Pedro Benítez (ALN).- Según la versión de un testigo presencial, cuando el ex presidente Rafael Caldera autorizó en 1996 la participación de compañías petroleras internacionales en los proyectos de desarrollo del crudo extrapesado de la Faja del Orinoco, la llamada Apertura Petrolera, le preguntó a su ministro de Energía y Minas, Erwin Arrieta, si no estaba entregando la soberanía nacional.
Como ya pocos recuerdan, durante su segunda administración Caldera se vio obligado a llevar a cabo en materia económica muchas cosas que iban en contra de sus más profundas convicciones, propias del pensamiento político que predominó en el país durante buena parte del siglo XX.
La razón de esto fue fiscal. Aunque PDVSA era, según todos los parámetros de la época, la empresa estatal mejor administrada del mundo y la cuarta entre las transnacionales petroleras, entre otras cosas gracias a la decisión política tomada al momento de su creación de mantenerla al margen del clientelismo partidista que caracterizaba a otras empresas del Estado venezolano, no disponía de recursos suficientes para efectuar las inversiones requeridas a fin de incrementar de manera su sustancial su producción y exportación de crudo. Al final del día, su razón de ser.
La causa de esto la podemos ubicar en el largo ciclo de bajos precios del petróleo iniciados a mediados de los años ochenta; así como la voracidad fiscal de los sucesivos gobiernos de la época, obligados a atender todas las demandas sociales en una sociedad acostumbrada a que el Estado le resolviera todo; más políticas equivocadas (más bien absurdas) como el subsidio a la gasolina y los recortes a la producción acordados por la OPEP. En resumen, el Estado venezolano estaba urgido de más ingresos, en particular de su principal fuente de recursos, PDVSA, pero por ese mismo motivo, como su único accionista, no tenía dinero para capitalizarla.
Así fue como durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez se llegó a la decisión de usar el artículo 5to de la Ley de Nacionalización de veinte años atrás, que de manera prudente había dejado abierta la ventana para el regreso de las tan demonizadas compañías petroleras extranjeras, a fin darles participación en la explotación de los denominados campos marginales bajo el esquema de contratos de servicios. Lo que hizo Caldera II fue ampliar el ámbito de sus proyectos en los cuales PDVSA participaría como socia minoritaria.
Aunque cierta historiografía nacional, en particular la oficial, lo pase por alto, la verdad es que las inversiones efectuadas por las compañías extranjeras en el desarrollo de la industria petrolera a partir de los años veinte del siglo pasado, y durante las siguientes cuatros décadas, fueron el motor de la modernización del país. Venezuela pasó de ser uno de las sociedades más pobres de América a tener una de las rentas per cápita más altas del mundo, sólo por detrás de los países más ricos. Cuando esa inversión empezó a disminuir la economía venezolana comenzó a tener problemas, mientras no era capaz de generar una fuente de exportaciones alternativa como, por ejemplo, hizo México durante sus años de crisis. Los auges en los precios mundiales de oro negro de 1974-1975 (embargo petrolero árabe por la guerra del Yom Kipur) y 1979-1980 (caída del sha de Irán) lo que hicieron fue correr la arruga.
Lo mismo, pero a una escala mucho mayor, a lo ocurrido durante el último súper boom de precios (2003-2014). De modo que, como el amable lector habrá captado a estas alturas del relato, la actual élite mandante en Venezuela (es decir, la chavista) se ha metido, y con ella al país, en una situación similar a la anterior pero multiplicada varias veces en términos de empobrecimiento nacional, destrucción de su aparato productivo y en particular de una PDVSA que desde hace rato no existe.
El Partido/Estado tiene un problema similar a los gobiernos de la etapa final del antiguo régimen; está urgido de ingresos, pero a diferencia de aquellos no está ahogando a la gallina de los huevos de oro, sencillamente la mató. Esa es la lógica imperante hoy.
Por supuesto, es de rigor aclarar que esta comparación se hace sin el ánimo de ofender la memoria de los presidentes de la república civil o puntofijista, que desde todo punto de vista quedan muy por encima del actual grupo que desgobierna al país.
Pero como al parecer su destino histórico es tragarse todo lo que profirió, la élite chavista ha llegado a su propia apertura petrolera; eso sí, a su manera, a los trancazos. Bien lejos del estilo que caracterizó a las instituciones republicanas del tan vituperado régimen puntofijista donde había un Gobierno, un Congreso y una Corte de Justicia respetados por los gobiernos y empresas extranjeras, con una Constitución y unas leyes, una opinión pública donde se debatían los intereses colectivos y se denunciaba con o sin base las corrupción real o aparente en el manejo de las finanzas públicas. En un país donde unos señores demandaron judicialmente la citada apertura y que, por cierto, en su mayoría (por no decir que todos) luego dieron su bendición y colaboraron en la ruinosa política petrolera del ex presidente Hugo Chávez, para de ahí pasar a ponerse las manos en la cabeza por el monstruo que contribuyeron a crear.
Ejecutada diligentemente por Rafael Ramírez, durante la etapa de euforia del chavismo se revirtió parcialmente la apertura petrolera de los años noventa, que había permitido incrementar en 600 mil barriles al día la producción de crudo. Política que el oficialismo ha impugnado fervientemente en su retórica, calificándola de entreguista. El cambio en las condiciones y los contratos aplicado por Chávez/Ramírez llevó a que varios socios de PDVSA como Exxon y Conoco Phillips se fueran del país (con las consiguientes demandas judiciales), reemplazados con empresas rusas, chinas o vietnamitas para explotar la Faja.
En paralelo, como que si aquello no fuera suficiente, se descapitalizó la capacidad humana y tecnológica de PDVSA, mientras los nuevos socios y aliados demostraron no tener ni el capital, ni la experticia necesarias.
Como consecuencia de todas estas acciones la producción petrolera venezolana nunca llegó siquiera a alcanzar la cuota asignada por la OPEP, y mucho menos las metas anunciadas por el propio Ramírez en el Plan Siembra Petrolera de elevar los niveles de producción a 5 millones de barriles día para 2014. Durante su gestión la deuda financiera de la empresa estatal pasó de 3.720 millones de dólares a 43.384 millones, y las cuentas por pagar a proveedores de 4.313 millones de dólares a 21.404 millones. Todo eso en medio del mayor auge petrolero de la historia (insistir en este detalle no será nunca suficiente). Y mejor no mencionar los desastres ambientales, las refinerías paradas, incendiadas, mal mantenidas y peor aseguradas.
Es así como Venezuela era en 2014, cuando no había sanciones, el único exportador importante de petróleo en el mundo con problemas para pagar su deuda externa y brindarle a su población acceso adecuado a alimentos y medicinas.
De aquellos polvos a estos lodos. Como no hay mal que dure cien años, y según indica el más reciente informe de la OPEP, la producción petrolera de Venezuela superó en abril los 700.000 barriles por día (bpd) por primera vez desde 2021. Los entendidos en la materia atribuyen el desempeño a Chevron, sucesora de la mítica Standard Oil, que, con una licencia emitida por del Departamento del Tesoro estadounidense en noviembre, ha contribuido de manera sustancial (quizás única) a la recuperación general de las exportaciones de hidrocarburos del país, despachando solo el mes pasado 141.000 bpd a sus refinerías. Los milagros del capitalismo.
De paso, el nuevo ministro de Petróleo de Venezuela acaba de firmar con la italiana Eni y la española Repsol acuerdos que les permiten a éstas la exportación de líquidos de gas a los mercados internacionales. Podemos apostar que las mencionadas transnacionales han negociado de manera tal que les asegure el mayor control de esas operaciones. Después de todo, ya conocen suficiente el estilo del actual gobierno venezolano.
Todo ese proceso de negociación, que involucra a esas compañías, a los gobiernos de los países desde donde operan y a las autoridades venezolanas, se dan de manera bastante distinta a la denostada apertura petrolera de hace tres décadas. Ni siquiera desde el chavismo como movimiento político se sabe qué, cómo y con quién se negocia. Y que ni se les ocurra reclamar.
Por cierto, en las tratativas de esas negociaciones quien tiene el mango por el sartén es el gobierno de Estados Unidos. Todavía en 2016 ese país era el primer destino de las exportaciones petroleras venezolanas (aunque en bajada, ese año fueron unos 741 mil bpd) y satisfacía entonces sólo el 9% de las importaciones de la potencia del norte. Es decir, los ingresos del gobierno de Venezuela estaban en manos de Estados Unidos. Esa ha sido, y es, la gran debilidad estratégica del chavismo. En un cuarto de siglo sus dirigentes que soñaron con hacer una revolución mundial antiimperialista y anticapitalista ni siquiera esa contradicción pudieron resolver.
La serpiente se muerde la cola y la historia petrolera de Venezuela vuelve a donde empezó hace 100 años. Ya veremos si para bien o para mal.
@PedroBenitezf
