María Rodríguez (ALN).- El futuro de Claudia Patricia Díaz Guillén, quien fuera enfermera personal del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, depende de la decisión de la Audiencia Nacional de España. Este lunes se celebró en Madrid la vista sobre la extradición de Díaz que pide la Justicia venezolana por presuntos delitos de blanqueo de capitales. La defensa de la exenfermera y extesorera nacional de Venezuela tacha de “persecución política” la orden de detención. Se prevé que en una semana llegue la sentencia.
Visto para sentencia. La próxima semana se prevé que la Audiencia Nacional de España decida si extradita a Venezuela a Claudia Patricia Díaz Guillén, quien fuera enfermera personal del fallecido presidente Hugo Chávez. La Justicia venezolana la reclama por presuntos delitos de blanqueo de capitales vinculados a los Panamá Papers.
Según informa el diario Tal Cual, “Claudia Patricia Díaz Guillén es una sargento técnico de la Armada en condición de retiro, que logró escalar a través de sus conexiones hasta la Tesorería Nacional y acompañar al fallecido mandatario Hugo Chávez en la enfermedad que lo aquejó hasta su muerte”.
“Ya el fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, había advertido que su despacho iba tras las personas señaladas de corrupción y obtención ilícita de capitales descubiertas en la investigación conocida como los Panamá Papers”, agrega el diario.
Al menos una semana. Ese es el plazo que calcula, en declaraciones a periodistas, el abogado de Díaz Guillén, Ismael Oliver Romero, para que la Audiencia Nacional dé su veredicto, tras celebrarse la vista de extradición este lunes ante la sección tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional, en Madrid.
En la vista, la Fiscalía de la Audiencia Nacional apoyó la entrega en extradición a Venezuela de Díaz Guillén porque considera que se cumplen los requisitos legales. No obstante, la defensa de la enfermera tacha de “persecución política” la orden de extradición formulada por el fiscal general de Venezuela Tarek William Saab.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional apoyó la entrega en extradición a Venezuela de Díaz Guillén
El abogado Oliver Romero subrayó en la vista que “hay sospechas más que fundadas” de que se trate de una persecución política por parte del Gobierno de Venezuela y que existe una “razonable duda sobre la legalidad” de la orden de extradición.
Según insistió el letrado, esta orden de extradición se basa en una orden de detención anulada. “La orden de detención data de abril de 2016 y en septiembre de ese año un tribunal superior de Venezuela anuló dicha orden”, apuntó Oliver Romero a los periodistas.
Según detalló el abogado, la Justicia española pidió a la venezolana que confirmara la orden. Para Oliver Romero, esa petición constata que hay dudas, por lo que no considera que tenga sentido avanzar en la extradición.
La enfermera fue arrestada en abril en Madrid junto a su esposo, Adrián José Velásquez, que ejerció como jefe de seguridad de Chávez y que también está reclamado por Venezuela por los mismo delitos, según informó la agencia EFE. No obstante, la vista de este lunes se centró únicamente en la extradición de Claudia Díaz.
Tras la detención, los dos fueron puestos a disposición del juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, que tras tomarles declaración les dejó en libertad con la única medida cautelar de no abandonar Madrid mientras se decidía sobre su entrega.
A raíz del arresto del matrimonio, el letrado Oliver Romero ya emitió un comunicado en el que atribuía la reclamación a la búsqueda de “chivos expiatorios” por parte del régimen venezolano y aseguró que llevan “años perseguidos”, según recogió la agencia EFE. Declaraciones que el abogado ratificó este lunes.
