembre de 2020 en América Latina se han registrado 39 asesinatos de periodistas. Un número desproporcionadamente alto si se compara con otras regiones del planeta, como Asia y el Pacífico (donde mataron a 11), los Estados Árabes (7) y África (5).
También es desproporcionadamente alto si se toman como referencia los datos de 2019. Entonces Latinoamérica fue la región del mundo con más periodistas asesinados. Representó el 40% de los ataques mortales a los profesionales de la información con un total de 23 fallecidos, 16 menos que en nueve meses de 2020.
México, donde se contabilizó un total de 12 periodistas asesinados en 2019, es el país del mundo con más casos registrados. Le sigue Siria con seis, Pakistán y Afganistán con cinco, y Colombia y Honduras con tres.
En Latinoamérica no hay guerras, pero…
Lo llamativo es que, en Latinoamérica, a diferencia de otras regiones, no hay guerras. O al menos, no hay ningún conflicto armado declarado como es el caso de Siria. Además, no todo son muertes. La censura, la represión y la manipulación también son amenazas con las que tienen que lidiar los periodistas de la región.
“Estas cifras muestran los altos niveles de violencia a los que están expuestos los periodistas incluso cuando trabajan en países que no sufren conflictos armados. Otros factores que afectan a ciertos países sin conflictos armados podrían ser la intolerancia creciente hacia la información, fomentada por un clima de retórica endémica contra la prensa, incluso por parte de los dirigentes políticos, y la influencia de la corrupción y la delincuencia organizada”, dijo la Unesco.
Venezuela y Nicaragua pueden servir de ejemplo de lo dicho anteriormente por la agencia de la ONU.
La huida del opositor venezolano Leopoldo López, hace más de una semana, tuvo como consecuencia la detención de Roland Carreño, periodista y coordinador de Voluntad Popular, que es el partido de López.
El Tribunal Estadal Cuarto de Primera Instancia de Caracas acusó a Roland Carreño de “financiamiento al terrorismo, conspiración contra la forma política y tráfico ilícito de armas de guerra”. También lo señaló como el responsable del “financiamiento de la logística empleada en el plan de fuga del ciudadano Leopoldo López desde la embajada de España”.
López recordó que esta táctica es ya habitual en la Venezuela de Nicolás Maduro, tal como han verificado las Naciones Unidas y la oficina de la alta comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
“La detención arbitraria de nuestro hermano Roland Carreño es retaliación a nuestra salida; es parte de la operación sistemática y masiva que el informe de la ONU señala que tiene por objeto perseguir y acabar con las fuerzas democráticas en Venezuela”, dijo López.
La polémica no quedó ahí, puesto que el chavismo respondió. El viernes el vicepresidente de Venezuela para la Comunicación, Jorge Rodríguez, divulgó una supuesta confesión del periodista Roland Carreño en la que asegura haber entregado al equipo de seguridad de Leopoldo López 6.500 dólares en efectivo. Un dinero presuntamente extraído de Citgo, la filial de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en Estados Unidos que controla el equipo de Juan Guaidó.
Se trata de una supuesta confesión porque según el gabinete de Guaidó, la declaración de Carreño fue un montaje. “Fue obligado a grabar una falsa confesión producto de la coacción y la amenaza”, dijo en un comunicado.
Mientras en Venezuela se juega con la manipulación, en Nicaragua incentivan la censura desde el gobierno de Daniel Ortega.
Este viernes en el Diario Oficial de Nicaragua se publicó la Ley Especial de Ciberdelitos, también conocida como “ley bozal”. Esta norma comprende un total de 48 artículos que castigan con penas de cárcel de hasta 10 años la propagación de noticias falsas o tergiversadas que produzcan “alarma, temor o zozobra”. El Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos, controlado por el gobierno de Ortega, vigilará el contenido de la prensa, y tendrá el poder para “congelar” hasta por tres meses los sistemas informáticos de las empresas de comunicación que decidan sancionar.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo que la “ley bozal” forma parte de “una estrategia desplegada desde 2018 para perseguir a periodistas, a las ONG y atacar libertades públicas en Nicaragua”.
El movimiento Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua recurrirá por inconstitucionalidad esa ley y llevará a la justicia internacional al gobierno de Daniel Ortega.
Mientras, el Foro de la Prensa Independiente de Nicaragua dijo que “la ley bozal persigue censurar y amenazar a periodistas, medios de comunicación y ciudadanía en general”.
El coronavirus
Por si no fuera suficiente con los asesinatos, la represión y la censura, los periodistas de América Latina tienen que hacer frente al coronavirus. La pandemia se está cebando con la región, donde ya se registran más de 400.000 muertes. Y se está cebando especialmente con los profesionales de la información.
Press Emblem Campaign, una ONG independiente con sede en Ginebra, informó este lunes que al menos 442 periodistas murieron por coronavirus en los ocho primeros meses de 2020.
Más de la mitad de los fallecimientos han tenido lugar en América Latina, donde se registra un total de 251. Le sigue Asia muy lejos, con 116 fallecidos.
En Perú han muerto 93 periodistas por coronavirus.
En Ecuador 41.
En Brasil 35.
En México 26.
En Panamá 11.
En Honduras 7.
En Nicaragua 6.
En Venezuela 5.
En Bolivia 5.
En República Dominicana 5.
En Colombia 4.
En Argentina 2.
“Muchas de las víctimas son jóvenes. Se contagiaron trabajando”, dijo el secretario general de Press Emblem Campaign, Blaise Lampan, al tiempo que recordó que “el número real de muertos desgraciadamente es más alto que el reportado”.
