Redacción (ALN).- El fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, afirmó este jueves que en el país caribeño «se hace justicia» y no hace falta la intervención de tribunales internacionales como la Corte Penal Internacional (CPI), donde cursa un examen preliminar por presuntos abusos a los derechos humanos en la nación sudamericana.
“En Venezuela se hace justicia, existe un sistema de justicia, con las limitaciones y las deficiencias normales de cualquier democracia en desarrollo, en transformación, pero con un estándar superior a cualquier otro país del hemisferio occidental”, dijo Saab en declaraciones transmitidas por la televisión pública VTV.
“Aquí funciona un sistema de justicia. Aquí no hace falta la actuación de una instancia internacional, extraterritorial, en este caso la CPI o cualquier otro órgano dependiente de un organismo multilateral, para que se desarrollen acciones judiciales en pro de los derechos humanos”, añadió.
EL CASO DE VENEZUELA EN LA CPI
El 27 de septiembre de 2018, la Fiscalía de la CPI recibió una remisión por parte de Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú solicitando que se investiguen los posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela desde el 12 de febrero de 2014, fecha en la que la que comenzaron las protestas antigobierno.
La CPI trabaja en la investigación de dos aspectos: la primera, si los funcionarios representantes del Estado venezolano, entre ellos Nicolás Maduro, son responsables de violaciones a los derechos humanos en el contexto de manifestaciones gubernamentales a partir de 2017 (Venezuela I); y la segunda, si en el país se cometen crímenes de lesa humanidad debido a sanciones por parte de Estados Unidos (Venezuela II).
INDICIOS DE POSIBLES CRÍMENES
La Fiscalía de la CPI concluyó en 2020 que hay indicios para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela, particularmente desde al menos abril de 2017, cuando también se desarrollaron protestas en todo el país contra el Gobierno de Maduro.
En este momento, Venezuela está siendo evaluada para investigar y juzgar estos posibles crímenes cometidos por el Gobierno chavista, por lo que se espera que la instancia anuncie si abre una investigación formal, fase en la que se imputarían cargos en contra de funcionarios de la administración de Maduro.
