Ysrrael Camero (ALN).- El hecho de que Esquerra Republicana de Catalunya decida incorporar el tema fiscal en este momento, y que el gobierno de Pedro Sánchez haya decidido apoyarlo, se relaciona, en gran parte, con la disputa política que se cierne sobre la Comunidad de Madrid.
Dentro de los acuerdos entre el gobierno de coalición de Pedro Sánchez y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), para conseguir los votos y aprobar los Presupuestos Generales del Estado, se encuentra avanzar en la armonización fiscal entre las distintas Autonomías. Esta idea encendió las alarmas de Pablo Casado y de Isabel Díaz Ayuso, al considerarla un nuevo ataque contra la Comunidad de Madrid.
Sin embargo, otros miembros del Partido Popular no descartan discutir el tema, como señaló el mismo Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia, quien dijo que “la armonización no es mala, y no es mala a la baja”.
La batalla por la fiscalidad se vincula con el debate presupuestario, no sólo por las presiones que ERC pueda generar sobre el gobierno, sino porque los presupuestos se constituyen fundamentalmente sobre un estimado de ingresos, que depende tanto de la actividad económica como de la fiscalidad que se imponga.
Entre la competencia y la solidaridad
En el marco de la Constitución de 1978, la fiscalidad española, que paga los servicios públicos, desde la sanidad, tan tensionada durante la pandemia, hasta la educación, la seguridad ciudadana, el transporte público, la seguridad social, etc., ha sido muy descentralizada desde 1982.
A los impuestos gestionados por el Estado central se incorporan otros, como los medioambientales, los impuestos sobre patrimonios, sucesiones y donaciones, cedidos a las Comunidades Autónomas, agregando regímenes especiales en el País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra.
Los vascos gozan del concierto económico que les permite organizar su propio sistema tributario, que implica la negociación de un cupo con el gobierno central, renovado cada cinco años, aprobado por las Cortes Generales. Los navarros también disfrutan de otro régimen especial similar al vasco, regulado por convenio. Esta descentralización ha permitido a los gobiernos autonómicos manejar la política fiscal como incentivo para atraer capitales.
Alrededor de la idea de la justicia fiscal, en materia tributaria, compiten dos argumentos. El primero sostiene que cada región debe recibir aquello que aporta, lo que tradicionalmente sostenían los gobiernos conservadores catalanes. El segundo parte de la igualdad entre todos los españoles y del imperativo de la solidaridad entre los territorios, para que el sistema se ajuste también en beneficio de quienes más lo necesitan. Extremadura, Galicia, Cantabria, las Islas Canarias, entre otras comunidades, son defensoras del principio de equidad en la justicia tributaria. La presión fiscal también se vincula con la idea de proporcionalidad, que pague más aquel que genere mayor renta, y que pague menos quien tenga ingresos más bajos.
Acá entran en tensión dos políticas, por un lado la competencia entre las diferentes Autonomías por atraer a los capitales privados, que conlleva a la diferenciación, y por el otro el principio de solidaridad interterritorial que ha de cubrir a toda España, que impulsa una mayor armonización, lo que no quiere decir necesariamente uniformidad.
Entre dos polos de actividad económica: Madrid y Barcelona
En ese proceso de competencia entre autonomías, se polarizaron los modelos fiscales de Madrid y de Cataluña, siendo los madrileños quienes tienen una de las menores presiones tributarias de España, y contrastando con los catalanes, quienes han visto incrementada la carga tributaria autonómica muy por encima de la media española. Ha sido la política de reducción sistemática de tributos en Madrid, impulsada por el Partido Popular, que ha bajado los impuestos desde 2005, lo que ha generado una nueva brecha.
Acá podemos ver con claridad un nuevo conflicto entre dos grandes polos de la actividad económica en España: por un lado, la capitalidad de Madrid, frente a la mediterránea Barcelona. Esta tensión, que se repite una y otra vez, es el correlato del vaciamiento progresivo de la España del interior, de la famosa España vaciada.
Los defensores de un sistema más equilibrado han sostenido que la política madrileña ha generado un paraíso fiscal, donde las empresas y las grandes fortunas españolas van a refugiarse para minimizar, a través de la ingeniería fiscal, su aporte a las arcas públicas. Pero, bien sea porque es la Comunidad donde se genera mayor actividad económica, o bien porque su fiscalidad resulta atractiva para la mayor parte de los capitales españoles, es Madrid la que más dinero tributa al fondo común del Estado.
Este ha sido un escenario recurrente de conflicto. Desde los tiempos de Jordi Pujol eran los dirigentes catalanistas absolutamente reactivos a cualquier proceso de armonización o convergencia fiscal con las otras autonomías, prefiriendo las negociaciones bilaterales con el gobierno central. Durante mucho tiempo fue acusada Cataluña de falta de solidaridad con el resto de España, lo que implicó varios conflictos con Andalucía, por ejemplo, siendo ésta receptora neta de recursos públicos.
Cuando se iniciaron los recortes presupuestarios en Cataluña, en el marco de unas políticas de austeridad generalizadas, Artur Mas, a la sazón president catalán, sostenía que Madrid les robaba los recursos para entregarlos a otros territorios más pobres. Tras el conflicto por el Estatut, fue la disputa por una nueva conciliación fiscal y tributaria con el gobierno central, el punto previo a la deriva independentista.
Barcelona ha venido perdiendo espacio, mientras Madrid ha crecido. La incertidumbre derivada de la deriva independentista, junto con el incremento en la presión fiscal sobre las empresas, parecen haber impulsado un desplazamiento de empresas fuera de Cataluña, muchas de las cuales terminaron ubicándose en la Comunidad Autónoma de Madrid.
El momento político
El hecho de que Esquerra Republicana de Catalunya decida incorporar el tema en este momento, y que el gobierno de Pedro Sánchez haya decidido apoyarlo, se relaciona, en gran parte, con la disputa política que se cierne sobre la Comunidad de Madrid.
La respuesta de Isabel Díaz Ayuso ha sido clara, señalando que los empresarios van a Madrid, huyendo del “infierno fiscal” que existe en otras Comunidades Autónomas, poniendo énfasis en los costos de la burocracia catalana. En un sentido similar apunta la reacción de Pablo Casado, señalando el carácter inconstitucional de una armonización fiscal.
La postura de Alberto Núñez Feijóo desde Galicia apunta, primero, a una reducción general de la presión tributaria sobre los empresarios, pero también a señalar la necesidad de establecer unos márgenes, una franja, que funcionen como pauta para la política fiscal que puedan establecer las Comunidades Autónomas, para evitar un posible dumping que pudiera llegar a castigar a otros territorios.
Este es otro asunto pendiente para los grandes pactos de Estado que parece requerir España, que está en medio de otro proceso de armonización con Europa, pero con grandes dificultades para armonizarse internamente.
