(EFE).- La ONG de Venezuela Foro Penal afirmó este viernes que en el país hay 246 personas detenidas a las que considera presos políticos, uno más que el pasado 9 de agosto, cuando aseguró que había 245.
La organización indicó que, del total de reos contabilizados, 233 son hombres y 13 mujeres -entre ellos un adolescente-, de los cuales 116 son civiles y 130 militares.
Igualmente, la ONG detalló que, de los 246 presos, 168 esperan por una sentencia de tribunal y 78 han sido ya condenados.
Según Foro Penal, desde 2014 se han registrado 15.774 «detenciones políticas».
Balance de #PresosPoliticos en Venezuela al 15/08/2022 por @ForoPenal:
𝗧𝗼𝘁𝗮𝗹 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗼𝘀 𝗽𝗼𝗹í𝘁𝗶𝗰𝗼𝘀: 246
Hombres: 233
Mujeres: 13Civiles: 116
Militares: 130Adultos: 245
Adolescentes: 1#Infografia #Balance #15Ag @Almagro_OEA2015 @ONU_derechos @UNHumanRights pic.twitter.com/HaCFl7EzmR— Foro Penal (@ForoPenal) August 19, 2022
«El Foro Penal ha asistido gratuitamente a más de 12.000 detenidos, hoy excarcelados, y a otras víctimas de violaciones a sus derechos humanos», aseguró.
Otros datos suministrados por Foro Penal
Asimismo, la organización denunció que, además de los «presos políticos, más de 9.000 personas siguen sujetas, arbitrariamente, a medidas restrictivas de su libertad».
El pasado miércoles, una coalición de 125 ONG venezolanas y de otros países exigieron la renovación del mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela, creada por el Consejo de Derechos Humanos en 2019, cuyo período vence en septiembre próximo.
Voceros de estas organizaciones consideran que «la impunidad que prevalece y los abusos y las violaciones sistemáticas de derechos humanos persisten».
En 2020, la Misión de Determinación de Hechos para Venezuela presentó su primer informe en el que acusó al presidente Nicolás Maduro y a otros altos cargos, como el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, de cometer crímenes de lesa humanidad.
Posteriormente, tras la prórroga del mandato de la misión por dos años, en septiembre de 2021, expuso su segundo informe, en el que denunció prácticas como el uso de supuestas pruebas obtenidas mediante tortura y la emisión de órdenes de detención «retroactivas» para ocultar arrestos ilegales.
