Redacción (ALN).- Cuando Emilio Botín vendió al Estado el Banco de Venezuela, lo hizo movido por la certeza de que saliendo de ese mercado, Santander hacía el mejor negocio del mundo no solo por los más de mil millones que recibía sino por el peso de la incertidumbre que se quitaba. El tiempo le brindó la razón. En Venezuela, entre las funciones del nuevo Vicepresidente de la República aparece este punto: dictar decretos para expropiación o adquisición forzosa de bienes. O sea, en este país de Sudamérica cambian los individuos, pero se mantienen las políticas. La expropiación viene de los tiempos del fallecido presidente Hugo Chávez. Nicolás Maduro la ha practicado, y por lo visto, seguirá practicándola, según se desprende de las atribuciones cedidas a Tareck El Aissami, el Vicepresidente.
En todo caso, expropiar es uno de los muchos aspectos que hacen de Venezuela un país inviable para la inversión extranjera. Compañías españolas o propiedad de empresarios de origen español no han escapado a decisiones de fuerza. Cuando Emilio Botín decidió venderle al Estado el Banco de Venezuela, lo hizo movido por la certeza de que, saliendo de ese mercado, Santander hacía el mejor negocio del mundo no solo por los más de mil millones de euros que recibía sino por el peso de la incertidumbre que se quitaba de encima. El tiempo le brindó la razón. Con Maduro, lo peor de los controles y el autoritarismo económico y político se ha agudizado. En Venezuela se levantan muros y no son de piedras, acero ni concreto.
Expropiar es uno de los muchos aspectos que hacen de Venezuela un país inviable para la inversión extranjera
El “dictar decretos” –tal como reza la frase de los poderes de la Vicepresidencia- es una receta que aplica Maduro desde que es Presidente, con el beneficio de unos poderes conferidos por el Tribunal Supremo de Justicia bajo el argumento de la emergencia económica. Poderes especiales que el tribunal renueva sin que, a su vez, se renueve la economía porque la crisis, por el contrario, se profundiza. No hay separación de poderes en Venezuela -aspecto clave en una democracia- y éste es también un muro que aumenta la desconfianza entre los potenciales inversionistas, toda vez que, en proyectos de magnitud o empréstitos a la República, la opinión de la Asamblea Nacional es prioritaria. Ni siquiera los socios más cercanos al gobierno de Maduro se atreven a tomar el riesgo.
El Vicepresidente puede dictar decretos para la adquisición forzosa de bienes / Flickr: José Oliveros
La política cambiaria es otro muro. Para el Gobierno no se trata solamente de un instrumento económico sino de control político. A las multinacionales se les limita la repatriación de capitales. ¿Quién puede contra este otro muro? La verdad es que Venezuela es un país con reservas internacionales menguadas, un aparato productivo reducido al mínimo, una banca sin margen para los negocios y un entorno de inflación acelerada. Petróleos de Venezuela, la empresa que fue modelo mundial de gestión, recién ha sido objeto de un nuevo cambio de tren directivo con el fin, según dijo el Presidente, de combatir la corrupción enquistada en su estructura.
De hecho, el muro de la corrupción es el que lleva más tiempo levantándose y afirmándose. Venezuela aparece entre los últimos países en transparencia. Y no puede ser de otra manera. Porque todos los muros que el aparato del poder ha levantado, acortan la visión, transforman el entorno, limitan el horizonte y niegan el futuro.
