Redacción (ALN).- La extesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén, conocida como la «enfermera» de Hugo Chávez, denunció el lunes que el gobierno de Estados Unidos está poniéndole piedras “innecesarias” en el camino con el fin de impedirle que se prepare para un juicio que enfrenta en octubre bajo acusaciones de lavado de dinero.
“El gobierno está buscando bloquear todo el acceso a la información”, expresó la venezolana en un documento de 14 páginas que su abogada Marissel Descalzo presentó ante el juez federal William P. Dimitrouleas. “La única explicación de por qué el gobierno se niega a actuar de una manera transparente es porque no tiene la evidencia que dice tener”.
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La «enfermera», que tiene también la ciudadanía española, está acusada de un cargo por «conspiración para cometer blanqueo de capitales» y dos por «blanqueo de capitales».
En la misma causa de la «enfermera», extraditada desde España a EE.UU. el pasado 12 de mayo, está acusado Raúl Gorrín Belisario, dueño y presidente del canal venezolano Globovisión.
Díaz se desempeñó como tesorera de Venezuela entre 2011 y 2013 pero alega que “en esas funciones actuó sin independencia basándose en las órdenes estrictas y específicas” de Chávez.
La defensa de Díaz ha pedido detalles al gobierno sobre el supuesto lavado de dinero o cómo ella y su esposo Adrián José Velásquez Figueroa, que también enfrenta los mismos cargos y está en España a la espera de ser extraditado— transfirieron, transportaron o transmitieron instrumentos monetarios. Ha insistido también en que fue el magnate venezolano de medios de comunicación, Raúl Gorrín, quien transfirió dichos fondos desde cuentas de bancos suizos, refiere la agencia AP.
Lo que dice la Fiscalía de EEUU
La fiscalía asegura que Gorrín, quien está prófugo de la Justicia estadounidense, pagó millones de dólares en sobornos a Díaz y al también extesorero venezolano Alejandro Andrade Cedeño, para conseguir transacciones de cambio de moneda extranjera a tasas preferenciales.
En el documento, Díaz alega que lo que el gobierno se niega a ofrecerle, son documentos básicos necesarios para la preparación de cualquier juicio que generalmente la fiscalía proporciona de manera voluntaria o por una orden de la corte. Como consecuencia, explica, la exenfermera no puede prepararse ni entender los cargos que enfrenta, ni por qué está acusada de delitos graves en un país al que no ha viajado desde 2011.
El gobierno, por su parte, sostiene que la información que busca Díaz ya ha sido suministrada a través de evidencias que sustentan las acusaciones. Ha expresado también que Díaz violó leyes extranjeras y de Venezuela, pero la defensa alega que no ha ofrecido detalles e insiste en que las acusaciones deben ser desechadas.
«Son suficientes»
En una respuesta de 14 páginas en las que niega el pedido de Díaz de ofrecer más información, la fiscalía asegura que documento que contiene los cargos y las evidencias ofrecidas hasta ahora “son suficientes para notificar a la acusada sobre las acusaciones y para permitirle prepararse para el juicio sin sorpresas”.
Entre los documentos que Díaz está pidiendo menciona aquellos que muestren el día, la hora y el lugar de los presuntos sobornos pagados por Gorrín a la extesorera para obtener tasas de cambio preferenciales; detalles específicos sobre las transacciones que ella autorizó a Gorrín; y la identificación de los beneficios específicos que Díaz y su esposo obtuvieron.
De acuerdo con la fiscalía, Díaz aceptó unos 65 millones de dólares de sobornos de Gorrín para autorizar lucrativas transacciones monetarias cuando ella dirigía la Oficina Nacional del Tesoro de Venezuela. Parte de ese dinero, unos ocho millones de dólares, habrían llegado al sur de Florida.
