Leticia Núñez (ALN).- El Congreso peruano, de mayoría opositora, aprueba investigar al fiscal general del Estado, Pablo Sánchez, por supuesta inacción en la trama de sobornos que tejió la constructora brasileña en el país. La noticia llega apenas una semana después de que Marcelo Odebrecht asegurara que el mandatario Pedro Pablo Kuczynski recibió fondos para su campaña electoral de 2011. La líder de la oposición, Keiko Fujimori, y los expresidentes Ollanta Humala, Alan García y Alejandro Toledo también están salpicados. Nadie se libra.
¿El cazador cazado? En Perú sólo faltaba que el escándalo Odebrecht salpicara a las esferas judiciales, a quienes lideran la lucha contra la corrupción, y ese día parece haber llegado. El Congreso peruano, controlado por la oposición, aprobó este lunes investigar al fiscal general del Estado, Pablo Sánchez, por supuesta inacción en la trama de sobornos que la constructora brasileña tejió en el país andino.
La comisión permanente del Congreso fijó un plazo de 15 días para investigar al fiscal, acusado por el legislador opositor Daniel Salaverry de “no tomar las acciones necesarias contra ejecutivos de empresas socias en Perú de Odebrecht”. Entre ellas, estaría Graña y Montero, la mayor constructora del país. Sin embargo, la semana pasada la Fiscalía anunció que había abierto una investigación a esta compañía en el marco de Odebrecht.
Graña y Montero, por su parte, aseguró que no había recibido ningún tipo de notificación “formal u oficial”. La constructora peruana figuró como socia minoritaria de Odebrecht en varios proyectos, como las obras de dos tramos de la carretera Interoceánica, donde la brasileña admitió haber pagado 20 millones de dólares (17 millones de euros) al expresidente peruano Alejandro Toledo.
La denuncia contra Sánchez tiene dos antecedentes. Por un lado, llega después de que el Ministerio Público reabriera hace unas semanas una investigación por supuesto lavado de activos contra el exsecretario general del partido Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, uno de los mayores financiadores de la última campaña electoral de la líder de oposición, Keiko Fujimori, tal como recoge Notimérica.
La decisión de investigar a Sánchez fue tomada con 13 votos a favor, todos de Fuerza Popular, seis en contra y dos abstenciones
De hecho, la investigación a Sánchez fue aprobada sólo con los votos de Fuerza Popular, que como publica el periódico La República, impuso nuevamente su mayoría en el Congreso. La decisión fue tomada con 13 votos a favor (todos de Fuerza Popular), seis en contra y dos abstenciones. Además, establecieron un plazo de 15 días sin debatir previamente el tema de fondo. Algo que desencadenó acusaciones de “verdadero atentado contra el equilibrio de poderes” por parte del legislador Marco Arana, del Frente Amplio.
Por su parte, el abogado del fiscal, Samuel Abad, lamentó que la Comisión Permanente del Congreso no declarara improcedente la denuncia en contra de Sánchez y dijo al Canal N: “Cuando se presenta una denuncia hay que evaluar si tiene sustento y esta no tiene sustento alguno”.
Asimismo, indicó que si los congresistas no están de acuerdo con la marcha de una indagación, sus críticas “son legítimas, pues hacen uso de su libertad de opinión. Pero de ahí a una acusación que pretende destituir al fiscal de la Nación hay una distancia gigantesca”. En su criterio, “esto no puede terminar afectando a una institución”, puesto que “el país necesita instituciones sólidas”.
Una portavoz de la Fiscalía indicó que Sánchez acudirá al Congreso cuando lo convoquen. Si la Comisión de Acusaciones Constitucionales da luz verde a la denuncia, el pleno del Congreso lo someterá a votación, lo cual podría suponer la destitución de Sánchez. Por su parte, el fiscal general indicó en un comunicado de prensa que no dejará la lucha contra la corrupción “caiga quien caiga”. Y agregó: “Como ciudadano me indigna esta prepotencia, pero tomaré las acciones legales que corresponden”.
Por otro lado, la investigación al fiscal se conoce sólo seis días después de que saliera a la luz que Marcelo Odebrecht dijo en un interrogatorio dirigido por fiscales peruanos que el mandatario de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, recibió fondos para su campaña electoral de 2011. También aseguró que el presidente fue consultor de Odebrecht tras su segunda etapa como ministro de Economía en el gobierno de Alejandro Toledo. Kuczynski lo niega todo.
A quien también se investiga por presunto blanqueo de dinero en el caso Odebrecht es a Keiko Fujimori, líder de la oposición y dos veces candidata presidencial.
Tres expresidentes bajo la lupa de la Justicia
Y es que la sombra del escándalo Odebrecht en Perú es larga. Tanto que aparecen involucrados tres expresidentes: Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala, además de la esposa de éste, Nadine Heredia. Se les señala por, presuntamente, haber recibido dinero a cambio de obras que realizó la constructora brasileña entre 2005 y 2014. La investigación es tan ardua que ha requerido dos Fiscalías.
Humala y Heredia comenzaron a mediados de julio a cumplir los 18 meses de prisión preventiva que pidió el juez Richard Concepción Carhuancho. A ambos se les investiga por la presunta recepción de tres millones de dólares (2,6 millones de euros) pagados por Odebrecht para financiar la campaña electoral de 2011 y el dinero “ilícito” procedente de Venezuela para la campaña de 2006.
García Belaúnde: “Nunca habíamos visto una compañía con un departamento de corrupción”
Mientras, Alan García, presidente de Perú de 1985 a 1990 y de 2006 a 2011, está siendo investigado por presuntos sobornos pagados por la constructora brasileña para la licitación en 2009 de la Línea 1 del Metro de Lima. Y a Toledo se le acusa de haber recibido 20 millones de dólares (18,7 millones de euros) en sobornos de Odebrecht, empresa a la que habría favorecido para las obras de una carretera que une el país con Brasil.
“Estaba todo organizado para corromper”
En una entrevista con ALnavío, el embajador de Perú en España, José Antonio García Belaúnde, calificó a Odebrecht como “un terremoto” cuyos temblores sintió toda América Latina. “Hemos estado ‘acostumbrados a ver’ casos de corrupción específicos. Lo que nunca habíamos visto es que una compañía tuviera organizado todo un departamento de corrupción con el que trabajaba a lo largo del tiempo. Estaba todo organizado para corromper y ganar licitaciones”, dijo.
García Belaúnde aseguró que por ahora el país no ha notado una disminución en el apetito inversor, pero reconoció que la trama de sobornos de Odebrecht sí “ha paralizado muchos procedimientos” y otros se han hecho más lentos. Preguntado por cómo pretende el Gobierno combatir este problema, García Belaúnde señaló que “se está trabajando en ciertos sectores que son más sensibles por la cantidad de dinero que se maneja y opciones de inversión”. Asimismo, indicó que se está reforzando tanto el sistema judicial como el fiscal.
